Ofensiva empresarial contra ocupaciones

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PABLO MELGAR

Los empresarios vieron en el decreto que prohíbe las ocupaciones de oficinas públicas la oportunidad para frenar esta práctica en el sector privado. Tres laboralistas coincidieron en que la ocupación no encuadra en el derecho de huelga.

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) está promoviendo un análisis entre las gremiales empresariales afín de presentar una acción legal conjunta contra las ocupaciones. Para eso se ampararían en el decreto que autoriza el desalojo por la fuerza de dependencias estatales.

"Vamos a hacer algún planteo formal y puede haber alguna sorpresa. No somos optimistas de que esto sea recogido voluntariamente por el Poder Ejecutivo, por lo que utilizaremos los instrumentos que nos pueda dar el derecho", dijo a El País el asesor legal de la CNCS, Juan Mailhos.

Ayer los abogados laboralistas Eduardo Ameglio, Nelson Larrañaga y Augusto Durán Martínez coincidieron en una conferencia en la sede de la CNCS que el Poder Ejecutivo, con el decreto contra las ocupaciones en el Estado, dejó en claro un cambio de actitud que implica que no se reconoce la ocupación como una extensión del derecho de huelga.

Larrañaga, del estudio Ferrere, afirmó que en lo que va del año se han producido entre 21 y 25 ocupaciones de empresas por parte de sindicatos y subrayó que esta práctica es inconstitucional. Agregó que "la Constitución no reconoce la ocupación como parte del derecho de huelga", y afirmó que el Estado debería "animarse" a hacer uso de su derecho a la desocupación de los lugares de trabajo.

Para Larrañaga los argumentos que esgrime el gobierno para impedir las ocupaciones en el Estado son "trasladables" a la actividad privada.

"El gobierno debería organizar el mismo procedimiento de desocupación para los locales públicos que para la actividad privada", propuso el jurista.

Celebró que la tesis del gobierno para decretar la esencialidad en los servicios municipales sea que "el derecho de huelga no es ilimitado" y reclamó que se aplique también para el sector privado. "El gobierno tiene que ser un agente de modificación de las conductas sindicales y tiene las herramientas legales para hacerlo", afirmó.

Por su parte, Eduardo Ameglio, grado 4 de la Universidad de la República, defendió la actual ley de huelga y remarcó la necesidad de fomentar la práctica del preaviso de siete días previo a la toma de medidas.

Propuso que los servicios esenciales sean definidos en acuerdo con los trabajadores para evitar que el Estado sea juez y parte en el momento de definir la esencialidad.

Durán Martínez, catedrático de la Universidad Católica, centró su análisis en los derechos que afecta la ocupación de los lugares de trabajo. "Sin dudas la ocupación afecta el derecho de propiedad de los empresarios, también afecta la libertad de comercio e industria y la decisión de no adherir a la huelga. Cabe reconocer que estos derechos pueden ser limitados por ley. No basta que esa limitación sea legítima, se requiere razones de interés general. A mi juicio no existen esas razones para defender las ocupaciones", dijo el abogado.

OIT. El miércoles 15 los principales referentes de las relaciones laborales participarán de la conferencia de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que tendrá lugar en Santiago de Chile. Allí estarán por tres días el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, una delegación del Pit-Cnt, varios dirigentes de COFE y representantes de las cámaras empresariales. Las partes en litigio buscarán ser oídas por los jerarcas de OIT.

"La conflictividad vino para quedarse", aseguró ayer el presidente de la CNCS, Alfonso Varela, en respuesta a los dichos del presidente Mujica y del ministro Brenta que afirman que las movilizaciones son circunstanciales y que se están terminando. "El año que viene se van a dar argumentos pa-ra que la conflictividad tenga tanta efervescencia como ahora", advirtió.