MUCHO EN JUEGO

Acciona ya piensa en un arbitraje contra Uruguay

Dura crítica a su descalificación en la licitación por el Ferrocarril Central

Luis Castilla. "Estamos sorprendidos de no tener la oportunidad de que nuestro precio se vea".
Castilla. "Estamos sorprendidos de no tener la oportunidad de que nuestro precio se vea".

La multinacional española Acciona que fue descalificada por el gobierno en la licitación para llevar adelante el proyecto de Ferrocaril Central del Uruguay, para modernizar las vías férreas entre Paso de los Toros y Montevideo, no solamente recurrirá la decisión adoptada la semana pasada sino que ya analiza llevar al país a instancias internacionales de arbitraje.

Así lo adelantó a El País, Luis Castilla, el máximo ejecutivo de Acciona Infraestructuras, una de las dos grandes divisiones del grupo español que factura cada año US$ 8.000 millones y que cuenta con 35.000 empleados. La otra división es Acciona Energía. La multinacional española entiende que fue descalificada por no haber cumplido una exigencia que no figuraba en el pliego de condiciones del llamado. El ministerio de Transporte y Obras Públicas no dio los motivos de la descalificación pero trascendió que Acciona no habría acreditado su respaldo a la filial que se presentó a la licitación en Uruguay.

Hoy mismo se presentará un primer recurso ante el Ministerio de Transporte que, si no es tenido en cuenta, será seguido de un planteo “por vías institucionales” ante el gobierno para que no se abra la oferta económica del grupo integrado por las empresas locales Saceem y Berkes hasta que no se consideren las objeciones de Acciona, dijo Castilla. La apertura está prevista para mañana. Si ninguna de esas acciones da resultado, la empresa se plantea acudir a instancias internacionales.

“Cuando recibimos la primera evaluación técnica fue una muy buena noticia. Sacamos una diferencia de más de nueve puntos en los aspectos técnicos. Teníamos una confianza enorme de que estábamos en muy buen camino. Estábamos muy satisfechos de nuestra oferta técnica, nuestros métodos constructivos y costos operativos. La primera gran sorpresa fue hace unos cuantos días cuando por razones administrativas, que no se piden en el pliego, de carácter absolutamente menor, por permisos que tendríamos que tener y no estaban pedidos en el pliego sobre el uso de nuestra referencia” se descalificó la oferta, dijo Castilla. “Esos aspectos se podrían haber subsanado y no tenían nada que ver con la experiencia profesional ni con la capacidad financiera pero impedían la apertura económica del sobre. Se puede imaginar que un proyecto financiado, una concesión de este volumen, evidentemente aunque se presentó Acciona Construcción, una de las 600 filiales, está absolutamente respaldado por Acciona S.A”, explicó el ejecutivo español desde Madrid. Castilla aseguró que no se le hizo saber a Acciona de ningún otro motivo para su descalificación. “Son meras cuestiones formales que conducen a eliminarnos”, se lamentó. “Decidimos presentarnos al concurso porque tenemos muchísimas décadas de experiencia en el ferrocarril convencional. Hemos hecho parte significativa de la Alta Velocidad española”, agregó. Acciona fue fundada en 1931.

Consultado respecto a si creía que podía haber algún motivo espúreo para la descalificación de Acciona, Castilla prefirió no hacer comentarios. “Prefiero no opinar, lo desconozco. Estamos sorprendidos por no tener la oportunidad de que nuestro precio se vea y no puedo decir más”, señaló. “Si siguen insistiendo con la descalificación, en defensa de nuestro nombre e intereses, vamos a hacer todo lo posible para que se nos escuche”, agregó.

“Tenemos referencias sobradas en ejecución. Presentamos más de 170 folios explicando los detalles de nuestra referencia tanto en trenes como en concesiones . Tenemos referencias más que sobradas en países como Canadá, México, Australia España, Noruega, Chile...”, señaló el ejecutivo.

