Nace el Instituto de Empleo, que contratará bajo derecho

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SEBASTIÁN CABRERA

En pocos días, la vieja Junta Nacional de Empleo (Junae) iniciará el proceso de transformación hacia el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, una persona pública no estatal cuyos empleados se regirán por el derecho privado.

El proyecto de ley crea cargos y por eso es otro de los que tiene plazo constitucional para ser votado antes del 25 de octubre. De hecho, ingresó hace pocos días al Parlamento y la próxima semana deberá ser sancionado en ambas cámaras.

Más allá del cambio de nombre, el instituto tendrá mayor independencia con respecto al gobierno para administrar y gestionar los recursos del Fondo de Reconversión Laboral (FRL), aunque igual deberá tener el aval del Ministerio de Trabajo para usar los fondos estatales. El organismo aplicará las políticas de empleo en base a las líneas del Poder Ejecutivo.

Y se le asignan nuevas competencias, no vinculadas solamente a la capacitación laboral. Una de las novedades es que participará en la creación de un sistema de certificación de conocimientos, que permitiría que obreros con determinados oficios (como herreros o carpinteros) puedan certificarlo sin haber estudiado previamente (ver nota aparte).

El proyecto de ley fue negociado con sindicatos y cámaras empresariales durante casi dos años y durante ese período han estado en suspenso los cursos de capacitación del gobierno para trabajadores en seguro de paro, a pesar de que cada mes empleados y empresas aportan al fondo de reconversión.

CARGOS. Se pasará de tres directores en la Junae a siete directores que cobrarán sueldo en el instituto. El consejo directivo tendrá tres miembros del gobierno (el director general de empleo como presidente), dos de los sindicatos y dos de las cámaras empresariales.

Las cámaras empresariales rechazan que el nuevo consejo directivo tome decisiones por mayoría y no por consenso, como hasta ahora. El régimen actual de consenso "dificulta la toma de decisiones" y por eso se opta por un régimen de decisiones por mayoría, como es habitual en las personas públicas no estatales, dijo a El País la directora de Empleo, Sara Payseé. No obstante, se requerirá consenso para aspectos específicos, como proponer al Ejecutivo aumento, disminución o suspensión de aportes al FRL, así como para formular el presupuesto anual.

SITUACIÓN. Como la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) o la Caja Bancaria, el nuevo instituto será una persona pública no estatal. El personal se regirá por el derecho laboral común, sin excepciones. Así, los empleados que prestan funciones en programas de la Junae (unos 40) tendrán la opción de ser contratados bajo el nuevo régimen. Y se les podrá reservar el cargo de funcionario público por dos años.

El instituto podrá reclamar partidas presupuestales al Ministerio de Trabajo de hasta un 50% de la recaudación total del FRL. Hoy ingresan unos US$ 10 millones al año, entre aportes de empresas y de empleados. Así, el gobierno aportaría al fondo unos US$ 5 millones al día de hoy.

El nuevo instituto participará en la creación de un sistema de certificación de la capacidad adquirida en la experiencia laboral. Se trata de un régimen que se aplica en otros países, como Argentina o España. "Por ejemplo, si alguien trabaja como carpintero, podrá recibir la certificación de que tiene ese oficio, luego de que se establezca un perfil y actividades pre establecidas", explicó la directora de Empleo, Sara Payseé. Entre 2000 y 2002, el Ministerio de Trabajo estudió un sistema de este tipo, pero al final no se aplicó: "Sirve cuando hay un país en desarrollo y se generan puestos de trabajo, lo que no sucedió en ese momento. Hoy sí están dadas las condiciones para pensar en un sistema así".