PAULA BARQUET
La Junta Nacional de Salud planea poner techo a los precios de compra de camas de CTI para evitar que impere la lógica de oferta y demanda, y así proteger las finanzas de ASSE. Desde el sector mutual temen que no se contemplen los costos.
La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) cuenta con 195 camas de áreas críticas de las 937 que hay en el país. El resto pertenecen al sector privado (654) y a otros organismos públicos (88). Las áreas críticas son los Centros de Tratamiento Intensivo (CTI) neuroquirúrgicos, cardiológicos, polivalentes, especializados para accidentes vasculares agudos, las camas para quemados y las camas de cuidados intermedios.
Con esos datos, actualizados al día de hoy, el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Luis Gallo, concluyó que la falta de camas es exclusivamente de ASSE y la solución a la demora que denuncian las emergencias móviles no es agregar capacidad de CTI.
Lo que Gallo planea implementar -y ya cuenta con la anuencia del ministro de Salud, Jorge Venegas-, es una regulación de los precios de camas de CTI. El jerarca dijo a El País que "hay que regular los precios del tercer nivel o de lo caro, para que después no haya remate".
A Gallo le consta que a ciertas mutualistas "se les va la mano con los precios y, según la oferta y la demanda, te pueden cobrar el doble de lo que cuesta la cama promedio".
"Queremos regular a nivel nacional. Es un trabajo muy arduo, hay que tener en cuenta muchas variables y recién estamos en los primeros contactos. Sabemos que es un tema fuerte que toca muchos intereses", admitió. Y agregó: "Vamos a regular el techo: de ahí para abajo podés cobrar lo que quieras, pero no para arriba". El precio de una cama hoy oscila entre $ 20.000 y $ 60.000 (ver aparte).
CONDICIONES. La idea no fue mal recibida por las autoridades de algunas mutualistas. Sin embargo, los consultados coincidieron en ciertos temores y condiciones que debería garantizar la Junasa en la regulación.
Fuentes del interior advirtieron que la medida sería adecuada en tanto "no obliguen a los privados, como sucede siempre, a atender pacientes a pérdida". Los precios deberían "respetar los costos de funcionamiento" de los CTI "con determinado margen a acordar", consideraron.
"Acá hay un problema de roles", opinaron: "La Junasa, el organismo máximo en la reforma, debe velar por el buen funcionamiento, pero no debe tener actitudes dictatoriales y exigir cosas que a las instituciones no les convenga hacer".
Varios consultados, de Montevideo y del interior, estimaron que "el problema de fondo es la gestión de ASSE con sus camas" y no los precios a los que debe contratar los servicios de los que carece. Afirmaron a El País que ASSE tiene dinero para afrontar los costos de los CTI, pero "lo gasta en otras cosas".
Un médico del interior señaló que "para ser un precio regulado y no generar la contracción de la oferta, el precio deber ser contra una prestación claramente establecida".
El gerente de una mutualista montevideana, que prefirió mantener el anonimato, manifestó su preocupación por la fijación de un precio único, ya que "cada institución tiene sus costos" en función de los salarios, los materiales y los gastos de amortización. "Si nos exigen un precio más bajo de lo que nos sale, nos impiden afrontar nuestras deudas", planteó.
Otro profesional reaccionó con más tranquilidad: "Si los precios que ponen son adecuados, me parece bien. Hay que ver cómo se fijan", concluyó.