El Instituto Nacional de Colonización (INC) sostiene que modificaciones a la ley de Colonización de tierras que están acordadas en el Parlamento, "constituirían la privatización de recursos pertenecientes a la sociedad, del orden de los US$ 800 a US$ 1.000".
Las divergencias refieren a las tierras que la ley excluye de ser afectadas al INC. Con el texto acordado por el Frente Amplio y la oposición, la exclusión alcanzaría a unas 150 mil hectáreas, pero para el INC debe abarcar sólo a 22 mil hectáreas.
El directorio del INC emitió un comunicado en que considera que el cambio que maneja el Legislativo desarticularía la colonización "provocando un retroceso en la justicia y el equilibrio social del medio rural". Resalta que nunca se intentó una modificación semejante, "ni aún en los períodos de políticas económicas más neoliberales".
Con los votos del FA, el Senado pasó las modificaciones acordadas con la oposición nuevamente a la Comisión de Ganadería de esa cámara.
La decisión fue a pedido del presidente José Mujica, que quiere contar con la opinión del nuevo directorio del INC -que asumirá próximamente- previo a que se aprueben los cambios. El nuevo directorio del INC será presidido por el ex ministro de Ganadería Andrés Barterreche y lo seguirá integrando su actual presidente Gonzalo Gaggero, quien comparte la posición del actual directorio y de los servicios jurídicos del INC.
Gaggero dijo a El País que la única condición que el INC pone a la venta de tierras afectadas para los colonos es que pase a otros colonos (trabajadores rurales) y no a multinacionales, estancieros o extranjeros.
Afirmó que la ley 18.187 habilitó regularizar ventas no autorizadas, pero con la condición que si la venden nuevamente sea a colonos. Acotó que fallos de la Corte consideraron legal esto.