Mujica: "duele mucho " que públicos "se nieguen" a trabajar seis horas

Decreto de seis horas. El presidente dijo que es "ético" que los públicos "trabajen por lo menos" seis horas diarias, porque "el que paga es el pueblo" Para COFE, el gobierno "tergiversa" el reclamo

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El presidente José Mujica dijo que "duele mucho" que los profesionales que prestan funciones en el Estado "se nieguen" a trabajar seis horas diarias. Desde COFE se indicó que los comentarios del mandatario "no sorprenden" porque es habitual que critique a los estatales.

A 13 días de que entre en vigencia el decreto que establecerá el nuevo régimen horario para los trabajadores de la Administración Central, y 48 horas después de que la Justicia rechazara una acción de amparo presentada por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Mujica volvió a defender ayer la decisión de que los funcionarios trabajen como mínimo seis horas diarias y 30 semanales.

"Los recursos del Estado son los que paga el pueblo y es nuestro deber tratar de retribuirlo proporcionalmente al esfuerzo que la gente haga", afirmó el presidente en su audición radial de M24.

"Al parecer somos unos desalmados; al parecer vamos contra el multiempleo; al parecer nos están diciendo de todo por cometer el pecado de pretender que la gente trabaje seis horas", ironizó el presidente.

Para Mujica, "es ético pedirle a los funcionarios públicos de este país que por lo menos trabajen seis horas" (ver aparte).

Y agregó que "duele mucho que señores universitarios se nieguen a trabajar seis horas", cuando existen grandes esfuerzos para que se cumpla con la ley que prevé un máximo de ocho horas de trabajo para los peones rurales.

Los dichos de Mujica llegan en un momento en que COFE acaba de perder una acción de amparo impulsada en representación de 78 funcionarios profesionales universitarios que plantearon que el decreto que los obligará a trabajar seis horas diarias es ilegal ya que no prevé un incremento salarial.

Además, según alegan, viola acuerdos y disposiciones internas de los organismos a los que pertenecen (ministerios de Turismo y Trabajo y Biblioteca Nacional).

En cuanto a ese argumento de COFE, Mujica dijo que de comprobarse que existen acuerdos previos que establecen cargas horarias menores, el punto será analizado.

"Es posible que por ahí exista algún papelito firmado de algún responsable. Cuando aparezcan los papelitos firmados que autorizaron analizaremos la situación", dijo Mujica.

"Nosotros no vamos a decir que hacemos como que pagamos y que los funcionarios hacen como que trabajan. Nosotros no pagamos, el que paga es el pueblo uruguayo que es el que paga impuestos, no somos nosotros, y nuestro deber es defender los intereses generales del pueblo uruguayo y ésta es una de las razones sencillas por la que en el marco de una política de cambios en el Estado hemos tomado esta decisión", añadió el mandatario.

"NO SORPRENDE". Por su parte, desde COFE, el secretario general del gremio, José Lorenzo (Joselo) López, expresó que los comentarios formulados ayer por Mujica "no sorprenden" porque "desde hace muchos años viene lanzando cuestionamientos hacia los funcionarios públicos, y eso se ha incrementado desde que asumió como presidente".

Consultado ayer por El País, López aseguró que desde el gobierno se "tergiversa" el planteo de COFE, porque la gremial, con las acciones judiciales y administrativas presentadas, no busca impedir el nuevo régimen de seis horas diarias, sino que el objetivo es que esa medida se acompañe con una adecuación de los salarios.

"Tiene que haber un aumento en los sueldos, porque si no esto se transforma en una disminución de los ingresos de los trabajadores", subrayó el secretario general de COFE.

López agregó que "no es antojadizo" que haya funcionarios que trabajen menos de seis horas diarias, sino que en realidad eso es el producto de acuerdos que se firmaron en su momento "porque no les podían aumentar los salarios".

APELACIÓN. COFE presentará el lunes un recurso de apelación contra la resolución adoptada el miércoles pasado por la jueza de lo contencioso administrativo Cristina Cabrera, quien desestimó una acción de amparo presentada por un grupo de 78 funcionarios estatales profesionales contra el decreto.

