LA COLUMNA DE PEPEPREGUNTÓN

Hace tiempo que Petrobras anuncia que le resulta imperioso realizar recortes en su operación de distribución de gas natural en Uruguay.

Y hace tiempo que el sindicato de trabajadores del gas advierte que, si ello sucediera, el gremio tomaría el “control obrero” de esas concesiones.

Hace algunas semanas, MontevideoGas anunció finalmente que enviaría a una veintena de trabajadores al seguro de paro. Y el sindicato, una vez más, reiteró su advertencia. O los trabajadores eran reintegrados, o el gremio asumiría el “control obrero” de la empresa.

Petrobras Uruguay recurrió a la Justicia Civil. Denunció que la amenaza, reiterada, ahora tenía fecha. Y un juez hizo lo que quizá nadie esperó que hiciera. Concedió el amparo y ordenó al sindicato que se abstuviera de tomar el “control obrero” que anunciaba, por cuanto era “ilegal”.

Pero al sindicato la decisión del juez no le gustó. Anunció que evaluaría el fallo y, a la mañana siguiente, ocupó la empresa antes del amanecer y concretó su amenaza. Asumió el “control obrero” de una empresa privada.

Era un claro desacato a una orden judicial. Y era, además, una acción ilegal. Pero un sindicato la llevó a cabo de todos modos. ¿El Pit-Cnt? Apoyó al sindicato, criticó a la Justicia -por ordenar que se cumpliera la ley vigente- y algunos de sus más conspicuos dirigentes se hicieron presentes en la ocupación para manifestar su solidaridad con el gremio. También estuvieron allí el exguerrillero tupamaro Jorge Zabalza y la inefable Irma Leites.

¿Y el gobierno? A primera hora de la mañana, vaciló. Después, trató de instalar la idea de que quien debía ordenar el desalojo era el juez civil que había fallado en el caso del amparo. Finalmente, ya sin salida, pidió a la Policía que hiciera cumplir la ley. Y los uniformados llegaron al lugar, estrecharon la mano de los desacatados, y dejaron claro que no querían usar la fuerza y que esperarían pacientemente a que los ocupantes se tomaran todo el tiempo del mundo para, parsimoniosamente, emprender la retirada.

El desacato se extendió por más de doce horas. ¿Qué le pasó a los que desoyeron la orden de la Justicia? Nada. Cada quien se marchó a su casa, reivindicando su proceder. Y aquí no ha pasado nada.

Un país en el que pasa algo así, ¿es un lugar donde alguien quiera poner su dinero e invertir para generar trabajo, desarrollo y oportunidades, y -por supuesto- hacer dinero?

Cuando ya ni la Justicia puede con el desmadrado poder sindical, ¿qué nos queda?

¿Qué nos espera?

¿Qué sigue?

El país necesita inversiones. Necesita la segunda planta de UPM. Pero necesita más empresas como UPM dispuestas a apostar a Uruguay. Porque sólo así habrá trabajo. Porque sólo de esa forma habrá futuro para los uruguayos.

¿Alguien piensa que es por este camino de anarquía que vamos a tentar a esos inversores? ¿Nadie se percata que, si seguimos así, no sólo no va a venir más nadie a invertir sino que los que hoy están invirtiendo van a hacer las valijas y a irse antes de que les pase lo mismo?

¿Hay alguien dispuesto a hacer lo que hay que hacer para poner un poco de orden y hacer respetar la ley?

Ojalá. Se hace tarde.

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