El sistema político quiere poner límites a la actividad de la Inteligencia estatal y saber con qué recursos cuenta el nuevo coordinador nacional. La idea es que exista una ley nacional de Inteligencia y que se apruebe por consenso.
Un proyecto de ley del diputado colorado José Amy, presidente de la comisión de Defensa, apunta a crear un marco regulatorio de la actividad de Inteligencia estatal, dado que se considera que la reglamentación aprobada hace unos días por el Poder Ejecutivo es "poco clara" sobre los aspectos que se quiere controlar.
Particularmente, el proyecto de ley pretende que se fijen por ley los "límites de autoridad, la tarea específica y los recursos que se manejarán", según explicó a El País el legislador de Vamos Uruguay.
Según Amy, esta tarea de coordinar y desplegar la Inteligencia del Estado conlleva una parte encubierta que en el ámbito internacional "puede afectar las relaciones entre los países" y, en el plano individual, "se encuentra siempre en conflicto con la libertad y privacidad de las personas".
"Sólo sabemos que el cargo existe hace cinco años, que está en el ámbito de la Presidencia y que se rige por el régimen de "particular confianza", resumió el legislador.
Amy pretende que este marco que propone se discuta entre todos los partidos y que sea un insumo para la ley nacional de Inteligencia que el gobierno propone crear. "El país necesita un verdadero sistema nacional de Inteligencia eficiente, coordinado, orientado por el más alto nivel de conducción política y sometido a los controles imprescindibles", afirmó.
DUDAS. Bajo la presidencia de Tabaré Vázquez, el gobierno tomó cuenta de la disparidad de esfuerzos y recursos materiales y humanos que el Estado dedica a las actividades de Inteligencia.
Se decidió, entonces, crear un cargo de coordinador a nivel nacional para centralizar esas tareas, pero hasta el presente no se había ocupado por distintos motivos.
La administración que encabeza José Mujica encontró a la persona que consideró idónea para el cargo de coordinador de Inteligencia del Estado, que es el ex integrante del MLN-T Augusto Gregori, que tiene la función de centralizar toda la información que elaboren los servicios militares y policiales. Gregori depende directamente del presidente. Tiene control sobre la Inteligencia policial, militar y civil, con las ramificaciones del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Prefectura Naval, Cancillería, Aduanas y Banco Central del Uruguay.
Hace dos semanas, Presidencia emitió un decreto reglamentario de la actividad del Coordinador Nacional de Inteligencia.
De acuerdo al texto oficial varios de los organismos fundamentales del Estado quedan "especialmente obligados" a suministrar información al coordinador del servicio.
El decreto también establece que en ningún caso las facultades podrán ser utilizadas para tareas "represivas, compulsivas, ni funciones de investigación criminal". Tampoco podrá influir en la situación "institucional, política, militar, policial, social o económica" del país, ni en su política exterior, "ni en la vida interna de los partidos políticos o los medios de difusión".
Sin embargo, a los políticos les quedan algunas dudas al respecto. Por eso, el diputado Amy presentó su proyecto preguntando hasta dónde podrá actuar Gregori.
Augusto Gregori, histórico del MLN
Augusto Gregori, de 65 años, integró la columna interior del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Estuvo preso desde 1969 hasta 1985, con períodos breves de libertad. Por primera vez cayó detenido el 9 de octubre de 1969, al día siguiente de participar en la toma de la ciudad de Pando. En 1971, Gregori tomó parte en la fuga masiva de 11 presos del penal de Punta Carretas. En 1972, fue uno de los primeros miembros del MLN-T en ingresar detenido al penal de Libertad y fue liberado junto con Mujica y otros por la ley de amnistía en 1985. Ya en democracia trabajó entre 1990 y 1995 en la Intendencia de Montevideo, luego pasó como asesor de la ex ministra de Defensa, Azucena Berrutti, y luego con Ricardo Prato en la dirección de Aduanas.