PARLAMENTO

Regularán el uso de fondos públicos en el derecho privado.

Desde 2015, cuando asumió la segunda Administración del presidente Tabaré Vázquez, las empresas asociadas con el Estado que manejan fondos públicos, pero se regulan por el derecho privado, han estado bajo la lupa.

Ahora se ha pisado el acelerador buscando alguna clase de regulación. Y a esos efectos se han presentado varios proyectos de ley por parte de legisladores de todos los partidos, e incluso el Poder Ejecutivo lo ha intentado con disposiciones de la Rendición de Cuentas de 2015, desglosadas de ella pero nunca sancionadas.

Pero el tema ha recobrado actualidad, particularmente a partir del estudio de empresas de ese tipo que se hizo en la comisión investigadora del Senado sobre Ancap y las posteriores investigaciones y actuaciones de la Justicia, admitió a El País el diputado Nicolás Olivera (Alianza Nacional), que preside una comisión especial del Parlamento para legislar, informar y asesorar en la gestión del patrimonio público bajo figuras asociativas de derecho privado.

Ahora se le va a hincar el diente en especial a las sociedades anónimas con participación del Estado y los fideicomisos, según se manejó en la última reunión de la comisión legislativa. "Creo que deberíamos apuntar a regular ese tipo de empresas", sostuvo Olivera, según la versión taquigráfica de la reunión, a la que accedió El País.

Uno de los elementos que se quiere atender es la unificación de las normas que rigen para estas sociedades que manejan recursos públicos. Según explicó el legislador nacionalista se debería discutir, por ejemplo, si las personas que están afectadas al trabajo de estas sociedades anónimas son trabajadores públicos o privados. "En algunos casos, de acuerdo a lo que establece la ley 17.060, los directivos tienen la obligación de presentar declaraciones juradas. Otra ley los hace responsables por cuestiones tributarias, pero ninguna normativa los hace responsables por derivaciones penales en el manejo de fondos públicos", sostuvo Olivera, a la luz de lo que sucedió recientemente con Ancap y sus sociedades.

Para el legislador "el punto de partida básico es saber que estamos hablando de fondos públicos. No sé si en el Tribunal de Cuentas hay discusiones, pero sí sé que hay posiciones diversas en cuanto a si se trata o no de fondos públicos. De hecho, el Tribunal no interviene en este tipo de cosas".

Recordó además que existe la figura del fideicomiso público, que también trabaja con fondos públicos y se maneja en el derecho privado.

Para Olivera en lo que tiene que ver con las sociedades anónimas del Estado, "una cuestión básica es ver cómo se crean, quiénes participan en su creación, quiénes se enteran de su creación y a quién hay que dar cuenta".

Olivera planteó en la comisión que hay que considerar el régimen de contratación de personal. "Debemos buscar un punto medio: debemos regular y no poner obstáculos", propuso. "Los principios de contratación previstos en el Tocaf deberían estar presentes en el proyecto de ley que pretendamos sancionar, ya que tienen que ver con la transparencia, la igualdad de los oferentes y los procesos competitivos", propuso el legislador.

Asimismo sugirió revisar los topes retributivos del personal que ingresa. "Si bien eso está considerado en una ley específica, creo que deberíamos dictar normas con respecto al ingreso de personal. Por ejemplo, en los doce meses previos a las elecciones no puede ingresar personal a la Administración Pública, pero esa norma no rige para las sociedades anónimas. Por lo tanto, por vía oblicua y con dineros públicos, se podría vulnerar esa prohibición", advirtió Olivera.

Para el legislador nacionalista en un proyecto de esta naturaleza "deberíamos definir qué tipo de control debe ejercer el Tribunal de Cuentas, si debe ser anterior o posterior al gasto".

Olivera dijo que se pondrá el acento en el control parlamentario que tendrán estas sociedades, principalmente a raíz de que los últimos organismos que se han creado fueron ubicados en la órbita de la Presidencia, con lo cual eluden el contralor parlamentario como no ocurre con el resto del Estado.

Propuso convocar en primer lugar a la comisión especial a Ancap, UTE, Antel y a la Corporación Nacional para el Desarrollo, no para indagarlas sobre las sociedades anónimas que giran en torno a ellas, sino para recibir información sobre cómo funcionan.

En la reunión, los diputados frenteamplistas Lilián Galán y Felipe Carballo propusieron extender la invitación al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.