HIPÓTESIS POLICIAL

María dos Reis, Amílcar Albornoz y Julio Pereira fumaban pasta base y bebían alcohol en un descampado ubicado en la esquina entre Watt y Camino Edison, en el barrio Peñarol. Los vecinos solo escucharon las detonaciones. Poco después, sobre las 14:50 horas del miércoles, la Policía halló a las tres personas muertas con heridas de arma de fuego en la cabeza. Informaron que uno de ellos estaba en situación de calle. Los tres eran conocidos en toda la zona.

Según supo El País, María dos Reis tenía antecedentes penales por rapiña, receptación e indagatorias por varios delitos. Mientras, Amílcar Albornoz también poseía un legajo criminal por tráfico de drogas, hurtos y múltiples indagatorias por delitos. En tanto, Julio Pereyra carecía de antecedentes penales, pero tenía indagatorias por ilícitos.

La Policía maneja dos hipótesis para explicar los niveles de violencia en Peñarol, en donde ocurrieron por lo menos 14 homicidios en lo que va del año: por un lado indican que las víctimas eran consumidores y que podrían haber ido a comprar droga a “otra” boca, competencia de aquella a la que iban habitualmente, lo que se considera una traición. La otra opción, es que hayan muerto en el marco de un enfrentamiento entre tres familias que se dedican a vender estupefacientes en la zona.

“Es posible que algún integrante de una banda haya quedado debiendo drogas y por eso fuera ultimado”, dijo una fuente del Ministerio del Interior a El País.

María dos Reis, por ejemplo, había sido detenida hacía poco por la Policía y le habían decomisado droga. Es probable, entonces, que se haya transformado en una deudora para algún distribuidor de estupefacientes de la zona.

El distribuidor debe garantizar a los dueños de las “bocas” una cantidad mensual preestablecida; el propietario del local debe vender toda esa “mercadería” antes del próximo envío y los adictos no pueden ir a comprar a cualquier lugar. Deben adquirir la droga con el “transa” de siempre.

Una violación a esas reglas no escritas, pero claras en el submundo del tráfico de estupefacientes, se paga con la muerte.

Nadie está seguro en ningún lugar del “escalafón”. Ni siquiera el distribuidor. Si no entrega la droga pactada para ser vendida al minoreo, puede enfrentar una “rebelión” de una o más “bocas”.

Las “relaciones comerciales” en este sistema ilegal siempre penden de un hilo y se resuelven con una bala de una pistola calibre 9 milímetros.

Las dueños de las “bocas”, uno de los extremos de la “cadena” de producción, también deben respetar ciertas reglas. Además de comprar al mismo distribuidor, deben hacerse cargo de las incautaciones que sufren de la Policía.

El dueño de la “boca” va preso y debe suplantarlo su pareja. Si ella también cae, el negocio lo deben seguir sus padres o algún hijo.

La Policía detectó hasta niños de 10 años vendiendo droga. Es que el comercio no puede parar.

Si se detiene, es ultimado el dueño de la “boca” que cumple condena en una cárcel. Como ya se dijo, la garantía del negocio es la vida.

Para frenar la ola de violencia que azotó Peñarol, la Policía creó una fuerza de tareas compuesta por varias unidades dedicadas al patrullaje y a la investigación del tráfico de estupefacientes al minoreo.

“Desde fines de mayo la situación estaba calma en Peñarol. Sigue operando la misma fuerza. Lo que ocurre es que es difícil poder reprimir los homicidios. Pero vamos a estudiar qué ocurrió con las muertes. La principal hipótesis es que están ligadas al microtráfico”, dijo una fuente de la investigación a El País.

Y agregó: “Se trata de consumidores que venden droga. El consumidor también está dentro del negocio”.

En lo que va de 2022, Peñarol fue la escena de 14 asesinatos. La mitad de ellos ocurrieron en mayo, durante una escalada que alcanzó los 43 homicidios en ese mes.

El 9 de enero ocurrió el primer caso allí. Un joven de 22 años fue asesinado de varios disparos y su hermano, de 19, también fue atacado y resultó herido. Ambos tenían antecedentes penales por hurto.

Dos días más tarde, atacaron una casa a balazos. Lo hicieron alrededor de las tres de la tarde y mataron a un hombre de 32 años. Tenía tres antecedentes, uno de ellos por homicidio.

El 10 de marzo, una comerciante -que era policía retirada- asesinó a un delincuente que intentó rapiñarla a las 9.30 de la mañana.

El 14 de abril hallaron a un hombre sin vida adentro de un auto con varios impactos de bala. Tenía 32 años y no poseía antecedentes penales. Los policías fueron hasta el lugar porque vecinos alertaron que había un enfrentamiento.

En mayo se dio el récord. Dos días antes que termine el mes, un comerciante de 63 años fue asesinado en una intento de rapiña y su esposa resultó herida. El agresor se dio a la fuga. Cuatro días después detuvieron a un joven de 18 años como sospechoso.

El 28 de mayo se constató otro homicidio luego de que dos hombres le dispararan a un tercero “sin decirle nada”. Pese a que los vecinos avisaron a la Policía, cuando ellos llegaron el hombre ya se encontraba sin signos vitales.

Entre el madrugada del 10 de mayo y la noche del 11 hubo cinco asesinatos en la zona. Dos hombres fueron acribillados; a otras dos personas las hallaron semicalcinadas sobre las vías del tren y la última víctima estaba a dos cuadras de allí, también semicalcinado y desmembrado.

Durante esta sucesión de asesinato, Fiscalía y Policía ordenaron ocho allanamientos en bocas de droga de la zona y hubo varios detenidos.

Finalmente, el miércoles pasado se conoció el triple homicidios de la mujer y los dos hombres que eran conocidos consumidores de la zona.