MTOP estudia pedido de conciliación de empresa española

El ministro de Transporte, Víctor Rossi anunció hoy tras el Consejo de Ministros que el 8 de agosto se inaugurará la doble vía de la ruta 1, una construcción que supuso cuatro años de trabajo y que "tantas veces fue anunciada por anteriores administraciones".

La semana pasada una firma española, accionista de la ex concesionaria ruta 1, presentó un reclamo contra el Estado uruguayo por US$ 383 millones, con motivo de la decisión del Poder Ejecutivo de rescindir el contrato, mediante el cual la empresa que financió las obras del nuevo puente sobre el río Santa Lucía, tenía como contraprestación el cobro del peaje por 17 años.

Rossi señaló hoy que el pedido de conciliación está siendo estudiado por abogados del ministerio y advirtió que se cuenta con un plazo bastante amplio para contestar.

El jerarca adelantó que casi al mismo tiempo llegaron al Ministerio un par de expedientes más promovidos por empresas subcontratistas que participaron de la construcción de la ruta. Rossi explicó esta situación aludiendo a que después de cuatro años, el 1º de agosto se vencían los plazos para realizar algún reclamo y sostuvo que con estas presentaciones, las empresas y el consorcio lo que buscan es "dejar los plazos abiertos" dado que "no han encontrado los caminos para poder promover ningún reclamo contra el Estado uruguayo".

En este sentido, el secretario de Estado aseguró que estas compañías ya han presentado recursos de amparo y otras acciones judiciales que han perdido. Incluso resaltó que el consorcio ruta 1tiene obligaciones pendientes con la DGI y el BPS.

ESCENARIO. Rossi aclaró que lo que se difundió la semana pasada, alegando cifras importantes, es un pedido de conciliación y no un reclamo, lo cual implica la solicitud de comenzar a discutir determinados temas.

La cifra que se manejó de US$ 383 millones es la que hubiera podido haber recaudado, si la concesión se hubiera llevado adelante en el lapso estipulado de 17 años aproximadamente.

Según explicó el ministro, en su momento la concesión se otorgó, dado que la empresa ofrecía un plazo de ejecución de 20 meses, pero cuando el Frente Amplio asumió el gobierno en 2005, comprobó que las obras en las carreteras estaban paralizadas debido a irregularidades, que todavía están presentes. Además, se supo que el puente, que no estaba terminado, no se iba a poder terminar ya que el dinero que la compañía había recaudado en 7 años de consorcio estaba embargado por privados.

Fue en estas circunstancias, prosiguió Rossi, que el Poder Ejecutivo tomó la iniciativa de rescisión y se pudieron alcanzar, entonces, los resultados esperados: la culminación y construcción de la doble vía.