"Esto nos cayó a nosotros. Y bueno, nos pagan para eso. La función que tenemos, de la que nos sentimos muy orgullosos, es la de resolver problemas, y este es uno de ellos, como podrán venir otros". Así se expresó este jueves en el Parlamento el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, sobre el "problema" que el gobierno procura resolver, por estas horas, sobre la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu). Un problema que, a su juicio, está lejos de solucionarse con la fórmula que se aprobó en la Cámara de Representantes.

A impulso de la oposición, Diputados aprobó el miércoles un proyecto de ley que centra la salida de la institución en el aporte del Estado, en un incremento en la recaudación por timbres profesionales, y en la posibilidad de que la caja acceda, con garantía estatal, a préstamos o pueda emitir deuda. A juicio de Oddone, la fórmula está lejos de representar una salida para la institución.

Según el ministro, la solución aprobada implica ingresos por unos US$ 30 millones, cuando la caja prevé erogaciones de US$ 51 millones para este año. Para 2026 representaría US$ 39 millones, cuando las erogaciones previstas son por US$ 120 millones. "A lo único que conduce es, si no hay cambios, a que todo el resto lo ponga el Estado", advirtió Oddone, quien insistió en que, más que financiero, el problema de la caja es de solvencia, ya que los ingresos son menores a los egresos. De allí que el acceso a préstamos para cubrir circunstancias a corto plazo no es vista como una solución real.

Ahora el tema pasó al Senado, donde se discute en una comisión especial. Para el titular de Economía resulta indiscutible que en el proyecto que salga de allí debe contemplarse lo previsto en la iniciativa original del Poder Ejecutivo: que la mayor parte de la carga para posibilitar la salida esté en los profesionales activos y pasivos.

"Se debe incluir la contribución de los beneficiarios. Es imposible evitar que contribuyan", dijo. Además de "injusto", advirtió que no hacerlo sería insostenible para las finanzas públicas porque representaría "un par de décimas" del Producto Bruto Interno (PBI).

La estructura financiera diseñada por el gobierno preveía recaudar unos US$ 33 millones anuales a través del incremento, al 22,5% de los aportes de los afiliados activos, más otros US$ 44 millones por la "contribución pecuniaria" a crearse para los pasivos. El esquema se completaba con US$ 36 millones de aportes de Rentas Generales.

"Todas las partes tienen que formar parte de la solución de un instituto que está quebrado", remarcó el ministro. La propuesta del gobierno, que quedó por el camino en Diputados, implicaba que activos y pasivos suponían el 70% de la estructura de financiamiento en este proceso de salida de la crisis. Al respecto, el ministro se mostró ahora dispuesto a discutir un nuevo "equilibrio" entre el aporte de estas vertientes y el que está previsto que haga Rentas Generales.

Como reflexión de fondo, el ministro llamó a no perder de vista que se está discutiendo sobre un esquema de protección para personas - los profesionales - que integran los deciles superiores de la sociedad. "Cada vez que decidamos asignarle recursos, necesariamente los estamos detrayendo de otros lugares en los que, personalmente, creo, tenemos que poner la prioridad: los niños y los adolescentes", indicó. E insistió con la idea: "Estamos tomando decisiones políticas de poner recursos públicos para servir a sectores, entre los que me incluyo, que no son ni de lejos los más perjudicados".

El ministro sugirió que los "aportes" de los jubilados podrían eventualmente eliminarse en determinado plazo, si se encuentra alguna solución alternativa. Eso, dijo, debería ser objeto de una discusión posterior. "Pero votemos esto ahora", pidió.

Los senadores blancos y colorados comenzaron discutir cómo pararse ante el proyecto en la cámara alta. La mayoría ve inevitable acceder, al menos en parte, a lo planteado por el gobierno, lo que supondrá entrar en contradicción con lo que sus correligionarios impulsaron en Diputados.

"Si la caja sigue funcionando con sus rigideces actuales, con mecanismos de permanente expulsión de profesiones y con las trancas a la percepción de ingresos de profesionales que hoy están trabajando en otras áreas, no veo con mucho optimismo el horizonte de recuperación que podamos tener", alertó el senador nacionalista Sergio Botana, que sugirió trabajar en mecanismos que faciliten esa recuperación. Botana habló de una flexibilidad mayor en los planes de recuperación de adeudos, o estrategias que le permitan a la caja ampliar su base de aportantes. De lo contrario, advirtió que le ve "poca vida a esta solución".

