A LA ESPERA DE LA MEGAINVERSIÓN

La habilitación permitirá a la empresa explotar la producción y venta de pulpa de celulosa y papel.

Las autoridades le siguen haciendo guiños administrativos a la finlandesa UPM para que definitivamente resuelva la instalación de su segunda planta. Ahora el gobierno dio el aval a una zona franca en Pueblo Centenario en Durazno.

De acuerdo a una resolución a la que accedió El País, el Poder Ejecutivo autorizó a la empresa a explotar la zona franca para la producción de pulpa de celulosa, papel y energía.

La autorización también la habilita a almacenar y comercializar materia prima y otros insumos. La zona franca comprenderá un predio de 350 hectáreas, y se ubicará en la zona suburbana de Pueblo Centenario.

La finlandesa pretende trasladar desde allí la producción de celulosa a Paso de los Toros (Tacuarembó), desde donde la enviará al puerto de Montevideo a través del Ferrocarril Central.

Esta iniciativa ya cuenta con la habilitación ambiental de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) por lo que en breve comenzará a ejecutarse la fase de expropiación de viviendas en parte del tramo de las vías férreas. La empresa pretende invertir en el proyecto US$ 62.350.000 que se dividen en las obras de infraestructura básica y la conexión eléctrica e intercambiador vial.

La empresa finlandesa dispondrá de 30 años para la explotación de la zona franca.

Según la resolución del Poder Ejecutivo, el plazo mencionado entrará en vigencia a partir de la finalización de la construcción de la planta de celulosa “constatada por la Asesoría Técnica del Área Zonas Francas”.

Sin embargo, si bien la empresa deberá pagar un canon al Estado, el acuerdo se puede romper, siempre que el Poder Ejecutivo detecte que se incumple alguna de las condiciones ya firmadas.

A partir de ahora y hasta que comiencen efectivamente las operaciones de su eventual segunda planta en territorio uruguayo, UPM deberá pagar un canon anual de US$ 1.050.000; cuando empiece a operar y produzca hasta dos millones de toneladas el pago será de US$ 2,1 millones y a partir de que produzca más de dos millones de toneladas será de US$ 3,5 millones.

El gobierno elaboró un informe que calcula que la inversión de UPM incrementará en un escenario promedio las exportaciones anuales del país en US$ 1.155 millones -que se pueden traducir en una recaudación adicional para el Estado de US$ 120 millones- y generará cuando esté en construcción unos 8.000 puestos de trabajo estables.

En cuanto a las exportaciones, se elaboraron tres escenarios asumiendo un precio para la tonelada de celulosa de entre US$ 500 y US$ 600 y una capacidad de producción de la planta de entre 2 millones anuales y 2,3 millones anuales.

En principio se espera que la planta tenga una capacidad anual de producción de 2,1 millones de toneladas ampliable hasta en un 11%.

Las exportaciones anuales oscilarían entre US$ 1.000 millones y US$ 1.380 millones y el promedio sería de US$ 1.155 millones. En los últimos seis años las exportaciones de UPM se realizaron a un promedio de entre US$ 500 y US$ 600 por tonelada. El informe enfatiza que el proyecto, que comenzaría a construirse el año próximo, dinamizará una zona deprimida del país.

El trabajo indica también que los empleos directos e indirectos que generará el proyecto serán de calidad.

La planta tendrá una capacidad de producción de dos millones de toneladas anuales y será más grande que las dos existentes en Uruguay. En caso de construirse, demandará al menos dos años de obras, por lo que es imposible que se inaugure durante el actual período de gobierno.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) sigue analizando la solicitud de los vecinos de Sarandí Grande en Florida para que el tren que utilizará UPM no pase por allí, confirmaron a El País. La secretaría de Estado evalúa ahora hacer un bypass para que el proyecto del ferrocarril no afecte a los vecinos que rechazan las obras, dado el potencial impacto que pueda tener el paso del tren por la ciudad.