Antonia Urrejola, vicepresidenta de la CIDH: "Preocupa la impunidad que existe en Uruguay"

ENTREVISTA

Mientras Cabildo Abierto criticaba la “injerencia extranjera” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la advertencia que se había hecho sobre un proyecto de ley del partido liderado por Guido Manini Ríos, la institución empezaba a desnudar una “crisis”. Antonia Urrejola, vicepresidenta de la CIDH, sugiere que hay intenciones del uruguayo Luis Almagro que van más allá de reparos administrativos. Eso en un marco en el que, afirmó, “hay un cuestionamiento al rol de los organismos de DDHH”.

A inicios de agosto tres senadores de Cabildo Abierto presentaron un proyecto de ley que derogaría la norma interpretativa de 2011 y reinstalaría la ley de Caducidad. La CIDH respondió con “preocupación” e invitó a los legisladores a “abstenerse” de votarlo.

-¿Qué está ocurriendo en Uruguay?

-En mi última visita de trabajo a Uruguay, el año pasado, hubo algo que me llamó la atención: cómo una sociedad tan democrática y pluralista, como la uruguaya, no ha avanzado en las graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Preocupa la alarmante impunidad que existe en el país por las violaciones a los derechos humanos en la dictadura. El caso Gelman es el más emblemático porque llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero no es el único.

-¿La CIDH está queriendo intervenir en la política uruguaya?

-Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Eso no es una injerencia, es un estándar del derecho. Por eso mismo la CIDH se refirió al proyecto de ley que presentaronsenadores del partido Cabildo Abierto. Es un recordatorio al Estado uruguayo de cuáles son los estándares y los compromisos internacionales.

-Un uruguayo, Luis Almagro, no firmó la renovación del contrato del secretario ejecutivo de la CIDH. ¿La institución está en crisis?

-Sí. Por eso mismo hemos tenido que salir públicamente. La comisión ha entendido que estamos en una crisis que no hemos podido resolverla por la vía diplomática.

-¿Cuál es la crisis?

-La crisis está dada por la no renovación, por parte de Luis Almagro, del secretario ejecutivo de la CIDH. Nosotros tenemos un reglamento que establece que, tras una larga selección con concurso público, el secretario ejecutivo es designado por el secretario general de la OEA. Eso ocurrió en 2016. Pero, una vez designado, la Comisión es quien puede renovar el mandato por una sola vez. Ahora se ha renovado el mandato. Y esa renovación luego es firmada por el secretario de la OEA, hoy Almagro. Esto último es lo que no aconteció, limitando la independencia y autonomía de la Comisión.

-¿Qué motivación hay para no renovarle el mandato?

-El año pasado hubo una carta muy fuerte de cinco Estados miembro que cuestionaban nuestro funcionamiento. Este año hemos estado en debate, a la interna de la OEA, sobre temas de financiamiento. Y, en paralelo, algunos actores estatales han dado entrevistas en las últimas semanas diciendo que “hay que revisar el Sistema Interamericano”. Entonces la no firma de la renovación del secretario ejecutivo no es un hecho aislado.

-La argumentación de Almagro era que, sobre el secretario ejecutivo, penden acusaciones de mal manejo del personal. ¿Eso no cuenta?

-Si efectivamente había preocupación del manejo administrativo y de personal, Almagro tuvo desde enero para advertirnos y para dialogar para tomar una decisión. El último día y a la última hora, se nos envía la carta oficial diciendo que no se firmaría el contrato de renovación.

-¿Es una acusación administrativa o ideológica?

-Hay un informe de la “defensora del personal” que cuestiona el ambiente laboral, habría recibido quejas y denuncias sobre el ambiente laboral, sobre las contrataciones. Hace un año, se hizo una serie de sugerencias al respecto que fueron implementadas por la secretaría ejecutiva. Desde entonces, como Comisión, pensamos que estaba todo solucionado porque no supimos más nada. Pero de una semana antes que venciera el mandato del secretario ejecutivo sale la “defensora” con su informe en el que no recoge las medidas adoptadas.

-Entonces va más allá de lo administrativo...

-Sin lugar a duda. No hay investigaciones formales respecto a nadie de la Secretaría Ejecutiva. Entonces no solo se está desconociendo la facultad de la Comisión de renovarle el contrario, de acuerdo a nuestra independencia y autonomía, sino que se está sancionando de facto al secretario ejecutivo por supuestas denuncias que no han llegado a investigaciones.

-¿Por qué no prosperó la salida diplomática a esta crisis?

-Nosotros no queríamos salir a hacer denuncias públicas, nos distrae de nuestro trabajo. Pero cualquier solución a esta crisis pasa por dos cuestiones: reconocer la independencia y autonomía de la Comisión. El secretario ejecutivo es alguien de confianza de la comisión, no puede responder al secretario de la OEA ni a un Estado. Es independiente. Lo otro es que, de haber una denuncia en contra, iniciar la investigación y que se pueda defender. Pero no hemos tenido ningún punto de acuerdo con el secretario general Luis Almagro.

-¿Por qué el descontento de algunos Estados?

-Hay un contexto mundial de cuestionamiento del rol de los organismos de protección de los derechos humanos. Algunos Estados se quejan de que somos muy duros con los dictámenes.

-¿La CIDH quedó encorsetada en los cambios de olas ideológicas en la región?

-Como los Estados son los denunciados, cuando hay una mayoría de gobiernos de izquierda, vienen presiones a la CIDH desde la izquierda. Cuando hay una mayoría de gobiernos de derecha, vienen las críticas desde la derecha. Es normal que haya cuestionamiento, pero lo que nos obliga es el mandato, la centralidad de las víctimas, los estándares de derechos humanos y la independencia.

-¿El gobierno uruguayo se ha expedido sobre esta crisis de la Comisión?

-Formalmente, no. Solo México y Argentina se han pronunciado. Es importante que los Estados se expresen porque la Comisión es de los Estados, y la independencia de la Comisión es una garantía para los Estados. Prueba de ello es que quienes antes nos atacaban, ahora nos defienden. Y al revés.

-¿A usted le ha pasado que la criticaran de un lado y del otro?

-Claro. Fui relatora de los últimos informes de Brasil y Nicaragua, dos gobiernos bien distintos. Y a ambos les cayó muy mal nuestras observaciones. Reitero: nuestro centro son los víctimas de las violaciones a los derechos humanos.