DECISIÓN

Suprema Corte de Justicia dejó sin efecto el cierre de juzgados en el interior

La medida, que se había resuelto por estrictos motivos económicos, había generado un rechazo generalizado en el sistema política y asociaciones civiles

Sede de la Suprema Corte de Justicia. Foto: Gerardo Pérez
Sede de la Suprema Corte de Justicia. Foto: Archivo.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió suspender la resolución del 12 de agosto por la cual se había dispuesto el cierre de 20 juzgados de Paz en el interior del país, y que generó un rechazo generalizado por parte de legisladores blancos y asociaciones civiles.

La corporación emitió una nueva resolución que suspende la anterior medida. No obstante, la SCJ deberá conseguir los recursos necesarios para mantener en funcionamiento las sedes cuyo traslado se había dispuesto en los departamentos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres.

Lo que la Suprema Corte pretendió llevar adelante con la acordada 8119 era una reorganización de los territorios jurisdiccionales, con la finalidad de optimizar la distribución de los recursos humanos, materiales y presupuestales. De acuerdo a las fuentes consultadas por El País, la corporación no está actualmente en condiciones económicas como para que las 20 oficinas en cuestión puedan continuar operando en edificios propios.

El costo aproximado de mantener abiertas las oficinas es de $ 13 millones, aseguraron, y ahora el organismo trasladará el problema del financiamiento al sistema político, para que se busquen soluciones.

En contra de la decisión que ahora se anula se habían manifestado el senador blanco Sergio Botana —oriundo y exintendente de Cerro Largo— y los diputados también nacionalistas Diego Echeverría (Maldonado) y Mario Colman (Colonia).

Los representantes habían pedido que los ministros de la SCJ comparecieran en forma urgente al Parlamento. “Entendemos que eso sería un retroceso para el funcionamiento de la Justicia en el departamento, complicando a los profesionales, funcionarios y a los usuarios” dijo por ejemplo Echeverría.

Botana, por su parte, había dicho a la prensa que “quienes toman estas decisiones no están en el Uruguay y no entienden lo importante que es la existencia de los juzgados de Paz en el interior profundo”.

Suspenden convocatoria de Suprema Corte al Parlamento

La Agrupación Parlamentaria del Partido Nacional informó este lunes que tras la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia respecto a suspender el cierre de una veintena de Juzgados de Paz en el interior del país (Acordada Nº 8119) resolvió dejar sin efecto las convocatorias a las autoridades de la Suprema Corte de Justicia a las comisiones de Constitución de ambas cámaras, que se habían anunciado.

El comunicado emitido por la agrupación indica que valoran positivamente la reciente decisión de suspender la entrada en vigencia de la Acordada Nº 8119 y reafirman "la necesidad de mantener abiertas la mayor cantidad de sedes judiciales, por entender que el acceso a la justicia, en este caso, en virtud de razones geográficas, constituye una garantía para la protección de derechos, y acciones como las incluidas en la Acordada Nº 8119 atentan directamente contra esta finalidad".

Por otra parte, indica que solicitarán entrevista, "en estricto respeto al principio de separación de poderes, a la Suprema Corte de Justicia, encomendando a una delegación de representantes nacionales las conversaciones con las máximas autoridades del Poder Judicial". A esos representantes se les encomendará también que entablen conversaciones con las autoridades de la Asociación de Funcionarios Judiciales, la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay y el Colegio de Abogados del Uruguay, "a efectos de tener una visión global de la problemática".

El Colegio de Abogados del Uruguay fue otro de los actores que se opusieron a la medida. Mediante una carta dirigida a la Corte manifestaron “su sorpresa” por una decisión que a su criterio “produce un fuerte impacto" en su profesión y en el acceso a la Justicia, y pidieron también una reunión virtual con los ministros.

El presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, Pablo Elizalde, afirmó a radio Montecarlo que “se realizan cambios que afectan la vida funcional de los trabajadores, sin consulta a los involucrados ni al gremio que los representa”, y que el gremio no encontraba “razones más que aquellas de índole económico, ya que no se tiene en cuenta si las sedes que permanecen están cerca de otros servicios públicos, si tiene lugar para albergar más funcionarios”.

“No se toma en cuenta el acceso a las sedes que permanecerán, existencia y frecuencia de transporte, lo que afecta tanto a funcionarios como a más de 100 mil personas”, concluyó.

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