Ambiente aplicó seis multas a entes, ministerios e intendencia

El Ministerio de Ambiente aplicó 170 multas en 2023, de las cuales seis fueron a empresas estatales, ministerios e intendencias. Las infracciones a OSE (que recibió dos en un año), UTE, los ministerios de Transporte y Ganadería, y el gobierno departamental de Maldonado sumaron sanciones económicas por US$ 47.371 (1.040 Unidades Reajustables).

Desde que se creó el Ministerio de Ambiente, son cinco las multas ambientales que recibió OSE, dos de las cuales se aplicaron en el último año. De esa manera, debió pagar US$ 56.936 -1.250 UR- al Ministerio de Ambiente por diferentes infracciones. Una de las sanciones de 2023 se debió a su sistema de tratamiento de efluentes domésticos en Sarandí del Yí, Durazno, después de que un grupo de vecinos se acercara a la cartera para alertar sobre la situación.

Ante la situación (y la denuncia de los vecinos), la empresa estatal pidió una reducción del monto de la multa al alegar que los eventos habrían “ocurrido en período esporádicos” -según se desprende de la resolución ministerial-, algo que la cartera rechazó porque encontró que se produjeron de “forma constante y prolongada en el tiempo”.

Por lo tanto, OSE debió abonar la suma de US$ 9.110 (200 UR).

La otra sanción que recibió OSE en 2023, también por US$ 9.110 (200 UR), se debió a incumplimientos en la planta de tratamiento de efluentes domésticos de la ciudad de Canelones. La empresa estatal continuó con el acopio de lodos en el terreno lindero una vez que se terminó el plazo límite que se le dio para que lo hiciera.

OSE, en sus descargos, respondió que “intentó cumplir los plazos” pero que “no les fue posible por las dificultades que le demandó la elaboración del pliego de condiciones” para la licitación. Sin embargo, la cartera rechazó estos argumentos debido a que el ente “recién inició la correcta gestión de lodos” en 2021, “varios años después” de la fecha límite original.

Por otra parte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) cometió una infracción “grave” -según se desprende de la resolución ministerial- en el proyecto de la doble vía en la ruta 9 que va desde Pan de Azúcar a Rocha. En pocas palabras, debió pagar US$ 13.665 (300 UR) por haber “iniciado actividades de movimientos de suelos” sin tener la autorización ambiental previa que otorga la cartera ambiental. En este caso, el acusado no presentó descargos.

La multa más alta que aplicó el Ministerio de Ambiente en 2023 a un inciso o intendencia la recibió el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Fue por su horno incinerador en Montevideo, descripto en la resolución ministerial como la “planta para el tratamiento de residuos sanitarios peligrosos”. Ya en 2021 se les avisó de la sanción por haberlo operado a “temperaturas inferiores a las autorizadas” y por “no haber realizado los monitoreos de emisiones al aire” que correspondían.

Después, en febrero de 2023 y tras la evaluación de los descargos de la cartera de Ganadería, el Ministerio de Ambiente resolvió reducir la multa de US$ 13.665 (300 UR) a US$ 11.387 (250 UR).

UTE, por otra parte, recibió una multa por su proyecto de línea eléctrica de media tensión en varios padrones en Cerro Largo, algunos de los que son parte del área protegida Paso Centurión y Sierra de Ríos. En pocas palabras, se debió a que iniciaron las obras sin la autorización ambiental previa que otorga la cartera de Ambiente.

En respuesta, la empresa estatal que se encarga de distribuir energía por todo el país dijo que desconocía que la obra incluía terrenos dentro de un área protegida. No obstante, se le aplicó una sanción económica de US$ 1.822 (40 UR).

De los gobiernos departamentales, Maldonado recibió una sanción a partir de la denuncia que presentó una organización no gubernamental llamada Ecobio Uruguay sobre “actividades de despeje de arena con afectación de vegetación” y “modificación de dunas dentro de la faja de defensa de costas” en Sauce de Portezuelo. Finalmente, el Ministerio de Ambiente resolvió hacerle pagar US$ 2.277 (50 UR) por no tener la autorización ambiental previa.