Edson Fachin, presidente de la Corte de Brasil, adelanta "red de acción coordinada" con Uruguay ante crimen organizado

Luiz Edson Fachin es el actual presidente del Tribunal Supremo Federal de Brasil, cargo al que asumió en setiembre del año pasado. A nivel internacional su nombre había saltado a la fama mucho antes, cuando en marzo de 2021 anuló las condenas por corrupción contra el hoy presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De hecho, su decisión, que la defiende por su sustento técnico en esta entrevista, le permitió al histórico líder del Partido de los Trabajadores (PT) convertirse en candidato, para luego ganar por tercera vez la presidencia de su país.

El magistrado llegó la semana pasada a Uruguay para participar de un encuentro de la Red Interamericana de Jueces, en el que se debatieron temas como la democracia en América Latina —un sistema que según Edson Fachin viene siendo “erosionado”—, la actuación del sistema de justicia ante el crimen organizado —en lo que adelantó un reforzamiento de los vínculos con Uruguay— y el problema de las fake news en sociedades como la suya, cada vez más polarizada políticamente. También se refirió a distintos eventos coyunturales que atraviesan a la realidad actual de Brasil, y a cómo afecta al sistema que los últimos tres presidentes de su país hayan pasado por los tribunales.

—Su visita a Uruguay se da en el contexto de un encuentro de la Red Interamericana de Jueces. ¿Qué implica esta instancia?

—Se trata de un encuentro de Cortes Supremas, Tribunales Constitucionales y Salas Constitucionales de toda América Latina y el Caribe. Son encuentros periódicos donde se eligen temas centrales para que los presidentes de estos tribunales, o eventualmente sus magistrados representantes, discutan y formulen proposiciones. Por ejemplo, la semana pasada hubo un panel específico sobre libertad de expresión. Luego yo mismo participé en un panel sobre las cuestiones de la legitimidad democrática y la independencia del Poder Judicial; es decir, la erosión democrática y las consecuencias que esta erosión genera. Esta red tiene reuniones periódicas y también solemos mantener encuentros con el Foro de Cortes Supremas del Mercosur, reuniendo a los países del bloque y a los países asociados.

—¿Y cuáles son esos peligros para la democracia que forman parte del debate?

—En realidad, al levantar datos y evidencias de América Latina y el Caribe, pero no solo de la región, surgieron elementos concretos que muestran una cierta erosión de las culturas democráticas y de la comprensión tradicional que la democracia presentó, especialmente en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, la calidad de la democracia presentaba una relación saludable entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, elecciones seguras y periódicas, y respeto a los procesos y decisiones judiciales. Sin embargo, se observa el surgimiento de síntomas que ponen en cuestión esos elementos tradicionales debido a diversos factores, algunos internos del Poder Judicial y otros externos. Estas externalidades se refieren al trasfondo de la crisis democrática de la sociedad liberal que se consolidó en la segunda mitad del siglo XX y que comienza el siglo XXI bajo interrogación.

—¿Y cómo analiza usted esa “erosión” en las dinámicas internas del Poder Judicial?

—Justamente lo que nosotros analizamos es cómo este trasfondo se proyecta dentro del Poder Judicial. ¿Qué desafíos genera esto cuando, por ejemplo, el Legislativo o el Ejecutivo desean sobreponerse al Poder Judicial? Cuando la relación de checks and balances (equilibrio de poderes) deja de ser saludable, es un síntoma de un déficit de la calidad democrática que se traduce en un problema para el funcionamiento normal de la Justicia. Y los síntomas están presentes en muchos países.

—¿En cuáles?

—Personalmente, he estado a cargo de esta articulación en América Latina y el Caribe desde hace algunos años, realizando reuniones en países como Perú, Chile, Ecuador, Colombia y aquí en la región cercana al Mercosur. Creo que es la segunda o tercera vez que estamos en Montevideo; también estuve en Argentina con el presidente de la Corte Suprema. Existe un hilo conductor en todos los países común: la preocupación de las Cortes Supremas y tribunales con la dilución de los pilares tradicionales de la democracia liberal: la libertad, el respeto al Estado de derecho y el equilibrio entre los poderes.

—¿Qué puede hacer el Poder Judicial al respecto ante esta realidad?

