Cancillería se "sorprendió" por la deportación de un uruguayo radicado en Argentina tras decreto de Milei

Redacción El País
La cancillería de Uruguay se "sorprendió" de la deportación de un uruguayo radicado en Argentina, porque las autoridades no habían sido informadas de la situación.

Así lo aseguraron a El País fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, que indicaron que "varias instituciones del Estado" están apoyándolo, y además "las autoridades consulares están verificando la situación con las autoridades argentinas".

Se trata del caso de Juan Pedro Martínez Piedraita, un uruguayo afrodescendiente que vive en Argentina hace 19 años y que está casado con la argentina Nadia Paola Arismendi, con quien tiene tres hijos nacidos en el país.

Este miércoles sus abogados dijeron a la agencia EFE que la expulsión de Argentina se dio de forma "ilegal" al haberse contravenido la normativa actual, que emana de un decreto firmado por el presidente Javier Milei y que endurece la ley anterior.

Arismendi dijo al medio local El Destape que, luego de su detención, a su marido lo sacaron del país en un avión y "lo dejaron en el Aeropuerto de Carrasco". Entonces lamentó: "Rompieron una familia".

La expulsión ejecutada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 se justificó en una condena a un año y medio de prisión, en suspenso, dictada en 2021 por los delitos de violación de domicilio, amenazas y desobediencia.

La nueva normativa sobre migraciones está vigente en Argentina desde mayo pasado, cuando Milei firmó un decreto para modificar la ley anterior. Ahora se impide permanecer en el territorio nacional a extranjeros condenados "por delitos que para la legislación argentina merezcan pena privativa de la libertad igual o mayor a tres años".

Según EFE, al argumentar su decisión, la Dirección Nacional de Migraciones citó de manera incompleta el artículo 29 de la normativa vigente e hizo omisión al plazo de la condena del que habla el texto aprobado por decreto, por lo que se constata en la resolución.

Martínez Piedraita acudió el pasado viernes a una oficina de migraciones de Buenos Aires para renovar su documentación, momento en el que fue detenido por orden de la Dirección Nacional de Migraciones y trasladado a una dependencia policial, desde donde fue finalmente expulsado del país en la madrugada de este miércoles.

Según indica la norma en su artículo 70, "en caso de que el extranjero alegara, como hecho nuevo, ser padre, hijo o cónyuge de argentino nativo (....), la Dirección Nacional de Migraciones podrá suspender la ejecución de la medida de retención y procederá a constatar la existencia del hecho denunciado en un plazo de hasta 48 horas hábiles".

Las partidas de nacimiento de los hijos argentinos de Martínez Piedraita y Arismendi fueron enviadas el pasado sábado a un representante de la Comisión de Migrantes del Ministerio Público de Defensa de la Alcaldía, dijo a EFE Zulema Montero, abogada del uruguayo.

Según confirmó a EFE el Ministerio Público de Defensa, las partidas de nacimiento fueron presentadas "en el marco de un recurso jerárquico" que fue rechazado por la Justicia.

Además, insistió Montero, "la expulsión no corresponde porque se han violado normas. No podía ser expulsado ni por la ley original ni por la modificación del decreto, porque su condena no es superior a tres años. Fue ilegal".

Por su lado, el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, quien presentó junto a Montero otro recurso ante la Justicia, afirmó que "es un migrante con tres hijos argentinos, una esposa argentina, que ha sido expulsado por fuera de lo que dice la ley, es ilegal".

Foto: Juan Mabromata/AFP

El decreto sobre migraciones de Milei restringe el acceso de los extranjeros a la ciudadanía, la salud y la educación superior. Además elimina recursos administrativos que antes podían utilizarse para apelar decisiones migratorias y fija un plazo de 15 días para recurrir judicialmente.

La Dirección Nacional de Migraciones también recibió mayores facultades de inspección y control, incluidos operativos en lugares públicos y privados.

Con información de EFE