Su correligionaria Graciela Bianchi habló en tanto de que la forma de aportación actual a la caja configura situaciones de "inequidad", al basarse en un ficto y no en lo que el profesional realmente trabaja. La senadora se preguntó este jueves por qué razón "el resto de la gente" debería poner dinero a través de sus impuestos para financiar la jubilación de los profesionales en el régimen, además, privado. Se trata, apuntó la senadora, de un "problema serio".

Con Pedro Bordaberry aún sin expresar postura, el senador y secretario general colorado, Andrés Ojeda, dijo este jueves que la oposición debe volver en la cámara alta a "bloquear el aumento de impuestos" que, según su visión, el gobierno quiere imponer a activos y pasivos a través del proyecto de reforma. "Si nos mantenemos juntos, lo logramos. En Diputados, se logró", afirmó. Con esas actitud, precisó, se estará "respaldando" a los diputados que lograron imponer esa fórmula en la cámara baja.

Las previsibles modificaciones que el proyecto tendrá deberán ser consideradas en Diputados, que como "tercera cámara" solo podrá aprobar o rechazar todo el texto. Eso supone un desafío a varias bandas, ante la posibilidad cierta de que varios legisladores de la oposición, que impulsaron lo aprobado en la cámara baja, decidan ahora rechazar in tótum si se vuelven a incorporar los aportes de activos y pasivos. "Si el gobierno insiste en impulsar soluciones que la cámara ya rechazó, no vamos a apoyar esas modificaciones", dijo a El País el diputado nacionalista Pablo Abdala, que habló a título personal pero que dijo interpretar el "sentir" de su bancada.

"Partimos de la base de que el gobierno tiene la obligación de pagar las jubilaciones", agregó Abdala, que apeló a lo establecido en el artículo 67 de la Constitución, que obliga al Estado a proporcionar asistencia financiera para el pago de las pasividades.

Al respecto, este jueves en la comisión Oddone advirtió que, si bien la Constitución obliga al Estado a pagar, para eso debe haber también autorización del Parlamento. "Estoy obligado a pagar, pero si no tengo un mandato legal, no puedo hacerlo", señaló. "Y los que van a resolver ese problema van a ser ustedes", remarcó ante los legisladores.

Para Oddone, resulta clave que la Caja de Profesionales sea objeto de modificaciones que la hagan converger en el régimen general. En su exposición, el ministro subrayó que la sociedad "ya está aportando" a la caja desde hace mucho tiempo. Básicamente, dijo, a través de los timbres profesionales, que representan US$ 155 millones al año. También por rentas afectadas derivadas de la eliminación del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP), que suponen unos US$ 17 millones anuales. "No es que la sociedad vaya a contribuir ahora, sino que lo va a hacer en adición a lo que está establecido", afirmó. En este planteó coincidió el nacionalista Botana. "La convergencia entre regímenes es inexorable", dijo.

El directorio de la Caja de Profesionales compareció este viernes ante al comisión especial y advirtió que la institución está en un "punto límite". En línea con lo expresado por Oddone el presidente de la institución, Daniel Alza, aseguró que, si activos y pasivos no aportan, en pocos meses "se estaría discutiendo nuevamente el mismo problema".

El directivo recordó que, en setiembre de 2022 se había advertido sobre la actual situación de crisis, "y sobre que de esa crisis tenemos que salir todos", dijo. "Cada uno tiene que poner su cuota parte" afirmó.

Consultado sobre la viabilidad financiera del proyecto, Alza fue enfático al asegurar que el Estado “va a tener que aportar fondos”. “Así lo ha manifestado el propio Poder Ejecutivo. Pero también es necesario discutir de dónde vendrán los recursos a mediano y largo plazo para sostener la caja", sostuvo.

A instancias del Frente Amplio, la comisión sesionará a partir del lunes de forma exprés y en horario extendido para analizar el proyecto y recibir a las más de 15 delegaciones que pidieron ser escuchadas. Ante los plazos perentorios que se imponen ante la necesidad de encontrar una rápida salida para la Caja de Profesionales, el oficialismo se plantea una rápida discusión, con la premisa de aprobarlo el jueves o el viernes próximo en el plenario del Senado.