La edila colorada Cristina Ferro cuestionó la instalación de un conjunto de curtiembres en el ex frigorífico Castro de La Teja. Según la legisladora departamental, no existen estudios ambientales que ameriten la instalación de un nuevo parque industrial en ese predio. Para Ferro, el proyecto municipal tiene "nombre y apellido". "Es para favorecer a la ex curtiembre Midovers, por un tema político", declaró a El País.
El proyecto se enmarca en un intercambio entre la Intendencia Municipal de Montevideo y el Banco República.
La comuna recibe algunos predios del ex frigorífico y a cambio entrega al banco algunos locales de la terminal de ómnibus del Cerro.
La cooperativa de la ex empresa Midovers (actual Uruven), que obtuvo un préstamo de US$ 800.000 del gobierno de Hugo Chávez gracias a gestiones del presidente Tabaré Vázquez, ocupó durante 11 años el predio en el que funcionó su planta industrial.
El edil nacionalista Daniel Graffigna sostuvo que el local del ex frigorífico se encuentra en muy malas condiciones y que "ni techo tiene".
"Los integrantes de Uruven han dicho en la Comisión de Desarrollo Económico de esta Junta que necesitaban seis meses más de plazo, porque el edificio que se iba a adquirir para que se instalaran en el ex frigorífico Castro no reunía las condiciones necesarias y suficientes. Por consiguiente, entendemos que en el corto y mediano plazo, tampoco se va a poder cumplir con las exigencias medioambientales como para que se instale allí una curtiembre", destacó Graffigna.
Por su parte el edil frenteamplista Óscar Curutchet destacó la importancia de establecer un polo de desarrollo productivo de pequeñas empresas en el ex frigorífico Castro.
"Esto va direccionado a las distintas curtiembres que tiene Montevideo, tratando de superar las dificultades que se han tenido en ese marco en el tema de contaminación. Entendemos que se facilita el control estableciendo el alojamiento de las curtiembres en ese predio que ingresaría a los bienes de la Intendencia Municipal de Montevideo", indicó.
INVESTIGADORA. Por otra parte, volvió a sesionar la comisión de la Junta que investiga supuestas irregularidades en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro (PTI).
Por primera vez, la oposición reconoció que la Intendencia comienza a tomar "cartas en el asunto".
"Comenzó la intervención directa de la Intendencia en lo que es la labor de la Comisión Administradora del parque (la Capit), de modo que nuestra prédica ha servido. A la Capit se le están retirando lentamente atribuciones. ¿A efectos de qué? ¿De que desaparezca? ¿Qué es lo que puede continuar haciendo y qué no?", se preguntó la edila forista Cristina Ferro.