La jueza concluyó que la "reorganización horaria" que prevé el decreto "no violenta" el régimen jurídico que les es aplicable a los funcionarios. En su sentencia, Cabrera agregó que "no se advierte tampoco la violación del derecho al trabajo o del derecho a la debida remuneración salarial" planteada en la acción de amparo.

Por otro lado, López cuestionó que el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, haya asistido a la audiencia judicial y en su condición de abogado, haya representado al Poder Ejecutivo ante la magistrada.

"Que vaya el secretario de la Presidencia a defender al Estado en un juicio, es raro. Creo que el secretario de la Presidencia no está para esas cosas", concluyó el sindicalista.

Un nuevo paro por reclamos de COFE

El próximo miércoles 1° de diciembre, COFE realizará un nuevo paro en reclamo por el Presupuesto, que comenzó a ser votado ayer en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores.

Los estatales están disconformes con los aumentos previstos por el gobierno para todo el quinquenio.

La nueva movilización será de 24 horas en el interior del país y desde el mediodía en Montevideo, donde habrá una concentración en el sindicato de Antel (Sutel) para luego realizar una marcha hasta el Palacio Legislativo, dijo el dirigente José Lorenzo López.

El nuevo paro en reclamo por el Presupuesto coincide con el día de entrada en vigencia del decreto que obliga a los funcionarios de la Administración Central a trabajar seis horas diarias.

Tres visiones sobre la polémica de las seis horas

Bazzano: "No reclamamos jornadas de tres horas"

"Pensamos que la jornada de seis horas está bien. No reclamamos una de tres o cuatro horas. Pero hay que discutir una retribución salarial acorde a las exigencias", dijo ayer el dirigente de COFE Luigi Bazzano. El sindicalista, funcionario de la Biblioteca Nacional, entregó ayer una nota al presidente José Mujica, pidiéndole una reunión para analizar los planteos en torno a la jornada laboral de seis hora y también la relación del sindicato con las actuales autoridades de la Biblioteca Nacional.

Breccia: El objetivo es un "Estado más eficiente"

"Es interesante detectar tan importante reacción de la opinión pública ante un decreto que obliga a trabajar un mínimo de seis horas en el Estado. Es un fenómeno casi sociológico", dijo el secretario de la Presidencia de la República, Alberto Breccia.

El jerarca señaló días atrás que el objetivo del gobierno, al emitir el decreto que obliga a todos los funcionarios de la Administración Central a cumplir al menos seis horas diarias, es "hacer un Estado más eficiente, equitativo y al servicio de la ciudadanía".

Parrilla: "Gran mayoría" quiere iniciar demandas

El abogado de COFE, Daniel Parrilla, quien patrocinó a los 78 funcionarios profesionales que el miércoles perdieron la acción de amparo presentada contra el decreto de las seis horas, dijo que "la gran mayoría" de los empleados públicos con grado de profesionales universitarios pretende iniciar acciones judiciales patrimoniales contra el Estado. Alegarán el perjuicio que les causará el nuevo régimen horario que entrará el vigencia el próximo 1° de diciembre, según explicó el abogado.

EL DECRETO CRITICADO POR COFE

A partir del 1° de diciembre, todo funcionario de la Administración Central "no podrá en ningún caso tener un horario inferior a seis horas diarias de labor ni abarcar menos de 30 horas semanales", establece el decreto aprobado por el Poder Ejecutivo el 26 de octubre.

El decreto también fija una nueva regulación en cuanto a la permanencia en los puestos de trabajo. "Los funcionarios de la Administración Central deberán concurrir diariamente a sus oficinas y permanecer en ellas durante todo el tiempo establecido en los horarios respectivos, salvo las salidas ordenadas u autorizadas por su jefe o superior debidamente justificadas y documentadas", señala la normativa.

Por otro lado, el decreto también prevé la obligación de los jerarcas de las oficinas de controlar debidamente la asistencia y las llegadas tarde de los trabajadores. En ese sentido, se establece una escala de sanciones que van desde amonestaciones hasta suspensiones por 180 días.

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