La jueza de Familia de séptimo turno, Lillián Elhorriburu, dictaminó el cese de las medidas cautelares impuestas al diputado frenteamplista Gustavo Olmos, quien fuera denunciado en noviembre por su suplente en la cámara, Martina Casás, por acoso laboral y sexual. El 12 de diciembre, la magistrada había prohibido al legislador comunicarse con ella y acercarse a menos de 100 metros, restricciones que regirán hasta el 6 de junio. El abogado de Casás, Juan Raúl Williman, solicitó extender las prohibiciones, lo que fue desestimado ayer por la jueza. Casás apelará el fallo porque pretende que la distancia y la incomunicación se mantengan hasta noviembre, para evitar encontrárselo en actos de campaña del Frente Amplio.

La audiencia de ayer en la que se reencontraron Olmos y Casás había sido agendada en diciembre, cuando la jueza impuso las medidas cautelares, y trató sobre su seguimiento, una semana antes de la fecha de caducidad. “Con Williman fuimos para declarar de buena fe que las medidas se habían cumplido a cabalidad, que yo en ningún momento tuve contacto ni con el denunciado ni con ninguna persona cercana a él que se haya acercado a hablar de parte de él conmigo”, dijo Casás a El País.

“Le solicitamos a la jueza si se podían extender las medidas dado que ambos volvimos a militar. Yo estoy militando en actos públicos del FA y él también volvió a la militancia política. Entonces, se lo solicitamos mientras tengamos (abierto) el proceso en Fiscalía y el laboral”, explicó la denunciante, que está recolectando pruebas para iniciar la demanda laboral. La jueza desestimó ayer la solicitud de ampliar las medidas cautelares y dispuso que cesen efectivamente el 6 de junio.

Este archivo de las restricciones no interfiere con los otros dos procesos en curso: la investigación fiscal que busca determinar si existió acoso sexual, y la demanda laboral por la que Casás reclamará una indemnización de US$ 25.000.

La legisladora suplente, que se alejó de Marea Frenteamplista luego de que el sector habilitara el regreso de Olmos a su banca el 2 de abril, anunció que apelará el fallo de ayer para que la Justicia mantenga las medidas cautelares sobre el diputado. “La idea nuestra es apelar en base a estos argumentos: que tenemos dos procesos judiciales todavía (en marcha) y que estamos en campaña”, donde pretende evitar encontrárselo”, explicó.

Foto: Estefanía Leal

Casás insistirá en solicitar que las medidas se mantengan hasta noviembre, fecha de un eventual balotaje, puesto que luego, para la campaña departamental de mayo de 2025, prevé militar en Colonia, su departamento natal, donde vota, lejos de Montevideo, departamento al que representa Olmos.

Como la jueza no dispuso tobillera electrónica, Casás, que sigue militando de forma independiente, hoy avisa al FA cada vez que participa de un acto público para evitar cruzarse con el denunciado. No lo hace solo cuando está anunciada su presencia.

Mientras, los procesos avanzan a nivel político, laboral como penal. A fines de enero se realizó en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la audiencia de conciliación entre Olmos y Casás, en la que no hubo acuerdo, lo que habilitó la vía judicial. “Tengo que demostrar que no puedo regresar a trabajar al mismo sector que Tato, y para eso estoy reuniendo prueba, informes psicológicos, testigos que indiquen que yo sí sufrí acoso en el lugar de trabajo”, sostuvo Casás, quien resolvió iniciar la demanda laboral en marzo, luego de que el Plenario del FA respaldara el dictamen del Tribunal de Conducta Política que determinó que no se pudo comprobar una situación de “acoso prolongada en el tiempo”.

“Por otro lado, en Fiscalía pensamos seguir avanzando”, explicó la denunciante, y detalló: “Hay que solicitarle a Fiscalía que la Unidad de Víctimas y Testigos haga pericias psicológicas para comprobar que el acoso no dejó secuelas físicas, pero tiene secuelas psicológicas; entonces, tenemos que hacer pericia psiquiátrica y psicológica. Estamos en eso”.