Redacción El País
Desde hace años, deudores del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) reclaman por una solución que contemple la imposibilidad de cancelar sus deudas. Una alternativa está plasmada en un proyecto de ley que elabora el gobierno y de cuyas primeras líneas informó el pasado martes a legisladores del Partido Nacional y Partido Colorado, y al ministro de Vivienda, Raúl Lozano.

El Ministerio de Economía y Finanzas, luego, pidió una reunión con Cabildo Abierto, que se realizó ayer, para informar sobre los lineamientos de la iniciativa.

El presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, concurrió en nombre del partido político. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, le presentó -según contó el senador- las “bases” del proyecto, que incluyen la fusión del BHU y el Banco República del Uruguay (BROU). Tal como informó El País el martes, es una posibilidad que está arriba de la mesa del gobierno, para la que necesitarían mayorías especiales en el Parlamento.

Los liderados por Guido Manini Ríos tienen “toda la disposición para acompañar” una iniciativa que beneficie a los deudores, y hay “entusiasmo” en el partido por que aparezca una solución para estas personas.

No obstante, esperarán a que se presente un proyecto concluido para tomar una postura definitiva.

Domenech señaló que lo vinculado a los deudores del BHU es un problema que se “arrastra desde hace añares”, y que hay personas que hacen un “sacrificio económico” para pagar sus compromisos asumidos.

“Todo tiene un límite. Hay deudas que son eternas”, añadió el senador cabildante.

El martes, después de la reunión de los senadores del oficialismo con el presidente Luis Lacalle Pou, German Coutinho dijo que el proceso está llegando a su etapa final, luego de “un esfuerzo muy grande” por parte de quienes buscaron encontrar una salida a este conflicto durante todo este tiempo.

“Hemos tenido varias reuniones, varias entrevistas, hemos estado trabajando muchísimo y por algo hace tantos años que esto no tiene solución”, concluyó el legislador colorado. Se estima que hay un grupo de afectados -estimado en 10%- que dejará de pagar, mientras que muchos otros -siempre en el caso de deudores en Unidades Reajustables- van a abonar o cuotas menores o por menos tiempo, detalles que, justamente, están sujetos a negociación.

El plan tiene un costo estimado que rondaría los US$ 330 millones.

Además, como el proyecto de ley necesitaría contar con mayorías especiales en el Poder Legislativo, el colorado apuntó que van a “tener que necesitar una negociación muy amplia en lo político”.