EDUARDO DELGADO
El ministro de Vivienda, Carlos Colacce, el director de Casinos, Fernando Nopitsch, y el secretario general de OSE Daoíz Uriarte, deberán concurrir esta semana al juzgado penal de 17 turno.
Los tres fueron denunciados por el escribano Diego Rodríguez Olaso, funcionario de OSE, que los acusa de congelar las investigaciones sobre irregularidades en ese organismo y de haberlo trasladado a un lugar donde trabajan las personas que investigó y demostró que cometieron irregularidades, lo que le generó graves problemas de salud. Y agrega que muchas irregularidades continúan ocurriendo.
Rodríguez Olaso fue el instructor designado por los denunciados para realizar investigaciones administrativas sobre la locomoción contratada y el mantenimiento de la locomoción oficial de OSE, lo cual junto con otra información que el Directorio del ente denunció a la Justicia Penal derivó en el procesamiento con prisión de los ex directores Rodríguez Landoni y Hugo Granucci, el pedido de desafuero de los legisladores y también ex directores del organismo Juan Justo Amaro y Alberto Casas y el procesamiento de más de diez funcionarios de OSE.
En su denuncia, Rodríguez Olaso informa que dio cuenta por escrito de las irregularidades que ocurren en OSE -y en especial de su delicado estado de salud debido al traslado que sufrió- al presidente Tabaré Vázquez, al entonces secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, y al senador José Mujica. Pero no tuvo respuesta de ninguno de ellos.
El escrito de la denuncia detalla extensamente hechos y argumentos, en los que sostiene que los denunciados "actuaron con clara desviación del poder, apartándose de normas legales de la función", además de con "arbitrariedad" en perjuicio de su persona y de la administración.
Como ejemplo de la falta de voluntad del Directorio de OSE en continuar investigando las irregularidades que ocurrieron en el organismo antes de 2005, Rodríguez Olaso menciona que apenas iniciada la investigación administrativa y en tiempo récord, el Directorio aceptó la renuncia presentada por el gerente de servicios generales -el principal investigado- cuando tenía generados 224 días de licencia.
Rodríguez Olaso relata que Uriarte lo presionó para que termine la investigación antes de lo que tenía previsto, por el tiempo que requería el análisis de la profusa información recabada, y que luego fue elogiado por los miembros del Directorio debido al contenido de ese trabajo.
Sin embargo, luego fue trasladado al departamento de Transporte de OSE, el mismo lugar que investigó, "cuyas oficinas son un container", sin descripción de tareas, además de no incluirse en la resolución las razones de la misma. Eso "sólo puede tener una explicación racional, causarme un daño y degradarme".
En la boca del lobo, con personas que lo consideran un enemigo por las investigaciones que hizo sobre variadas y reiteradas irregularidades en esa oficina, la salud de Rodríguez Olaso comenzó a deteriorarse. En la denuncia agregó documentación médica de que tuvo riesgo a sufrir un infarto cardíaco o cerebral "por el gran stress emocional generado", en los más de dos años que trabaja allí. Si bien solicitó en reiteradas ocasiones el traslado a otra función, eso no ocurrió.
"¿Es normal que luego de felicitar a un funcionario en cumplimiento de su deber se le hubiera trasladado de inmediato al mismo lugar de las graves irregularidades?", se pregunta. Y responde que sólo existe una respuesta posible: No.
Añade que se siguieron dando irregularidades en el departamento de Transporte -como la contratación en forma directa para reparación de vehículos- lo que denunció pero no se investigó y sin embargo se amparó a los jerarcas involucrados.
Destacó que además del congelamiento voluntario de la indagatoria de irregularidades constatadas en el pago de los fleteros, hubo una clara decisión de no calcular el monto del daño a la administración por esas maniobras.
Cuando Granucci y Rodríguez Landoni fueron procesados la Justicia constató gastos excesivos en viáticos, asignación irregular de publicidad oficial y gastos por locomoción e irregularidades en las obras realizadas con el rubro denominado "Fondos Permanentes", entre otros. Según el auto de procesamiento, los jerarcas fueron remitidos a prisión por "la grave alarma pública generada por la entidad y naturaleza de los hechos atribuidos".