La decisión de la jueza penal de Maldonado, Adriana Graziuso, de expulsar de Punta del Este a personas con antecedentes y que no tienen un justificativo para estar en el balneario, reavivó la polémica por la ley de procedimiento policial aprobada bajo este gobierno.
Graziuso actúo, además, basada en una ley sobre "vagancia" y "mendicidad" del año 1941, hoy prácticamente en desuso.
Dos abogados, el constitucionalista Martín Risso y el penalista Diego Camaño, coincidieron en criticar la ley de procedimiento policial y en defender el derecho de libre circulación.
Risso dijo que esta ley tiene una "filosofía inconstitucional" que puede llevar a crear "ghettos", en tanto Camaño afirmó que la norma es "bastante mala".
En cambio, la jueza Graziuso cuenta con el apoyo de los operadores turísticos de Punta del Este.
"Acá se cumple con la ley. No puede ser que por 200 personas, a los 140.000 habitantes del departamento que viven del turismo se les vaya el negocio a la ruina", dijo el presidente de la Liga Comercial de Punta del Este, Héctor Araújo.
En el mismo sentido, se pronunció el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Luis Borsari. "El sector privado reclamó esto desde siempre. Ahora hay alguien que tiene las polleras bien puestas", sentenció.
Enfrentados
A favor - Jueza Adriana Graziuso
La jueza observó que personas que llegan a Maldonado tienen asuntos judiciales pendientes en su lugar de origen, lo que habilita a obligarlos a regresar.
En contra - Abogado Diego Camaño
El penalista Camaño dice que la jueza no tiene "base legal" para impedir la libre circulación de personas, aunque éstas tengan antecedentes judiciales.