REUNIÓN

Una delegación de diputados de la coalición se reunió este lunes con la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en la sede del Poder Judicial para tratar el tema del posible cierre y posterior suspensión de la medida de los 20 juzgados de Paz en el interior del país. Según supo El País, tras el encuentro quedó el "compromiso" de buscar soluciones a este tema.

El diputado colorado Conrado Rodríguez, que participó de la reunión, indicó a El País que desde la corporación se les dijo que los recursos necesarios para que se mantengan todas las sedes serían $ 14 millones. Además, se les manifestó que cuatro de los 20 juzgados podrían ser suprimidos, ya que no tienen jueces titulares. Se trata de los de Castillos, Nueva Helvecia, Villa Rodríguez y Sauce.

Los diputados solicitaron a la SCJ un detalle "lo más exhaustivo posible" de los recursos que insumen cada una de las 20 sedes. Una vez cuenten con esta información, se elevará a la Cámara de Senadores, donde se discute la Rendición de Cuentas, y al Ministerio de Economía (MEF).

No se descarta una nueva reunión en bloque de la coalición.

La supresión de alguno de estos juzgados puede implicar que las personas se deban trasladar "hasta 40 km".

La decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del 12 de agosto pasado de suprimir a partir del 1° de octubre 20 juzgados de Paz en 12 departamentos del interior había despertado el rechazo de numerosos legisladores blancos, del sindicato de funcionarios judiciales, del Colegio de Abogados del Uruguay y otros operadores del área que exigen que esa corporación dé marcha atrás con la resolución.

La medida se debía, según la Acordada número 8119 del máximo organismo judicial, a una reorganización de los territorios jurisdiccionales con el propósito de mejorar la distribución de los recursos tanto humanos, como materiales y presupuestales de los que dispone.

Sin embargo, las diversas reacciones generaron que la SCJ decidiera suspender la resolución. No obstante, la corporación deberá conseguir los recursos necesarios para mantener en funcionamiento las sedes cuyo traslado se había dispuesto en los departamentos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres.

Hoy, de acuerdo a las fuentes consultadas por El País, la Suprema Cortecorporación no está actualmente en condiciones económicas como para que las 20 oficinas en cuestión puedan continuar operando en edificios propios.