PLAN DE AHORRO DEL ESTADO

El gobierno dio un paso más en su plan para reestructurar el Estado, algo que forma parte de sus planes desde que asumió hace más de dos años. En definitiva, el Poder Ejecutivo instó a los ministerios a presentar proyectos de reformulación de las estructuras organizativas y de los puestos de trabajo, y a hacerlo en un lapso no mayor al año. Así lo determinó en un decreto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con fecha 14 de junio, firmado en el marco de la Ley de Presupuesto de 2020.

En pocas palabras, el decreto establece que las carteras deberán presentar proyectos de reformulación ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Uno de los cometidos que tienen los ministerios es “proponer una lista de cargos y funciones excedentarias así como de aquellos vínculos laborales que de acuerdo con la propuesta de reestructura, se prevé discontinuar”. Y aclara: “se indicará la totalidad de las partidas presupuéstales, con independencia del grupo y objeto del gasto al que se imputan”.

El decreto también establece los criterios técnicos bajo los que se deberán hacer las reformulaciones. Uno de ellos es “simplificar las estructuras organizativas en el número y nivel de unidades organizacionales mediante la agrupación de funciones homogéneas o aquellas transversales” a la cartera, “unificando los procesos de apoyo cuando sea conveniente”. Y añade: “Las propuestas podrán suprimir, transformar, fusionar y crear nuevas unidades, así como modificar las denominaciones de las ya existentes”.

En ese sentido, señala que se deberán “identificar los requerimientos de puestos de trabajo para proyectar la correspondiente estructura necesaria para el cumplimiento de los cometidos del organismo, de forma eficaz y eficiente”.

Uno de los puntos a destacar es que, tal como lo establece la Ley de Presupuesto, en el decreto se recuerda que no puede haber incrementos en el costo de los vínculos laborales con el Estado, con la excepción del Ministerio de Ambiente (creado por esta administración).

Por otra parte, se exponen una serie de lineamientos, entre los que se incluye: “mejora en la calidad de los servicios prestados en términos de satisfacción de la ciudadanía, con foco en la pertinencia, los costos, la oportunidad y el tiempo”. En ese sentido, se busca la “optimización de los recursos y procesos para la mejor toma de decisiones eliminando aquellas actividades que no agregan valor para el ciudadano”.

Otro lineamiento es la creación de “organizaciones flexibles mediante la gestión de proyectos transversales que potencien la coordinación”. Asimismo, se quieren “aprovechar las capacidades existentes, potenciales y necesarias” para el “mejor diseño” de las estructuras.

También se quiere hacer una “identificación inequívoca de los productos o servicios finales a proporcionar a la sociedad en su conjunto, con especificación de los beneficiarios, condiciones de prestación y costos directos e indirectos asociados, basados en metas cuantificables y observables”.

El decreto explica que las medidas se tomaron considerando que hay una necesidad de que se actualicen las estructuras y los puestos de trabajo “a fin de habilitar un Estado más eficaz en su accionar regulador y prestador de servicios esenciales a la sociedad, incrementando su calidad sin aumentar sus costos”.

Los proyectos se presentarán, entonces, ante la OPP, quien después las enviará a la Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional (CARO). Asimismo, el decreto crea el Comité Ejecutivo para el Rediseño Organizativo (Cepro). Este último estará integrado por el director de OPP, la ministra de Economía y Finanzas y el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, que en este momento son Isaac Alfie, Azucena Arbeleche y Conrado Ramos, respectivamente. La oficina será la que “elevará la propuesta final al Poder Ejecutivo para su aprobación”.