LA TRANSICIÓN

Se la conoció en todo el mundo como “el agua de Querétaro” y a principios de la década de 1990 miles de personas llegaban cada día al pueblo de Tlacote, en México, por sus supuestos poderes curativos.

Se decía que esa agua que salía de un manantial curaba diferentes tipos de cáncer y el sida, entre otras enfermedades. Aquel pueblo luce hoy abandonado, ya nadie cree en los poderes curativos y todo es parte de una anécdota que ayer recordó el presidente Tabaré Vázquez para justificar por qué es hora de aprobar una ley que limite el presupuesto creciente que se destina al Fondo Nacional de Recursos (FNR).

La idea es excluir de las vacunas o medicamentos de alto costo financiados por el FNR aquellos que, entre otras razones, no estén incluidos en los programas integrales de salud, en el catálogo de prestaciones y el formulario terapéutico aprobados por el MSP. Tampoco aquellos que sean recetados para atender patologías ajenas a las previstas en esos programas. Esto puede ser porque “no se justifican desde el punto de vista médico” y “hay otros procedimientos mejores”, indicó.

“Yo sé bien cómo sufre la familia o el propio enfermo de no encontrar una solución científica, eso es muy humano”, dijo ayer Vázquez en la Residencia de Suárez, acompañado por el secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma y el prosecretario Juan Andrés Roballo.

Y agregó: “En otros momentos se buscó en el agua de Querétaro, en la crotoxina y en otros procedimientos milagrosos”. También lo acompañaban referentes en dos temas en los cuales estuvo trabajando en las últimas semanas: el mencionado acceso a los medicamentos de alto costo y la contaminación de la cuenca del Santa Lucía.

Vázquez elaboró junto a sus asesores dos proyectos de ley que envió al presidente electo Luis Lacalle Pou, sugiriéndole su aprobación a partir del 1° de marzo. Hubo dos conversaciones: una en el viaje a Buenos Aires y otra posterior por teléfono. Lacalle quedó en estudiar los textos y responder.

De hecho, desde Costa Rica (donde está de vacaciones) tuiteó que recibió “con gusto” el planteo y que los temas son “bien importantes”. Agregó que cada asunto “será estudiado detenidamente” y que valora el aporte de los distintos partidos y dirigentes.

¿Por qué ir ahora con este cambio en el tema de los medicamentos de alto costo? “Todo tiene un tiempo en la historia, lo dicen las sagradas escrituras. Hay un tiempo para reír y otro para llorar”, dijo Vázquez. Y agregó que hoy si la Justicia “dice que hay que dar la medicación, se da, pero en un futuro inmediato” no sabe “si se podrá soportar la carga económica”. Desde el gobierno se considera que, si se aprobara este proyecto, las chances de ir a un juicio y ganarlo en casos que queden por fuera de lo dispuesto allí, “tienden a cero”.

Según las cifras oficiales, en 2005 se destinaban 300.000 dólares al FNR y hoy se destinan casi tres millones de dólares. Pero “si esto sigue creciendo de la manera en que sigue creciendo, llegará un momento en que no podrá ser financiado y se perderá la herramienta”, indicó.

A nivel político y jurídico ayer hubo sorpresa por el planteo y algunas críticas. El abogado Juan Ceretta, del Consultorio Jurídico de UdelaR, dijo a El País que “parece que quieren tomar alguna medida para que no se sigan haciendo juicios o no cumplir con la sentencia”. Eso sería “socavar el sistema democrático” y “es lo más parecido a una dictadura”.

En declaraciones a Telenoche, el constitucionalista Martín Risso puso reparos al proyecto de ley presentado por Vázquez, pero su colega Ruben Correa Freitas (catedrático en derecho constitucional) dijo a El País que es imposible decir si la propuesta es inconstitucional sin hacer antes un estudio a fondo del tema.

El diputado blanco Martín Lema dijo a El País que los procedimientos que financia el FNR siempre “deben tener aval médico y evidencia científica”. El colorado Conrado Rodríguez tuiteó que parece que el gobierno quiere “limitar más” el acceso a los medicamentos. 

"Hoy las familias van a la Justicia”

“Enterados que existen procedimientos especiales, el enfermo o su familia lo solicitan”, admitió el presidente Tabaré Vázquez.

“Pero a veces no están incluidos en los protocolos o en lo que recomienda la cátedra. No son adecuados, no están indicados para esa patología, las complicaciones son peores que las que trae la enfermedad o hay otros procedimientos más efectivos. A veces prolongan la vida de un enfermo una semana, con mala calidad. Las familias recurren a la Justicia, que por razones humanitarias da la medicación. A veces las razones humanitarias no son tan humanitarias y es más humanitario no darla”.

“Lo que afirmó Vázquez es falso”

“El 99% de los juicios que se hacen son por medicamentos recomendados por las cátedras. Lo que dijo Vázquez es falso”, dijo a El País el abogado Juan Ceretta del Consultorio Jurídico de la UdelaR.

“Hemos visto a ministros y esposas de ministros recibiendo los medicamentos más caros que hay, pagos por ellos o haciendo recursos de amparo. Queremos que los pobres accedan a lo mismo. En derechos fundamentales no debería haber diferencias entre quienes tienen plata y quienes no la tienen. No es justo que alguien viva menos porque nació en un hogar más humilde”.

El plan para el Santa Lucía sale U$S 150 millones

El presidente Tabaré Vázquez delegará a su sucesor, Luis Lacalle Pou, un plan de obras para proteger la cuenca del río Santa Lucía que está estimado en U$S 150 millones. Ayer en una conferencia de prensa, Vázquez anunció que envió al blanco una propuesta para mejorar la calidad del agua potable de la cuenca, principal reservorio hídrico de todo el país.

En su pedido, el mandatario contempla un proyecto para el tratamiento de los lodos residuales para mejorar la calidad del agua del río y la construcción de una nueva represa en el arroyo Casupá (Florida). Vázquez anunció que la inversión por ambas iniciativas está estimada en U$S 150 millones (U$S 100 millones por la represa y casi U$S 50 por las obras del tratamiento de los lodos).

Al igual que en el tema de los medicamentos de alto precio, Vázquez elaboró un proyecto de ley que entregó al próximo gobierno para que sea quien decida sobre su futuro. El mismo faculta al Poder Ejecutivo a asignar del Presupuesto con cargo a Rentas Generales los créditos necesarios para dar cumplimiento a medidas de segunda generación incluidas en el plan de acción de la cuenca.

Básicamente se trata de tres medidas: asegurar el suministro del área metropolitana, la construcción de nuevas capacidades de reserva de agua en la cuenca del arroyo Casupá y la implementación de una solución definitiva para el manejo y disposición de lodos.

Por su parte, el alcalde de Aguas Corrientes, Álvaro Alfonso, dijo a El País que se “convenció” al mandatario de que el cuidado de la calidad del agua potable “es un problema muy importante”. Añadió que hace nueve años que vienen bregando en este tema, desde el 13 de julio de 2010. “Es bueno que lo reconozca el gobierno, aunque es tarde”, enfatizó el alcalde tras el anuncio.

El informe fue elaborado por un equipo que formó el propio presidente y que viene trabajando en el tema desde junio, entre quienes se encuentran alcaldes, e integrantes del Ejecutivo como los ministros Enzo Benech, de Ganadería; Eneida de León, de Vivienda y Olga Otegui, interina de Industria. También el titular de OSE, Milton Machado, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, el concejal Carlos Fulco y el capitán Juan Acosta.