Redacción El País
Diálogo. Una palabra que se repite 26 veces en las bases programáticas del Frente Amplio (FA) que, si triunfa en las elecciones nacionales, dice estar dispuesto a promover al menos 15 ámbitos de discusión pública en su próxima administración.

Seis de ellos aparecen en las prioridades que la izquierda definió para su máxima difusión. El más publicitado es el “amplio, democrático y genuino” diálogo social en procura de “los mayores acuerdos posibles” para reformar el sistema de seguridad social, que ayuden a revertir los “aspectos regresivos y negativos” de la ley vigente.

El punto de partida allí será revisar la forma en que hoy se financia el sistema, bajo la premisa de que “aporten más los que tienen más”. Un diálogo que, de todas formas, nacerá condicionado si prospera la reforma constitucional impulsada por el Pit-Cnt ya que la discusión deberá ser sobre la base de que la edad mínima para jubilarse será 60 años, que las jubilaciones mínimas estarán atadas al salario mínimo nacional y que ya no existirá un régimen de ahorro individual. Fuera de eso, el FA está dispuesto a promover una política exterior “de Estado”, construida a través de un “diálogo democrático, inclusivo y participativo” de toda la sociedad. Como puntapié para la discusión se propone la participación de Uruguay promoviendo el diálogo político y la paz a nivel internacional, alentando una “efectiva y necesaria reforma” del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como premisa, este “diálogo” apunta a que el país sea “articulador” en todos los procesos de integración regional, promoviendo acciones comunes y fortalecimiento al Mercosur como “primer bloque” de integración. Vinculado a esto, se pide una “política estratégica de fronteras”.

Foto: Archivo El País

Las bases programáticas incluyen la convocatoria a un “gran diálogo por el agua”, con una mirada puesta “en el largo plazo” que, según se indicó, “suprima definitivamente la posibilidad de lucro” en el abastecimiento para consumo humano.

Además de la priorización del proyecto Casupá y otros complementarios, se planteó reglamentar un artículo de la ley rectora -aprobada en 2009- integrando aspectos que inhiban asimetrías entre actores sociales y productivos.

El FA está dispuesto a promover otro “diálogo nacional” para analizar “impactos y alternativas” sobre la exploración y extracción de fuentes de energía fósil. La apuesta es a la generalización del uso de energías renovables, la descarbonización de la economía y el transporte y la transformación de las pautas de consumo, con énfasis en la recuperación y el reciclaje.

Por otra parte, la coalición de izquierda dice estar dispuesta a habilitar un “ámbito de diálogo permanente” sobre las políticas públicas de seguridad y convivencia, con la participación del sistema político, la academia y la sociedad civil. Esto estaría vinculado, se indicó, a ámbitos locales de convivencia y seguridad cuyo eje sea la participación ciudadana.

En materia de inversión pública, el “diálogo” sería a nivel regional, para así definir su radicación de manera que sea complementaria a la inversión privada, fomentando así la integración y la cohesión, tanto a nivel nacional como con los países fronterizos.

Se propuso también “orientar y regular” la localización de actividades económicas. Unas de las claves allí será un “Plan Nacional de Desarrollo” que potencie la producción familiar.

Se planteó “caracterizar a las nuevas ruralidades” para asumir, en términos de integración, el abordaje de los servicios e infraestructura en condiciones equiparables al medio urbano.

Las bases programáticas del FA ponen el foco en otras áreas. Se promoverá un diálogo que apunte a políticas focalizadas relacionadas con la discapacidad, y otro que fortalezca el sistema de atención a personas que viven en la calle.