Ocupaciones vuelven a provocar choque

Sentados a la misma mesa, representantes de las cámaras empresariales y de los sindicatos terminaron discutiendo ayer el mismo tema que ha dominado las relaciones laborales durante el último año: las ocupaciones de los lugares de trabajo. La escena se produjo al cierre de dos jornadas "sobre diálogo social", donde el Ministerio de Trabajo -promotor del evento- pretendió lanzar la discusión sobre una ley de negociación colectiva, que permitirá negociar "por empresa" y no sólo por sectores de actividad.

En un duro debate, los representantes del Pit-Cnt advirtieron que existe una "campaña" para "asemejar las ocupaciones con el delito". Los delegados de las cámaras negaron formar parte de una "campaña terrorista" y reiteraron que las ocupaciones son violentas e implican "justicia por mano propia". Además, las dos partes se reprocharon mutuamente no haber cambiado ni un ápice su posición sobre el proyecto de ley de negociación colectiva, en relación con una discusión sobre el mismo asunto realizada diez años atrás.

El ministro Eduardo Bonomi habló de la construcción de un "nuevo modelo de desarrollo" con un sistema de relaciones laborales de tres "pisos" que se complementan: fijación de salario mínimo, negociación por rama de actividad a través de los consejos de salarios, y por último la negociación por empresa a través de la ley de negociación colectiva. Este tercer piso es el que queda por implementar.

El objetivo de la ley que promueve el Poder Ejecutivo es "profundizar" el sistema de relaciones laborales. Bonomi explicó que hay elementos que no se pueden discutir en una negociación por rama y que deben negociarse a nivel de empresa, como pasa con la política de producción.

IRRESPONSABLE. El dirigente Jorge Mesa, integrante del secretariado ejecutivo de la central, inició su discurso marcando "condiciones positivas" y una "oportunidad única" para el éxito del diálogo social. Pero luego alzó la voz y denunció una campaña que quiere "asemejar" las ocupaciones con "el copamiento y asalto de los delincuentes".

"Señalamos el descompromiso y la irresponsabilidad que, respecto al diálogo social, tiene un planteo de este tipo, que se ha venido repitiendo desde hace meses", advirtió Mesa. Y se quejó: "¿Qué harían si nosotros dijéramos que un empresario al que se le murió un obrero en un accidente de trabajo es igual a que todos los empresarios atentan contra la vida de los trabajadores? Incluso podríamos tomar el porcentaje de violaciones empresariales a las normativas laborales y convertir eso en el escenario general que da marco a las relaciones de trabajo".

Mesa se dirigió al auditorio y ensayó una defensa de las acciones sindicales: "Miren, nosotros no cometemos ningún delito cuando ocupamos centros de trabajo. La mayoría de los casos de ocupación son en defensa de las fuentes de trabajo".

VIOLENCIA. La respuesta empresarial no tardó en llegar. El asesor letrado de la Cámara de Comercio, Juan Mailhos, aclaró que el empresariado no realiza una "campaña terrorista". Acto seguido reiteró conceptos ya vertidos por las cámaras empresariales: "Para nosotros la ocupación es violenta, sí señores. Implica justicia por mano propia y además un apartamiento de las normas de derecho".

Mailhos se refirió al decreto de prevención de conflictos, emitido por el gobierno, como una "solución jurídica de dudosa normalidad". Preguntó si el actual "marco de enfrentamiento" es el "ideal" para empezar una discusión sobre una ley de negociación colectiva. Y respondió: "No. Quizás llegó la hora de que el sector empleador condicione de qué modo se sentará a negociar los contenidos de esta ley".

"¿Cómo se puede negociar convenios colectivos, con ánimos de concesión, si estamos pensando en la amenaza velada de una ocupación?", agregó. Otro asesor patronal, Roberto Falchetti, sostuvo que "la dosis de enfrentamiento" existente entre las partes debería disminuir en función de una "dosis de cooperación".

Las dos delegaciones también se animaron a discutir sobre los contenidos que debería tener la ley, tema sobre el cual las cámaras empresariales y el Pit-Cnt negociaron entre 1996 y 1999 sin llegar a resultados concretos.

Y encontraron que hoy mantienen las mismas posiciones que en aquel momento. "Escucho a Miguel Oliveros (asesor de la Cámara de Industrias) y me asusto si estoy quedando como él. Es la misma opinión que tienen desde hace diez años", ironizó Milton Castellanos.

El dirigente sindical planteó dos premisas fundamentales frente a la ley de negociación colectiva: el "derecho a informar" al gremio sobre la situación de la empresa, y la "obligación de negociar" entre las partes. Aseguró que es "terrible" la diferencia entre la cantidad de convenios firmados el año pasado por los consejos de salarios y los firmados en años anteriores: "Cientos de convenios contra algunas decenas".

