Ministerio evalúa sancionar a Peri

El ministro de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán evalúa sancionar al fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez ante una serie de irregularidades administrativas al incumplir el compromiso de elevar informes solicitados por la secretaría de Estado.

En una resolución a la que accedió El País el ministro Guzmán pidió a Peri Valdez que informe "detalladamente" sobre la índole funcional, creación, legalidad, status presupuestal, dependencia y personal de la Unidad de Fortalecimiento Institucional y el Centro de Apoyo, dos organismos creados por Peri para coordinar el trabajo de los fiscales.

Esa solicitud fue realizada al Ministerio de Educación por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) en el marco de una acción de nulidad presentada por el fiscal civil Enrique Viana contra actos administrativos de Peri.

Viana presentó esos recursos al entender que los organismos creados por el fiscal de Corte son una forma de violar la independencia de los magistrados.

En el curso del estudio del recurso ese tribunal solicitó información a la Fiscalía a través del Ministerio. La secretaría de Estado pidió informes al fiscal de Corte. Sin embargo Peri no respondió a su jerarca sino que lo hizo directamente al TCA.

En la resolución con fecha 28 de enero pasado, Guzmán afirmó que el exhorto del TCA "fue contestado por el fiscal de Corte y no por el destinatario: la solícita diligencia que el funcionario tuvo para llevar al TCA su respuesta personalmente "de mano" no la tuvo para con su jerarca, que es a quien debía responder; el formalismo con el cual hizo sustituir la copia sellada —que debió obtener al acudir por sí mismo a la baranda— por una constancia unilateral de su Secretaría, no lo aplicó para abstenerse de contestar una correspondencia", señaló.

Guzmán señaló que "las omisiones indicadas resultaron incontrolables para el ministro, destinatario del exhorto y obligado legal a responder, en virtud de que el fiscal de Corte se arrogó la facultad de contestarlo...".

En el informe enviado al TCA, el fiscal de Corte en lugar de responder lo que se le pedía se limitó a señalar que "había operado el decaimiento de dicho acto administrativo".