—Aquí hay dos desafíos. En primer lugar, el campo de la ética judicial. Los jueces necesitan dar el ejemplo. Deben adoptar estándares de actuación y conducta que inspiren confianza y mantengan la legitimidad. La gente puede concordar o discordar de una decisión, pero lo fundamental es que, incluso discordando, la decisión sea cumplida y respetada. Por eso, el juez debe ser un emprendedor de confianza; todos los magistrados, y Brasil tiene hoy poco más de 19.000, tenemos ese deber. Este es un desafío interno, pero claro que hay desafíos externos. El Poder Judicial necesita tener su autonomía financiera preservada para no ser subserviente ni dependiente del Ejecutivo en materia de recursos. También necesita que se respeten sus decisiones; cuando un Tribunal Constitucional declara una ley inconstitucional, es fundamental que los demás poderes respeten esa decisión. Claro que el Poder Judicial debe ser modernizado, pero mecanismos como ampliar o disminuir el número de jueces de los tribunales, o cambiar su forma de composición, significan, en el fondo, una tentativa de intimidar su funcionamiento, y eso afecta la propia independencia, especialmente de los tribunales superiores.

Foto: Leonardo Mainé.

—Otro de los ejes del encuentro es la actuación del Poder Judicial en el crimen organizado. ¿Existen actualmente redes delictivas que conecten a Brasil con Uruguay?

—Estamos comenzando a tratar estos temas. He tenido un encuentro específico con la doctora Doris Morales, presidenta de la Corte Suprema de Uruguay, y algunos colegas uruguayos para tratar varios asuntos de interés para ambos poderes judiciales. Estamos en camino de pensar en una red de acción coordinada, porque Brasil enfrenta esta llaga —ya es una verdadera tragedia nacional— que son las consecuencias del crimen organizado, el cual se ha extendido de norte a sur. Está presente en regiones del Sudeste, Nordeste y en la región amazónica. Esto es muy grave porque implica tráfico de drogas, de armas y de personas, y lamentablemente agrava los efectos de la corrupción, pues agentes públicos a menudo terminan siendo cooptados por el crimen organizado.

—¿Qué es lo que se está haciendo hoy en Brasil al respecto?

—Estamos actuando en varios frentes. Una es dentro de las prisiones. Brasil tiene hoy aproximadamente 700.000 personas encarceladas y no es novedad afirmar que las organizaciones criminales nacieron dentro de los presidios ante la falta de respuestas adecuadas del Estado. El Estado debería responsabilizar a quienes cometieron delitos, pero al mismo tiempo garantizar condiciones mínimas de habitabilidad para que, al salir, la persona tuviera aptitud para reinsertarse socialmente. Lo que sucedió es que la puerta del presidio se convirtió en una especie de “puerta giratoria”: el individuo salía, no conseguía empleo, era capturado por nuevas prácticas delictivas —a menudo más graves— y regresaba en peores condiciones. Este círculo vicioso creó una red que se organizó, se complejizó y presenta ramificaciones fuera del presidio, afectando incluso sectores del sistema financiero nacional. Reconocemos que, aunque el individuo debe ser sancionado y cumplir su pena, el Estado es responsable de que, al salir, la persona tenga posibilidades de empleo y de recomponer sus lazos familiares. Por eso fue que creamos el programa “Pena Justa”, con el cual estamos actuando en los 27 estados brasileños para mejorar las condiciones de habitabilidad y fomentar la recuperación social.

—¿Cómo se trabaja con el crimen organizado fuera de las cárceles?

—Hemos compuesto una red nacional de jueces que juzgan delitos cometidos por el crimen organizado. Así es que estamos concluyendo un mapa para identificar dónde están los focos principales. Por ejemplo, constatamos que en la Amazonía hay una intersección muy grande entre el crimen organizado, la deforestación ilegal, la usurpación de tierras y la minería ilegal. Estamos eligiendo prioridades de juzgamiento para los jueces y, a la vez, buscando dar más seguridad a los magistrados que juzgan estos casos, pues la seguridad personal es un problema crítico. Por último, en las áreas de frontera, buscamos construir transnacionalmente una red articulada entre tribunales. Esto ya se está pensando, por ejemplo, en el caso del estado de Mato Grosso, de donde saldrá la ruta bioceánica que llegará hasta el Pacífico, en Chile. Allí ya se está destinando una actuación específica de la Justicia Federal para que tengamos un trabajo integrado entre jueces, Ministerio Público, Policía Federal y todas las autoridades de frontera. Los desafíos que enfrenta Brasil son grandes y, en este momento, estamos con dificultades para ganar esta batalla. Por eso necesita un esfuerzo mayor de todos los poderes de la República, ya que esto se ha convertido en inseguridad para la sociedad.

