Pensiones: 60% no están registradas

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Se los conoce como "los terratenientes de las pensiones". Se trata de empresarios que poseen 10 casas de inquilinato y facturan unos $ 70 mil mensuales por cada una de ellas. Sin gastos en materia prima ni personal, con excepción del sueldo del "encargado" del establecimiento.

Estos "emprendedores" utilizan edificaciones de 12 o más habitaciones para alojar entre seis a ocho personas en cada pieza. De esa forma se genera un hacinamiento superior al encontrado en un asentamiento irregular, según relevamientos realizados por concejeros Vecinales de los barrios Centro, Cordón y zonas aledañas.

Los derechos de esos pensionistas son escasos: una cama y el uso del baño y la cocina colectiva. También deben cumplir estrictos horarios. Todo eso por $ 1.000 mensuales.

La mayoría de ellas no registran a sus pensionistas, violando así la Ley de Hotelería.

Esta norma establece que todo emprendimiento hotelero debe contar con un libro de altas y bajas de sus huéspedes, el cual deberá ser supervisado por efectivos policiales por lo menos una vez por semana. "Esas pensiones no van a la Policía, ya que funcionan en forma irregular", afirmó a El País el concejal vecinal del Zonal No. 2, Augusto Stanic,

Los dueños de las pensiones no registradas se amparan en vacíos legales para mantener su negocio. Una norma conocida por los pensionistas como "La Ley del Candado" habilita a los propietarios de las pensiones y casas de inquilinato a colocar un candado en la puerta de la habitación cuando el inquilino se atrasa en el pago de la mensualidad.

Sin embargo, dijo Stanic, esta ley no tiene relación con las pensiones, ya que en estas no se sirven alimentos como en un hotel.

Para los concejales vecinales, la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) no cuenta con suficientes inspectores para vigilar las piezas de todas las pensiones de la capital, lo cual queda a criterio de sus propietarios colocar dos o tres cuchetas en una pequeña habitación.

Aprovechando la ineficacia oficial o la desesperación de muchos uruguayos, los dueños de estos negocios ya ni se molestan en colocar en la puerta el cartel de "Pensión Familiar". Por ejemplo, sobre la calle Durazno, muchas pensiones están ocupadas en un 100% sin que sus propietarios realicen ningún tipo de anuncio.

CAMBIO. La senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP), Lucía Topolansky dijo a El País que el gobierno intenta revertir la situación de muchos montevideanos que padecen las malas condiciones de alojamientos de estas fincas.

A corto plazo, agregó, el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Mariano Arana, enviará un proyecto de ley al Parlamento que establece requisitos de funcionamiento para este tipo de alojamientos.

Las nuevas condiciones se aplicarán en forma progresiva, porque "se generaría un caos" si se cierran muchas pensiones en forma abrupta, dijo la parlamentaria frenteamplista.

Es que, agregó, la mayoría de estos emprendimientos funcionan en forma irregular y realizan "cierta explotación" a sus pensionistas. Se les cobra, agregó, "un precio desmedido" por el uso de una pequeña pieza.

"Estas pensiones no cumplen con la ley municipal. Si aplicamos mano dura, muchas personas quedarán en la calle", expresó.

TRANSICION. Muchas de estas pensiones son subsidiadas en forma indirecta por el gobierno.

Ante la escasez de viviendas y la demora que implica la construcción de soluciones habitacionales sociales para personas en situación de calle, las pensiones se transformaron en el "escalón siguiente" de los refugios, dijo a El País la coordinadora General del Plan de Emergencia (Panes), Berta Sanseverino.

"Para nuestros beneficiarios, el alojamiento en las pensiones se transformó en una transición entre el refugio y una casa definitiva. Muchos usuarios nuestros se alojan en pensiones en este momento", agregó.

La jerarca ministerial, algunos de ellos ingresaron a las casas de inquilinato cuando comenzaron a percibir el "ingreso ciudadano", mientras que otros ya que se encontraban allí.

Tras reconocer que el número de pensiones se habían reducido durante la crisis del 2002 y ahora "estaban resurgiendo", Sanseverino dijo que el Panes trabaja en coordinación con la IMM para controlar la calidad del alojamiento ofrecido por casas.

Según una investigación realizado por una red integrada por concejales vecinales y usuarios de pensiones, la mayoría de estos establecimientos cuentan con insuficientes espacios colectivos o estos son muy pequeños.

En las pensiones, dicen los pensionistas, la vida familiar se ve alterada en forma continua por la convivencia con otros huéspedes, la que se agrava si hay niños alojados en el establecimiento.

Por eso, dijo el concejal Stanic, el 90% de las pensiones no aceptan a núcleos familiares que tengan menores.

la cifra

$ 1.o00

Es lo que cobran las pensiones céntricas en Montevideo por una cama en una habitación compartida

Un relevamiento realizado por concejales vecinales calculó que en Montevideo funcionan unas 1.500 pensiones, de las cuales apenas un 40% (600) se encuentran registradas en la Intendencia.

Por el uso de la cama y de espacios colectivos como baños y cocina, el pensionista debe pagar $ 1.000 por mes.

La mayoría de las pensiones están ubicadas en la Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Palermo, Barrio Sur, Tres Cruces y Parque Batlle.

El 90% de los establecimientos no admiten niños.

Hace dos años, la comuna cerró una casa de inquilinato situada en la calle Francisco Canaro y Bulevar Artigas. Se trataba de una finca donde antes había funcionado una ex fábrica de tejidos.

Los inspectores del municipio encontraron allí a 80 personas distribuidas en 14 habitaciones. Algunas de las piezas tenían cuchetas triples.

Un relevamiento realizado por el Concejo Vecinal No. 2 (barrio Cordón y aledaños), registró a 109 pensiones que funcionan en esa zona capitalina.

Un 60% de ellas fueron denunciadas por ese Concejo a la IMM porque no estaban registradas, dijo a El País el concejal Augusto Stanic.

Por su parte, los integrantes del Concejo Vecinal No. 1 (Centro, Ciudad Vieja y barrios cercanos) elaboraron una reglamentación con derechos y obligaciones de los pensionistas y las pegaron en las puertas de dichos establecimientos. También las repartieron a los usuarios.

Según Stanic, el accionar de ese Concejo Vecinal provocó una "huida" de pensiones del Centro hacia los barrios Cordón, Parque Batlle y Tres Cruces.

Lo que ocurre, según explicó, es que los concejales céntricos prohibieron a los propietarios de las pensiones no registradas alquilar otra vez una pieza cuando su huésped la abandonaba.

"La habitación quedaba cerrada y el negocio comenzaba a dar pérdidas", explicó Stanic.

De esa forma, destacó, se eliminaron varias casas regenteadas por personas inescrupulosas que sólo querían obtener ganancias con la desesperación de muchos montevideanos.