Militares resistirán entrega a Argentina

L. NICROSI Y N. ROBA

Los militares José Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Rama y Gilberto Vázquez, que están detenidos en unidades del Ejército, le anunciaron al comandante en jefe del arma, Carlos Díaz que no están dispuestos a ser trasladados a Argentina, si la justicia da lugar al pedido de extradición. Aunque no determinaron qué medidas podrán adoptar en los lugares de reclusión, la intención de los retirados es "resistir" el traslado, según aseguraron a El País allegados a los ex uniformados. La decisión no sólo es conocida por Díaz, sino que abarca a la mayoría de los integrantes de la fuerza de tierra.

Además, la justicia argentina se dispone a solicitar más extradiciones de militares uruguayos por otros casos del Plan Cóndor. En el exhorto al que El País accedió (ver nota aparte), el juez Guillermo Montenegro afirma que estudia pedir en el futuro la extradición de los militares León Pérez y Juan Rodríguez Buratti, si se prueba su actuación "directa o indirecta" en los hechos. El querellante de la causa, el secretario de Derechos Humanos del gobierno argentino, Luis Eduardo Duhalde, había pedido incluirlos en el exhorto,

También anotó que en marzo de 2005 pidió a Brasil la extradición del militar Manuel Cordero.

Por su parte, los detenidos en Uruguay señalan que no tienen responsabilidad en el secuestro y asesinato de María Claudia García de Gelman, y menos admiten haber tenido una activa participación en la causa por la que la justicia Argentina solicita su extradición.

El juez argentino Guillermo Montenegro acusa a los militares retirados de ser responsables de la desaparición de decenas de detenidos desaparecidos de distintos países de la región. La amplitud de la causa caratulada "Videla y otros", generó sorpresa y malestar entre los detenidos, por entender que mientras en el marco del Plan Cóndor se sindica a quien integró la Junta de Comandantes en Jefe que gobernó Argentina a partir de marzo de 1976; se señala a los ex dictadores, Augusto Pinochet de Chile, y Alfredo Stroessner de Paraguay, en Uruguay, los mandos de la época no son mencionados, sino que la eventual culpabilidad recae en oficiales que tenían bajo rango durante el proceso militar, expresaron los allegados.

DESCARGOS. El juez Juan Fernández Lecchini asumió competencia en el pedido de extradición y pidió a su colega Aída Vera Barreto que le envíe el expediente por el cual decretó la orden de detención de los militares. Luego, dará traslado a la defensa de los indagados, de la pretensión de la justicia argentina para que puedan hacer sus descargos. En virtud de la complejidad del caso el juez decidió darles cinco días hábiles a los abogados para que respondan.

Los militares aún no finalizaron las consultas para la contratación de un penalista y un abogado especializado en derecho internacional, para que ejerzan su defensa. Subrayaron que también inquieta el hecho que pese a la detención, sigan adelante otras instancias judiciales iniciadas en Uruguay, como la del militante tupamaro Washington Barrios, por la cual declararán hoy Rama y mañana Gavazzo y Silveira.

En representación de la Fiscalía actuará Ana María Tellechea, que participó junto con Vera Barreto en las primeras actuaciones por estar de turno la semana pasada o el fiscal Eduardo Fernández Dovat, si se tiene en cuenta la fecha de recepción del exhorto.

mas extradiciones. Además del juez Montenegro, los jueces Norberto Oyarbide y Daniel Rafecas, trabajan en los casos de García de Gelman y Simón Riquelo; y de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, respectivamente y anunciaron que pedirán a Uruguay la extradición de militares.

Oyarbide pidió en agosto pasado información al juez Ricardo Míguez, como medida previa a la extradición.

Rafecas, que subrogó al juez Rodolfo Canicoba Corral al frente de la indagatoria de la muerte de los ex legisladores uruguayos, estudia solicitar la extradición de una nómina de militares, encabezada por el ex presidente Juan María Bordaberry.

A pesar de estar detenidos, los militares retirados no se encuentran en calidad de incomunicados. En la División de Ejército I y el Instituto Militar de Armas y Especialidades (IMAE), a José Gavazzo, Ernesto Rama, Jorge Silveira y Gilberto Vázquez, no se les impidió el ingreso de sus celulares. En ambas unidades, los ex uniformados cuentan además con un teléfono de línea en el casino ubicada en las proximidades de los dormitorios. Acceden a medios de prensa y tienen televisión y radio en el casino, donde permanecen la mayor parte del día. Tienen además libertad de movimiento dentro del lugar destinado para la detención y los familiares pueden visitarlos a diario. Los mandos superiores a cargo de cada unidad, tienen contacto constante con los retirados. "Están siendo tratados como oficiales superiores del Ejército", indicaron a El País allegados a los militares.

En una situación similar se encuentran Ricardo Arab y Ricardo Medina, quienes están alojados en Cárcel Central.

ACUERDO CRIMINAL. En la solicitud de extradición a la que accedió El País, el juez Guillermo Montenegro define a la "Operación Cóndor" como un acuerdo criminal, el cual se hallaba dedicado a la comisión de ilícitos y a la desaparición forzada de personas. Añade que el plan criminal disponía de "armas de guerra de gran poder ofensivo".

PERSECUCION. El juez afirma que "en lo atinente al binomio Argentina-Uruguay" se desprende previo a las desapariciones, la persecución sufrida por los afectados en su país de origen o su residencia posterior en Argentina o Uruguay, y que eso se logró "en virtud de los intercambios de información de inteligencia entre aquellos y a los seguimientos y detenciones ordenadas".

DESAPARECIDOS. En concreto, los responsabiliza de las desapariciones de los uruguayos: Washington Cram, Washington Queiro, Alberto Mechoso, León Duarte, Ruben Prieto, Ary Cabrera, Adalberto Soba, José Méndez, Francisco Candia, Ma. Emilia Islas de Zaffaroni y Jorge Zaffaroni. Señala que todos fueron vistos en el centro clandestino de detención "Automotoras Orletti". De Ma. Claudia García sostiene que "sin perjuicio de poseer nacionalidad argentina, habría sido secuestrada en este país (...) y trasladada al Uruguay".

ORLETTI. Afirma que se probó la actuación en el centro ilegal de detención, de oficiales uruguayos (menciona a los militares detenidos, a Julio Vadora -fallecido- y a Manuel Cordero -prófugo-) "tanto en la participación conjunta con fuerzas argentinas en los interrogatorios, así como también en los traslados hacia Uruguay".

PRUEBAS. El exhorto contiene siete carillas en las que se señalan pruebas aportadas al expediente, que entre ellas figuran los testimonios de Juan Gelman, Adolfo Pérez Esquivel, Rafael Michelini y Sara Méndez, entre otros. Asimismo, también se incluye un dossier "El capítulo uruguayo de la Operación Cóndor", elaborado por la secretaría de Derechos Humanos del Pit-Cnt.

IMPRESCRIPTIBILIDAD. Considera Montenegro que se trata de crímenes de lesa humanidad, o sea que se trata de delitos que no prescriben hasta que no aparece la víctima. Cita las convenciones sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de desaparición forzada de personas.