Redacción El País
El numeral 4 del artículo 77 de la Constitución obliga a un conjunto de funcionarios públicos, incluidos los militares en actividad, de abstenerse de cualquier actividad política salvo el voto. Esa norma habría sido violada por Guido Manini Ríos al haber participado, en 2018 y siendo aún comandante en Jefe del Ejército, en la gestión, el armado y la formalización del partido Cabildo Abierto. Eso lo reconoció el propio involucrado en el libro “Manini. Un comandante sin jefe”, del escritor Fernando Amado y que comenzó a circular este lunes tras la divulgación de fragmentos por el semanario Búsqueda. El senador ratificó ayer sus afirmaciones en esa obra, pero negó que hubiese violentado la carta magna. No fue, con todo, la única norma que pasó por alto al comenzar su carrera política. Manini Ríos oficializó su candidatura presidencial en abril de 2019, menos de un mes después de haber sido cesado por el entonces presidente Tabaré Vázquez a raíz del escándalo derivado de la difusión de las actas del tribunal de honor al represor José Gavazzo, en donde ese exmilitar confesó, según el material difundido entonces por El Observador, haber arrojado el cuerpo del militante Roberto Gomensoro al río Negro.
Al presentar su postulación, Manini incluso cuestionó duramente al mandatario por haber cesado en forma “canallesca” al entonces ministro de Defensa Jorge Menéndez al trascender la confesión de Gavazzo contenida en esas actas y la supuesta demora del jerarca en elevar el tema a la Justicia civil. Tanto su candidatura como las críticas le hubieran reportado una sanción que, seguramente, habría afectado su candidatura.
Tanto ley Orgánica Militar vigente entonces, que databa de 1974, como la que rige desde agosto de 2019, establecen que los retirados mantienen las obligaciones fundamentales que impone el estado militar hasta cuatro años después de su pase a retiro. Entre ellas, la abstención de toda actividad política, excepto el sufragio.
Sin embargo el gobierno de la época optó por recorrer otro camino basado, en parte, en cuestiones legales. Ayer en diálogo con El País el exministro José Bayardi, sucesor de Menéndez en Defensa, recordó que la Constitución en sus artículos 92 y 100 habilita a los militares en actividad a ser candidatos al Parlamento, si renuncian a sus cargos tres meses antes de las elecciones.
A juicio de Bayardi, Manini tenía todas las de ganar si era obligado a presentar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia pidiendo la inconstitucionalidad de la ley que chocaba con el precepto constitucional. Como en todo, existían dos bibliotecas. Y la decisión final fue, en parte, política. “Era pleno año electoral y no se lo quería convertir en un mártir, que era un poco lo que buscaba”, recordó otro exintegrante de Defensa. A más de cinco años de esos sucesos, Bayardi dice mantener la misma postura sobre el fondo del asunto. “Desde que llegué al ministerio sostengo que lo tendrían que haber pasado a retiro mucho antes”, señaló.
En setiembre de 2018, aún en actividad, Manini había sido sancionado por Vázquez con treinta días de arresto a rigor, la sanción más grande que ha recibido un comandante en jefe del Ejército. Fue por haber violado la Constitución con “reiteradas conductas”. Lo que colmó entonces el vaso fueron las críticas que el entonces jerarca castrense hizo en una entrevista en Océano FM al proyecto de reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, que impulsaba el gobierno del presidente frenteamplista.
Las únicas obligaciones militares que Manini mantiene hoy son “respetar y cumplir la Constitución y la ley” y el “deber de secreto profesional militar” que no podría invocar si, por ejemplo, se lo interrogara sobre violaciones a los derechos humanos.
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