—Recurrentemente se habla en Uruguay de la presencia de algunas facciones del Primer Comando Capital (PCC). ¿Ustedes tienen pistas en cuanto a eso?

—Esta cuestión específica ha sido tratada hasta este momento más por los órganos de seguridad, como la Policía Federal. Nosotros estamos en otro nivel de articulación, que es el de los magistrados y miembros del Ministerio Público.

—¿Cree que faltan herramientas para generar un mayor nexo entre los operadores judiciales uruguayos y brasileños?

—Es fundamental avanzar en este sentido. Por parte de Brasil, y como presidente del Supremo y del Consejo Nacional de Justicia, queremos acercarnos más y de manera horizontal con todos nuestros países vecinos, especialmente Uruguay, Argentina y Paraguay, en esta primera ronda de articulaciones. ¿Por qué? Porque con estos países Brasil tiene condiciones de construir puentes como agenda de Estado. No me refiero a cuestiones circunstanciales de gobierno; el Poder Judicial no trata de cuestiones coyunturales. Nosotros componemos la estructura permanente del Estado y tenemos interés en mantener una agenda que no esté conectada a coyunturas pasajeras. Uruguay es un buen ejemplo de estabilidad política e institucional, por eso es un socio especial en estos puentes que estamos construyendo.

—En el encuentro también estuvo previsto tratar el papel de la justicia en lo que tiene que ver con la regulación de plataformas digitales. ¿Cómo afecta directamente el problema de las fake news y la desinformación en los procesos judiciales y en la confianza en los fallos de la justicia?

—Esa tal vez sea una de las cuestiones más graves que estamos enfrentando actualmente. En los 25 años que ya transcurrieron del siglo XXI, llegó una avalancha creada por las redes sociales y las plataformas digitales para la cual las estructuras tradicionales del Estado, y por consecuencia del Poder Judicial, a rigor no estaban preparadas. Hemos definido directrices fundamentales para esto. La primera es que la mala información se combate con buena información, preservando la libertad de expresión para la crítica y el disenso, pero entendiendo que la vacuna es la información veraz. Nos oponemos a cualquier tipo de censura previa o restricción ilegítima, adoptando mecanismos de compliance con las plataformas. Donde hay poder debe existir responsabilidad y lo que vale para el mundo real debe valer para el virtual. El Supremo Tribunal Federal concluyó recientemente el juicio sobre el Marco Civil de Internet, sentando que las plataformas deben ser diligentes al controlar contenido generado por terceros que traduzca manifiestamente un crimen, como el incentivo al terrorismo, trata de personas o pedofilia, haciéndose responsables junto al productor del contenido.

—¿Las diferencias tan grandes que se dieron en los últimos años en Brasil entre los bloques políticos, esta creciente polarización, ha llevado a un aumento de las noticias falsas?

—La polarización es un fenómeno casi universal, presente en Europa y América del Norte, y también en elecciones recientes en países como Perú y Colombia. En Brasil, se habla incluso de una polarización calcificada, tan enraizada que las personas pierden la capacidad de discernimiento crítico sobre la realidad, lo cual es de hecho malo. Esto se combate con más información y procesos educativos; tengo una visión optimista sobre la educación cívica para que los jóvenes aprendan a discernir el contenido adecuado del inadecuado. Además, recientemente se editó en Brasil el Estatuto de la Niñez y Adolescencia Digital para proteger a los menores en este ambiente de colmena digital.

—Días atrás, el Supremo Tribunal Federal votó una condena al diputado Eduardo Bolsonaro por un delito de coacción, al entenderse que intimidó al gobierno de Estados Unidos para forzar sanciones contra el Supremo y contra el gobierno de Lula. ¿Qué lectura jurídica puede hacer de esta situación?

