Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) tienen a estudio el recurso de casación presentado por la fiscal penal Raquel González contra la decisión del Tribunal de Apelaciones que en 2010 ordenó la clausura del juicio contra los hermanos José, Dante y Jorge Peirano Basso y otros tres ex directores del Banco de Montevideo.
El recurso ya fue analizado por al menos tres de los cinco ministros de la SCJ. El máximo órgano del Poder Judicial se expedirá a fines de marzo sobre si el juicio penal contra los ex banqueros fue clausurado en forma correcta u ordena que el proceso siga su curso, dijeron fuentes judiciales a El País.
El fiscal de Corte, Rafael Ubiría, se excusó de opinar ante la casación presentada por la fiscal González en virtud de que siendo fiscal penal intervino en el expediente.
Por eso, quien se pronunció en la casación fue el fiscal civil Daniel Gutiérrez, que por ser el más antiguo en su cargo, por ley es quien debe subrogar al fiscal de Corte.
Gutiérrez compartió el criterio de su colega González en cuanto a que el proceso penal contra los ex banqueros debe continuar porque si bien el delito por el cual fueron procesados en 2002 (artículo 76 de la ley 2.230) fue derogado en 2008, en 2006 se había pedido su condena por otro ilícito diferente y aun más grave: "insolvencia societaria fraudulenta".
La fiscal González, en el recurso de casación que presentó ante la SCJ, planteó que el Tribunal de Apelaciones que clausuró el proceso, para tomar esa decisión, efectuó "una interpretación absolutamente literal, piedeletrista y descontextualizada" de la legislación.
El juicio fue cerrado en función del artículo 15 del Código Penal, que señala que cuando se elimina un delito o se disminuye su pena, eso implica "la cesación del procedimiento".
Pero para la fiscal González, como el pedido de condena se realizó por un delito diferente al que fue derogado, esa disposición no tiene incidencia y por eso, según su interpretación, el expediente fue clausurado en forma incorrecta.
INDAGATORIA. El proceso por el cual en 2008 se derogó el delito por el que habían sido procesados los ex banqueros está siendo investigado por el juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz y el fiscal Ricardo Perciballe.
La investigación se centra en la actuación del abogado Gonzalo Fernández, ex secretario de la Presidencia y ex ministro durante el gobierno de Tabaré Vázquez, y cuyo estudio jurídico representa a uno de los ex directores del Banco de Montevideo procesados.
El artículo 76 de la ley 2.230 fue derogado en el marco de la aprobación de la nueva ley de Concursos impulsada por el gobierno anterior.
El juez Díaz y el fiscal Perciballe quieren determinar si Fernández, integrando el gobierno, propició la derogación de esa antigua norma de manera de favorecer a su cliente.
El fiscal Perciballe pedirá la citación del ex presidente Tabaré Vázquez y de los miembros de su gabinete ministerial que firmaron la promulgación de la norma que derogó el artículo 76 de la ley 2.230.