La Justicia condenó en Treinta y Tres a una pareja de 39 y 41 años como responsables de la muerte de su sobrina de 11 años. Según los testigos que logró reunir la Fiscalía en su investigación, los condenados sometían a la niña, y al resto de niños que tenían a su cargo -cuatro menores, entre los que estaba la hermana de la víctima- a explotación laboral. Todos padecían esta violencia, pero con la niña de 11 años tenían -siempre según los testigos que declararon- una fijación.

“Era la esclava de la familia”, señaló una vecina que había visto a la menor trabajar en una quinta, hostigada por sus tutores. La niña, añadió, tenía una mirada de “miedo o terror” constantemente.

La explotación llevaba a que la víctima y los otros menores trabajaran incluso bajo sol, lluvia o frío, hasta altas horas de la noche, repartiendo rifas o vendiendo lo que produjeran sus tíos.

Las formas de reprimir ante la insubordinación eran maquiavélicas, según el relato de los testigos. Desde colocarlos en “maíz de rodillas”, hasta golpearlos “con una caña”. También eran víctimas de feroces insultos.

Las pericias forenses realizadas a la menor constataron la violencia que ejercían sus tíos. La menor tenía “numerosos hematomas en la región abdominal”, pero también en antebrazos, tórax, cuero cabelludo e incluso en el rostro. La deshidratación fue otro de los factores que llevaron a su muerte, que fue catalogada de severa y se arrastraba desde hacía varios días.

La fiscal a cargo del caso, Alicia Abreu, señaló que “una llamada pudo salvar la vida de una víctima”. La intención detrás de sus palabras es transmitir a la población un llamado a denunciar hechos delictivos que presencien, y más aún cuando hay menores afectados.

“No es descabellado pensar que a partir de allí un juez pudo haber intervenido en la investigación del caso. La menor hubiera sido examinada por un forense y hoy la noticia no era su muerte, sino que se salvaba su vida”.

Abreu dijo que la gente debe confiar en el anonimato que brinda el Estado para denunciar y tomar una postura de responsabilidad ante estas situaciones. “Todos somos responsables, porque tenemos la posibilidad de inclinar la balanza informando a la Justicia”, insistió la fiscal.