—Este tipo de delito deriva de una investigación previamente conducida y una denuncia presentada por la Procuraduría General de la República. Se garantizó la legítima defensa, instaurándose la acción penal para su posterior juzgamiento. Esto es parte del funcionamiento regular del Supremo, que con la Constitución de 1988 recibió competencias muy amplias, convirtiéndose en instancia revisora de prácticamente todos los procesos que llegan al tribunal.

Foto: @FlavioBolsonaro

—La Policía Federal sospecha que el líder del PT en el Senado, Jaques Wagner, recibió un apartamento como soborno del Banco Master. Antes se supo de los vínculos de Flavio Bolsonaro con Daniel Vorcaro, protagonista del mismo escándalo. ¿Qué tanto poder tiene la Justicia en Brasil hoy, teniendo en cuenta que los principales actores políticos suelen pasar por los tribunales?

—Es un síntoma de la realidad mencionada. Al involucrar a senadores, la Constitución atribuye al Supremo la competencia para supervisar la investigación, decidir sobre la denuncia y juzgar. En el caso actual, el ministro André Mendonça es el relator y está conduciendo las investigaciones; al final, el resultado será enviado a la Procuraduría. Si esta ofrece denuncia, el Supremo decidirá si la recibe o no para instaurar la acción penal.

—¿Pero cómo afecta esto al Poder Judicial? Por ejemplo, usted en 2021 anuló todas las sentencias que había tenido el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. ¿Cómo fue tomar esa decisión y cómo lo afectó luego, puesto que es una determinación que implica introducir una cuña en el centro del debate político?

—Eso puede ocurrir, pero lo fundamental es que la decisión sea técnica y se sostenga técnicamente. Quien lee un texto puede hacer una lectura política, pero el texto debe ser técnicamente sólido. En ese caso específico, las decisiones que el Supremo Tribunal Federal venía tomando buscaban demostrar que la competencia de la 13ª Vara Federal de Curitiba, que juzgaba los delitos de la Lava Jato, no podía abarcar aquellos delitos que no tuvieran conexión directa con Petrobras. El colegiado del cual yo formaba parte, que era la Segunda Turma, definía que esa competencia no era específica de dicha vara, sino de la vara federal donde ocurrió el delito. En el caso del actual presidente, cuando se suscitó la cuestión de la competencia, apliqué el entendimiento del colegiado; se preservaron las pruebas producidas, pero se anuló el desplazamiento de la competencia hacia Curitiba y se trasladó el proceso a una vara federal de Brasilia.

Foto: AFP

—Como le decía, tanto Lula, como Dilma Rousseff y Jair Bolsonaro han pasado o están pasando por procesos judiciales, algo que en Uruguay no es para nada común. ¿Por qué cree que se da esto en Brasil?

—Puedo hablar de la situación de Brasil, aunque debo aplaudir la realidad de Uruguay. En Brasil, en estos años, hubo un incremento positivo de la atención de los órganos de control hacia la probidad administrativa y el combate a la corrupción. Esto generó un instrumental legislativo y práctico de mayor vigilancia, lo que resultó en una presencia más activa del Poder Judicial, aunque es importante aclarar que no es el Poder Judicial quien investiga, sino la policía, y quien denuncia es la Procuraduría. Al ser los ex presidentes sujetos con prerrogativa de fuero, la Constitución determina que estas demandas terminen en el Supremo Tribunal Federal y no en una vara federal local. No es ni bueno ni malo, es simplemente la constatación de que los mecanismos están funcionando dentro de los límites de las posibilidades de la República brasileña. A mi modo de ver, es posible hacer más y hacerlo mejor, pero las instituciones están funcionando.

—El ministro Alexandre de Moraes, figura central de los juicios contra Bolsonaro, también se vio envuelto en críticas tras revelarse que el bufete en el que trabajaba su señora estuvo involucrado en el caso del Banco Master. ¿Cómo golpea un escándalo de esta naturaleza la credibilidad interna del sistema judicial?

—Como mencioné, en el Supremo Tribunal Federal hay un investigador y un relator que, de manera independiente y autónoma, supervisan las investigaciones, y todo lo que sea apurado será debidamente considerado; nada de eso irá debajo de la alfombra. Si esa circunstancia existe, será llevada al conocimiento del relator, pero hasta este momento no hay por parte de la Policía o de la Procuraduría ninguna manifestación expresa en esta dirección, por lo que hay que aguardar el resultado de las investigaciones.