No habrá sanción por visita a militar

La decisión de ocho generales del Ejército de visitar en su reclusión en el Regimiento de Coraceros al coronel retirado Tranquilino Machado, procesado como autor material del asesinato de un militante comunista en 1973, no les traerá mayores complicaciones a pesar de que el gobierno está considerando el episodio, dijeron a El País fuentes oficiales.

El presidente José Mujica y el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, analizan desde el domingo 12 el tema y si bien no lo consideran como algo menor, no está entre las prioridades de decisión, agregaron los informantes.

Machado fue procesado por el juez penal Ruben Saravia el martes 7 y dos días más tarde una delegación compuesta por los generales Daniel Castellá (jefe de la División Ejército I); Juan Villagrán (jefe de la División III); Domingo Montaldo (jefe de la Casa Militar de la Presidencia); Sergio D`Oliveira, Juan Saavedra, Neris Corbo, Nelson Pintos y Luis Pérez (ex comandante de la División I, hoy sin destino) lo visitó en su alojamiento de Coraceros.

Mientras se dirigían al establecimiento policial le avisaron por celular al comandante del Ejército, Jorge Rosales, quien se molestó por el hecho porque había ordenado que ningún oficial concurriera a visitar a Machado.

Pero los militares "no violaron ningún reglamento del Ejército, ninguna ley como tampoco la Constitución" al visitar a su camarada, precisaron los informantes.

Ni Mujica ni Rosadilla pidieron explicaciones a Rosales por lo que se estima que el tema se irá decantando por sí solo sin mayores consecuencias para los generales, quizás como un episodio más de la problemática relación de Rosales con los generales.

Rosales pasará a retiro el 1° de octubre, es decir dentro de tres meses y medio, y el Poder Ejecutivo no desea complicar más su gestión, añadieron las fuentes oficiales consultadas.

APELACIÓN. En tanto, la defensa de Machado, a cargo de los abogados Miguel Langón y Graciela Figueredo, presentará hoy martes 14 el recurso de apelación contra la resolución del juez.

Alegarán que el militar (que al momento del hecho ostentaba el grado de alférez) actuó bajo orden del mando superior y, además, el disparo que terminó con la vida de Peré se efectuó en el marco de un enfrentamiento.