ACCESO A MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO

Denuncian “inconstitucionalidad” de la ley de fármacos del presidente Tabaré Vázquez

Para el docente y titular de la Clínica de Litigio de la UdelaR, Juan Ceretta, es una ley que “si se aprueba sería inconstitucional” porque “restringe derechos consagrados en la Constitución”.

El presidente Tabaré Vázquez presentó una polémica propuesta por remedios de alto precio. Foto: Leonardo Mainé
El presidente Tabaré Vázquez presentó una polémica propuesta por remedios de alto precio. Foto: Leonardo Mainé

En caso de que el presidente electo Luis Lacalle Pou haga suyo el proyecto de ley de Tabaré Vázquez para limitar el acceso a los medicamentos de alto precio, en la Clínica de Litigio de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UdelaR) evalúan denunciar la iniciativa ante organismos internacionales o incluso promover un llamado para habilitar un plebiscito.

El País accedió ayer a parte de la iniciativa que el mandatario ya entregó a Lacalle Pou, en la que se busca interpretar el artículo 44 de la Constitución de la República, que consagra el acceso a la salud de todos los habitantes del país. En este caso, el nuevo texto señala que se le proporcionará gratuitamente los medios de prevención y atención en salud a todos los indigentes o personas “carentes de recursos suficientes”, excepto cuando las prestaciones necesarias no estén incluidas en los Programas Integrales de Salud (PIAS), catálogos de prestaciones o el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) de Salud Pública.

Para el docente y titular de la Clínica de Litigio de la UdelaR, Juan Ceretta, se trata de una ley que “si se aprueba sería inconstitucional” porque “restringe los derechos que están consagrados en la Constitución”.

El docente entiende que, de aprobarse la iniciativa legislativa, “el Estado va a asegurar que vamos a ser todos iguales frente a la salud, sí, vamos a ser todos iguales, pero respecto a los medicamentos que ponen en los formularios” de los catálogos de prestaciones del Fondo Nacional de Recursos (FNR). Ceretta anunció que, en caso de aprobarse el proyecto, primero seguirá con especial atención quiénes son los legisladores que levanten la mano para votar la modificación, dado que en 2015 con la ley de Presupuesto, el Partido Nacional no acompañó una propuesta similar enviada por el Frente Amplio.

Ceretta anunció que, en segundo lugar, presentaría un recurso de inconstitucionalidad de la ley ante la Suprema Corte de Justicia y que, en caso de no prosperar, estaría dispuesto a concurrir ante organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Pero el abogado no se conforma. En diálogo con El País, anunció que si no prospera ninguna de las anteriores iniciativas estaría dispuesto a promover un llamado a plebiscito.

"No corresponde".

Para el constitucionalista Martín Risso, el enfoque general planteado en el proyecto no es el que corresponde porque mientras que Vázquez piensa en “defender al FNR porque corre peligro económico”, la Constitución busca “defender que las personas que no pueden pagar un tratamiento médico, lo tengan que recibir gratis”.

Risso denunció que, si bien Vázquez “tiene razón”, “nadie ha hecho un estudio serio sobre cuánto sería el costo de estos medicamentos de alto precio, estamos hablando de cifras que si se ponen en el presupuesto nacional son ridículas”, acotó.

Vázquez elaboró dos proyectos de ley que envió al presidente electo, sugiriéndole su aprobación a partir del 1° de marzo. Por un lado, la normativa que busca restringir los medicamentos que son financiados a pacientes que no pueden acceder a los mismos y por otro lado un proyecto que promueve la protección del agua potable de la cuenca del río Santa Lucía con la construcción de una nueva represa y una planta de tratamiento de lodos residuales.

Crecen juicios al Estado por no acceder a los fármacos

Cada año aumenta la cantidad de juicios que se entablan contra el Estado para que financien los medicamentos o artículos quirúrgicos de alto costo. De acuerdo a las estadísticas del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UdelaR) a las que accedió El País, en 2016 se realizaron 56 demandas; en 2017 fueron 117 juicios; en 2018, 221 y 353 en 2019.

Según cifras oficiales, en 2005 se destinaban U$S 300.000 al Fondo Nacional de Recursos (FNR) y hoy se destinan casi U$S 3 millones. Pero “si esto sigue creciendo de la manera en que sigue creciendo, llegará un momento en que no podrá ser financiado y se perderá la herramienta”, dijo el presidente Tabaré Vázquez el lunes pasado en conferencia de prensa en la residencia de Suárez, tras anunciar el proyecto.

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