Sobre el mismo punto, el empresariado defiende la negociación voluntaria. "¿Cuál es la utilidad de obligar a alguien a negociar? Sobre esa base no se construye un diálogo profundo. La negociación debe ser libre y voluntaria", afirmó Oliveros.

INTERESES. En contraposición con anteriores anuncios sindicales, Castellanos adelantó que el Pit-Cnt "reclama y defiende" la negociación a nivel de empresa, si coexiste con la negociación por rama. En concreto, se mostró partidario de un "sistema articulado" de negociación colectiva con diferentes niveles, donde "no haya un núcleo preponderante".

Similar visión existe en el empresariado, aunque se entiende que debe "prevalecer" la negociación por empresa sobre la negociación por sectores de actividad. "Es en las empresas donde se destacan los intereses de las partes. Hay temas que es imposible negociar de manera grupal", afirmó Oliveros. Opinó que si choca un convenio por empresa con un convenio por rama, "hay que dar preferencia" al primero ya que "refleja lo más específico".

Oliveros marcó como "aspectos medulares" la firma de cláusulas de paz y advirtió que los trabajadores no deben participar en medidas sindicales durante la vigencia de los convenios. Las cámaras son partidarias de una negociación bipartita, reduciendo al mínimo la participación estatal.

El gobierno inició un debate con empresarios, trabajadores y legisladores con el objetivo de aprobar una ley de negociación colectiva, que incentive la negociación a nivel de empresa como complemento de la negociación "por rama" que se realiza desde el año pasado en los consejos de salarios de la actividad privada.

La ley podría tener un capítulo para la negociación en la órbita pública, entre los funcionarios del Estado y el gobierno. También se referirá a la prevención de conflictos y ocupaciones y sustituirá al decreto transitorio emitido tiempo atrás. Allí se reconocía la ocupación como extensión del derecho de huelga y se establecían ciertas reglas a la hora de tomar un lugar de trabajo.

Se utilizará como punto de partida la discusión realizada sobre este mismo tema entre el Pit-Cnt y las cámaras, entre 1996 y 1999. En aquella oportunidad hubo puntos de acuerdo y desacuerdo, pero la ley no se aprobó.

La elevada tasa de desempleo podría "persistir" a pesar de los consejos de salarios, dijo la economista María José González. Advirtió que es "un problema central no atendido en la negociación", donde "se negocia salario, no empleo". El ministro Bonomi, en cambio, afirmó que el gobierno ha aplicado "políticas de distribución" para revertir la situación. Y puso un ejemplo: en 2004 el PBI aumentó 12,3% y el empleo casi la mitad (6,6%). En cambio, en 2005 el PBI creció 6,6% y el empleo 5,5%.

El decreto de prevención de conflictos, emitido semanas atrás por el gobierno, no tiene relación alguna con la ocupación de los edificios públicos, dijo ayer el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi. El jerarca argumentó que la ocupación está prohibida en la órbita estatal, ya que el presidente Tabaré Vázquez dijo el lunes pasado "a todos los ministros" que "no se dejará tomar" los lugares públicos. Pero el Poder Ejecutivo sí reconoce la ocupación de empresas privadas, como parte del derecho de huelga. ¿Por qué esa diferencia? La explicación de Bonomi es simple: "impide el ejercicio del gobierno".

Agregó que cualquier jerarca de una oficina pública podrá "solicitar que se impida una ocupación". Sostuvo que no se necesita un decreto y que, de hecho, el decreto de prevención de conflictos no funciona para lugares públicos. "Son normas distintas y criterios distintos. El tripartismo no rige con las oficinas del Estado", advirtió.

Bonomi entiende que el gobierno no podría mediar con el propio gobierno, como establece el decreto: "El tripartismo funciona cuando el gobierno media con dos actores distintos. Si el que negocia es el gobierno, ¿quién media? ¿El gobierno? El decreto está redactado sobre la base de la aplicación de los criterios tripartitos. En el caso del Estado el tripartismo no camina. Y el decreto se refiere a actividades tripartitas".

En contraposición al anuncio del presidente, el director de Trabajo, Julio Baráibar, había afirmado el martes que las ocupaciones en lugares públicos podrían tolerarse si son realizadas por trabajadores del edificio donde se aplica la medida. Sobre el punto, Bonomi admitió sería "más lógica" una ocupación realizada por sindicalistas de la propia oficina que "por gente de afuera". Y apuntó que "no tiene demasiado sentido una ocupación de un lugar de gobierno realizada por quien no pertenece a ese sitio".

EJEMPLOS. En cambio, Baráibar dijo que "no es un problema de privado o público", ya que "si los porteros del Ministerio de Trabajo tienen un problema realmente serio y ocupan el edificio, yo estoy seguro que el gobierno entenderá que es más razonable".

"Si vos trabajás en un supermercado, podés ocupar el supermercado. Pero no podés ocupar el Banco República e impedir que la gestión del banco fomento se lleve a cabo. Vamos a ubicarnos: que cada uno ocupe el lugar de trabajo", afirmó el director de Trabajo.