Redacción El País
Cristina Lustemberg será la ministra de Salud Pública desde el 1° de marzo, cuando asuma el gobierno frenteamplista de Yamandú Orsi, según señalaron a El País fuentes cercanas al candidato y a la diputada.

Durante la campaña, Lustemberg, que fue subsecretaria del Ministerio de Salud Pública (MSP) en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, ha insistido con la idea de llevar a cabo una segunda reforma del sistema de salud.

En entrevista con El País, a fines de noviembre, la reconocida pediatra, diputada y senadora electa en las últimas elecciones, indicó a El País que el Frente Amplio buscaría que el pago de tasas moderadoras (ticket y órdenes) en las mutualistas sea “de acuerdo al nivel de ingresos" de los usuarios.

Dichas tasas moderadoras suponen un tope del precio máximo por estudios y medicamentos, fijado por decreto. Esto implica un aporte extra del usuario o costo de bolsillo, más allá del salarial que se hace al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), corazón del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), que activó el Frente Amplio desde 2008.

Había adelantado, además, que la baja en los tiempos de espera, que genera críticas en usuarios de todo el sistema, tanto público como privado, es uno de los puntos que mirarían “desde el primer día de gobierno”.

Con el fin de revertir las demoras en consultas médicas, trabajarán en un plan con “estrategias de gestión clínica” y “organización del sistema” para que los tiempos de espera, regulados por el decreto 359/007, sean “adecuados”, añadió Lustemberg el 21 de noviembre a El País.

Otro aspecto clave que Lustemberg también ha insistido desde hace un año atrás es en la necesidad de ajustar el cálculo de la cápita, el pago por usuario que reciben las mutualistas, que al día de hoy sigue con una paramétrica del año 2011, tomando en cuenta el sexo y edad del paciente.

La lógica de la exjerarca y legisladora es que se deben incluir otros parámetros, como las comorbilidades del paciente, y tomar en cuenta la cifra de afiliados envejecidos, lo que implicaría, sí, “pagos diferenciales” a las mutualistas.

Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Y todo esto, además, ocurre en un contexto en que Casmu, la tercera mutualista con más afiliados del país, atraviesa una "grave crisis financiera", lo que derivó en un salvataje de US$ 56 millones y en la intervención estatal, sin desplazamiento de autoridades, de la institución desde el 29 de julio, algo que las autoridades actuales no prevén modificar.

El País consultó a varios legisladores y fuentes políticas del Frente Amplio sobre qué se prevé hacer con Casmu, quienes prefirieron no brindar opinión. Lo cierto es que el fantasma de Casa de Galicia, cerrada por la Justicia en diciembre de 2021, con juicios incluidos a la anterior directiva, sobrevuela, y preocupa en todo el sector.

Más allá de la situación delicada de Casmu, y recientemente Cudam, en un contexto que 10 de unos 40 prestadores de salud tuvieron déficit el año pasado, lo cierto es que siguió aumentando el déficit del Fonasa, llegando a una cifra récord de US$ 821 millones en 2023.

A esta fragilidad del sistema, cuestionado por fallas en la cobertura y altos costos, que depende para subsistir una inyección extra de Rentas Generales del equivalente al 25% de su presupuesto, se suma que todas las mutualistas acumulan un pasivo que trepa a US$ 1.100 millones.

Y esta cifra parece compleja de revertir, en un contexto de baja natalidad, más esperanza de vida, y una inclusión tardía de pasivos y jubilados al Fonasa, que dejó a varias instituciones con un resultado económico negativo. Sobre todo porque con una población envejecida cada más creciente en el esquema uruguayo, los aportes al Fonasa que realizan no llegan a cubrir la cobertura de salud de pacientes más complejos.

Vinculado a la cobertura de salud, Lustemberg también ha planteado la necesidad de "fonasear" al principal prestador de salud del país, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Esto es brindar una cápita por usuario por afiliado, para llegar a “un presupuesto adecuado”.

A setiembre de 2024, último dato oficial disponible, ASSE concentraba 573.971 usuarios Fonasa, es decir, que destinan un porcentaje de su salario para recibir su cobertura de salud; así como también 897.282 usuarios no Fonasa, que reciben todas las prestaciones sin realizar aportes.

Vinculado con ASSE, otro aspecto que ha estado en el debate público es el acceso a los medicamentos. Lo que se ha cuestionado desde el Frente Amplio y otros ámbitos es que el prestador, que se financia hoy por Presupuesto Nacional y recibe unos US$ 110 millones anuales solo para medicamentos, y tenga problemas de stock en varios puntos del territorio, siendo la institución de salud que más gasta en fármacos por su volumen de compra.

En tal sentido, la ministra designada de Salud Pública reconoció a El País hace tres semanas que creció el monto de ASSE en este período de gobierno, pero cuestionó un supuesto uso “ineficiente”, porque se suelen comprar medicamentos e insumos por “compra directa”, a precios “diferentes”.

El enfoque de Lustemberg en salud no solo viene del último período de gobierno frentista, sino que se abocó a ello en este período legislativo, especialmente junto a la también diputada opositora Lucía Etcheverry, pero también inició movimientos con actores del sistema en función de hacer cambios al SNIS.

De hecho, la próxima ministra de Salud y Orsi reunieron el 21 de noviembre de 2023 a jerarcas de las mutualistas, laboratorios y sindicalistas en el Centro Gallego, para iniciar un proceso de diálogo de cambiar el sistema de salud que como han indicado desde el ámbito mutual y sindical está "tensionado".

Lo cierto es que Lustemberg no solo ha encabezado el diseño de una segunda reforma del SNIS, sino que al final de este período parlamentario logró aprobar con el apoyo de todos los partidos un proyecto de ley para reorganizar las políticas públicas dirigidas a infancia y adolescencia.

En palabras de la jerarca entrante, dicho proyecto crea "un mecanismo para optimizar la gestión del presupuesto público mediante una mejor planificación y monitoreo" para que cada recurso "sea utilizado de manera eficiente, integral e integrada".

En este sentido, la diputada aseguró que esta nueva normativa no requerirá de "la creación de nuevos presupuestos, instituciones, ni recursos adicionales" sino más bien de una "mejor asignación y control de los recursos ya existentes".