Mitad de los ocupas tiene la solución asegurada

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El 50% de las familias que ocupan el edificio Varela ya aceptó la opción de realojo propuesta por el equipo que trata el tema. En diciembre la IMM lo declaró insalubre, entre otras cosas, porque su "pozo negro" es el sótano, que está desbordado.

Aunque la Intendencia de Montevideo y el Mides estiman que las fincas ocupadas en Montevideo son unas 500, y en la ciudad hay otros 85 edificios abandonados en medio del proceso constructivo -no todos están ocupados- el emblemático caso del edificio sobre la calle José Pedro Varela fue definido como prioridad a solucionar para todos los involucrados, por su elevada complejidad.

Allí viven 19 hombres, 30 mujeres y 43 niños (según el relevamiento de diciembre de 2011) en situación de extrema vulnerabilidad.

La Policía afirma que también funcionan bocas de droga y en medio del caos hay casos de personas que pertenecen al mercado formal de trabajo, como un guardia penitenciario, enfermeras y feriantes. De hecho, los que viven en peores condiciones son los que dependen exclusivamente de las ayudas del Mides.

Hace ya dos años que cada sector u organismo del Estado involucrado en la solución del problema definió personas a las que se les asignó trabajar exclusivamente en este caso.

Así fue que se conformó un equipo interinstitucional integrado por el INAU, ASSE, la IMM a través de las Policlínicas de la zona, el Municipio C, el Defensor del Vecino, el Mides y el Ministerio del Interior a través de la Policía Comunitaria, en el que unas 20 personas se tomaron el caso como propio y lograron un avance notorio en un problema que lleva siete años sin solución.

El "trabajo de hormiga" de estos años dio sus frutos, y en diciembre la Intendencia de Montevideo promulgó una resolución que declaró la insalubridad de la finca ocupada, entre otras cosas porque el edificio no está conectado al saneamiento, por lo que las aguas servidas y negras son arrojadas al sótano, que tras tantos años ya está desbordado, tapado también de residuos domiciliarios y en absoluta descomposición (ver aparte).

La solución, ahora sí, parece cerca, ya que las primeras familias serán realojadas en el correr de los próximos dos meses y los lugares vacíos serán tapiados y vigilados, para que no vuelvan a ser ocupados.

Actualmente, dado el avance del trabajo y la buena relación lograda con los ocupantes, quien lleva la bandera que parece encaminarse hacia la resolución definitiva es el Ministerio de Vivienda.

Allí, la directora nacional de Vivienda, Lucía Etcheverry, y sus asesores trabajan en los detalles para hacer efectivos los realojos en zonas que no serán reveladas, para "evitar la estigmatización de las personas", dijo. Etcheverry explicó que la situación es sumamente compleja por varios motivos: "uno es la situación de la finca (ver aparte) ya que el Estado no tiene manera de desalojarla".

La directora afirmó que "el 50% de las familias ya fueron entrevistadas y para ellas ya está definida, de común acuerdo, la mejor solución habitacional dentro de las tres alternativas posibles".

Las alternativas son, según la situación de cada uno, subsidios de garantías y alquileres del Ministerio de Vivienda para que puedan arrendar, la entrega de un Núcleo Básico Evolutivo (NBE) con el compromiso de algunas contraprestaciones, y finalmente a otros se les ofrecerá la opción de los refugios de 24 horas, explicaron desde el ministerio.

"CREATIVIDAD". Etcheverry dijo también que para la alternativa de subsidio de alquiler por dos años, por ejemplo, se hacen estudios según los niveles de ingreso -entre los casi 100 ocupas hay salarios de entre $ 2.000 y $ 7.000- y se les explica a los que pueden acceder "que además del alquiler van a tener que pagar luz, impuestos, agua, etcétera, cosas que ahora no pagan", dijo.

Además del fin humanitario del asunto, se realizarán realojos porque "la ley no tiene prevista una situación de estas características", dijo Etcheverry, y agregó que un grupo de especialistas se reunió el pasado jueves con representantes de la Suprema Corte de Justicia para buscar una solución.

"Tienen que aplicar la creatividad y buscar la manera de que se pueda hacer la ejecución", dijo, y agregó que la declaración de insalubridad fue clave para el avance.

Otro aspecto que hace compleja la situación son las características de las familias. Hay mujeres solas, madres con hijos, parejas jóvenes y muchos hombres solos, que de por sí son un problema. "Para los hombres solos no hay solución directa. No reciben ayuda de nadie", dijo Etcheverry.

Inés Giudice, una de las asesoras del ministerio que se especializó en el caso, adelantó a El País que "se está tramitando una pensión para hombres solos que tengan recursos o ingresos fijos, como cuidacoches, artesanos, malabaristas, etcétera". Algunas familias preguntan qué harán cuando se termine el subsidio. Giudice afirmó que "la intervención del equipo no termina en el realojo", sino que se los va a acompañar en todo el proceso que haga falta.

Sin embargo, las cosas están claras: "estamos dispuestos a esforzarnos con estas familias. Los que puedan llegar después a ocupar quedarán afuera y serán desalojados por la Policía", dijo Etcheverry.