El análisis de las objeciones de Acciona podría realizarse muy rápidamente y no retrasar en forma sustancial el proyecto al que el gobierno le da prioridad y que se vincula estrechamente con la decisión de UPM de instalar o no una segunda planta de fabricación de celulosa en Uruguay, consideró. La obra apunta a que la pasta de celulosa de la planta de UPM que se construiría cerca de la localidad de Centenario (Durazno, frente a Paso de los Toros) sea trasladada de manera rápida al puerto de Montevideo para su embarque. El deteriorado estado actual de las vías no permite que los trenes las transiten rápido y de manera segura. Acciona invierte por año entre US$ 800 millones y US$ 1.000 millones. Ha realizado proyectos en los cinco continentes y en 65 países. Actualmente está construyendo el metro de Quito (Ecuador), el de Dubai que se inaugurará en la Exposición Mundial 2020 y el primer tramo de un tren de alta velocidad en Noruega.

Este iba a ser el primer proyecto de Acciona en Uruguay. Había analizado la posibilidad de participar antes en proyectos menores, vinculados al agua potable. Participaron en la elaboración del proyecto más de 100 personas y se habían invertido millones de dólares, aseguró Castilla. Asegura que no está “decepcionado” con Uruguay, sí con la forma en que se llevó adelante la licitación.

El 55,73% de esta empresa, que cotiza en la bolsa de Madrid, pertenece a la familia Entrecanales, una de sus fundadoras. José Manuel Entrecanales es su presidente. Su sede social está en Alcobendas, una “ciudad satélite” de Madrid.

Construyó 600 puentes y participó de obras en 30 puertos y 50 represas en 12 países en los últimos 10 años. En América está en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

El impacto laboral de UPM

UPM informa en su página web que su actividad en Uruguay ha generado hasta ahora 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Cosecha cada año aproximadamente 4 millones de metros cúbicos de madera y paga US$180 millones anuales en salarios. El funcionamiento de la planta de la empresa (antes Botnia) fue muy resistido por el gobierno argentino cuando el presidente era el fallecido Néstor Kirchner que apoyó a los militantes ambientalistas de la provincia de Entre Ríos que sostenían que la instalación contaminaría el río Uruguay. La planta de Centenario será más grande que la de Fray Bentos que tiene una capacidad máxima de producción de aproximadamente 1,3 millones de toneladas anuales. Su ubicación la “salvaría” de las objeciones argentinas.

El segundo producto de exportación del país

En un momento de desaceleración económica, el gobierno apuesta a la nueva fábrica de celulosa de UPM que podría llegar a ser la mayor inversión privada en la historia de Uruguay. La celulosa es un producto relativamente nuevo en la canasta exportadora uruguaya pero ya tiene un sitial importante. Las exportaciones de este producto alcanzaron US$ 1.327 millones en 2017. Fue el segundo producto de exportación detrás de la carne bovina. Las ventas fueron 7% superiores a las de 2016, de acuerdo con datos del Instituto Uruguay XXI. Ese empuje se explicó casi exclusivamente por un incremento en los volúmenes exportados, ya que los precios anuales promedios crecieron solo 1%. En montos, las exportaciones de celulosa representan el 15% de lo que Uruguay envía al mundo. Hay dos plantas que la elaboran: la de Fray Bentos de UPM y la de Montes del Plata, esta última pertenecientes a capitales chilenos, suecos y finlandeses y ubicada en Punta Pereira, Colonia. Las dos plantas se reparten aproximadamente por mitades las exportaciones del producto, ya que ambas fábricas tienen una capacidad de producción muy similar. En el caso de Montes del Plata genera alrededor de 6.500 puestos de trabajo directos e indirectos.

La nueva fábrica de Centenario contribuiría, según los cálculos del gobierno, a generar 8.000 nuevos empleos directos e indirectos. Estos empleos implicarían unos US$200 millones anuales en salarios. Se estima que el producto per cápita en su zona de influencia crecería entre un 10 y un 15%, algo que el gobierno considera fundamental para dinamizar el deprimido centro de Uruguay. Además, la instalación de la fábrica incrementaría aproximadamente un 10% la producción de energía renovable en el país.

El movimiento “UPM 2 NO” que se opone a la instalación de la planta presentó unas 5.000 firmas para reclamar que quede sin efecto el contrato que en noviembre pasado firmó el Estado con la multinacional finlandesa. Este grupo sostiene que las condiciones del acuerdo para UPM son demasiado ventajosas y que su actividad contaminará el río Negro. Sostiene que inundaría San Gregorio de Polanco (Tacuarembó).

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