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En la reunión semanal del comando que se hace todos los lunes en el Ministerio del Interior volvió a surgir como preocupación la actuación de una fiscal que, a criterio de la Policía de Montevideo, no trabaja como debe. O, mejor dicho: que decide con frecuencia dejar en libertad a delincuentes pese a las evidencias reunidas por los uniformados -y que la funcionaria desestima como insuficientes.
“¡Otra vez Puppo!”, fue el comentario de un jerarca ministerial en la reunión que se hizo ayer con las máximas autoridades policiales, en referencia a la fiscal de Flagrancia Brenda Puppo.
La funcionaria está en la mira de varios policías de la Zona Operacional II de Montevideo -que abarca el sureste de la capital- desde hace tiempo, ya. No se olvidan que a fines de octubre esta fiscal había liberado a un delincuente capturado por una rapiña y que siguió robando durante aquel fin de semana; que en enero de 2019 aplicó el “principio de oportunidad” para un hombre que había robado una bicicleta -y por tanto no lo investigó-; pero, sobre todo, tienen fresco en la memoria el fatídico resultado de una semana de este mes en que Puppo estuvo de turno y dejó en libertad al menos a 18 detenidos.
El motivo por el cual procede de esta manera es siempre el mismo, ha dicho la fiscal: la falta de evidencia, tal como argumentó el jueves pasado ante la consulta de El País. Ayer, ante la pregunta por este caso, dijo que “no tenía idea” de qué se trataba.
¿Qué ocurrió ahora? Que la Policía encontró que, por uno de los tantos “cese de detención” tomados por Puppo en el último tiempo, un delincuente que había sido apresado quedó libre y al poco tiempo cometió un nuevo delito: la rapiña a un liceal del barrio Pocitos, en los alrededores de la esquina de Santiago Vázquez y Avenida Brasil.
Según supo El País, este ladrón -de iniciales M.P.- había sido condenado hacía poco por porte y tenencia de armas sin autorización en lugares públicos, pero la pena de prisión impuesta había sido sustituida por libertad a prueba -beneficio que puede ser revocado en caso de que el imputado no cumpla con determinadas condiciones, como la firma semanal en una seccional.
Sin importarle eso, el condenado reincidió con un hurto también en Pocitos y fue entonces que la Policía lo detuvo: reunió evidencias como capturas de imágenes que generaron convicción suficiente para los investigadores, pero esto para Puppo no fue suficiente. Y lo dejó en libertad.
Fue así que el hombre -gozando de la libertad que le permitía la medida alternativa impuesta por el delito de porte de armas y por el hecho de haber zafado de la imputación del hurto- detuvo a un adolescente mientras caminaba cerca de su liceo y, tras amenazarlo, le quitó su celular. Esto quedó grabado por una de las cámaras del Ministerio del Interior -co-mo pudo constatar El País.
Finalmente fue detenido al otro día, pero no por esta rapiña ni por el hurto que había indagado la fiscal Puppo, sino porque había incumplido las condiciones de la libertad a prueba, de modo que ahora sí fue enviado a prisión.
El asunto es seguido de cerca por el fiscal de Corte, Juan Gómez, aunque dijo que estos problemas deben resolverse “en coordinación” entre la Fiscalía y la Policía. “Tratamos de actuar en conjunto como corresponde”, señaló el jerarca a El País.