Redacción El País
El actual directorio de Antel tomó la decisión el pasado mes de agosto de 2024 de permitir a cableoperadores privados acceder a la fibra óptica a fin de vender el servicio de internet y competir con el ente público. Para la vicepresidenta electa y expresidenta de Antel, Carolina Cosse, esta decisión fue "muy grave" y por eso el actual gobierno deberá revertirla.

"Esa gran red de fibra óptica, que costó cientos de millones de dólares, y que es la base material para la construcción de la sociedad del futuro, en este gobierno se abrió a la competencia. Y eso vamos a tener que revertirlo porque es muy grave", aseguró Cosse en rueda de prensa.

La futura vicepresidenta de la República argumentó: "Cualquiera que tenga una empresa o emprendimiento, y que construya los fundamentos de ese emprendimiento, es muy raro que se lo alquile a la competencia (...) Porque, ¿dónde pasa a estar su ventaja competitiva? No existe".

Cosse apuntó que esta fue una resolución del directorio de este gobierno, pero habrá un nuevo directorio y "una resolución de directorio se cambia con otra".

La decisión tomada por el actual gobierno se dio, según la resolución, tras detectar "la necesidad creciente del mercado de servicios con velocidades de conexión más rápidas" y "la necesidad de otorgar a la administración mayor agilidad para modificar o incluir nuevas velocidades, precios, descuentos y condiciones comerciales en los servicios de datos fijos empresariales".

La resolución fue duramente criticada por el Frente Amplio, que a través de un comunicado apuntó que la idea "fue rechazada reiteradas veces en el Parlamento Nacional desde 2020, tanto en el proyecto de ley de la LUC (2020), en las rendiciones de cuentas, como en diferentes versiones del proyecto de Ley de Medios".

"Con esta medida, Antel facilita a los privados el ingreso al mercado de venta del servicio de internet por fibra óptica, utilizando con fines meramente lucrativos la infraestructura concebida para el cumplimiento de derechos", remarcó el FA, asegurando que "esto significa una renuncia de ingresos al Estado de hasta US$ 60 millones anuales".