Mayoría de países bajó edad de imputabilidad

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J.L. AGUIAR / E. BARRENECHE

El debate sobre la rebaja de la edad de imputabilidad de los menores se ha dado en varios países de Europa y América, y su complejidad hace vacilar a veces a los legisladores.

En la vecina Argentina, el Senado aprobó la rebaja a los 14 años en julio del año pasado, con el voto unánime de los 43 legisladores presentes. La iniciativa llegó al Congreso luego del asesinato de un vecino de la localidad bonaerense de Valentín Alsina, acribillado a balazos por un menor de 14 años que pretendía robarle el auto. Ese homicidio colmó la paciencia de una sociedad que se ve desbordada por el aumento de la criminalidad juvenil.

En la discusión previa se argumentaba que Argentina era "una excepción" entre los países que habían reformado su legislación para combatir ese fenómeno, y se citaban algunos ejemplos: Ecuador, Venezuela, México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Honduras, donde la edad de imputabilidad está fijada en los 12 años; o de Chile, que rebajó el límite a los 14 años durante el gobierno de la socialista Michelle Bachelet, estableciendo que los menores podrán ser encarcelados hasta 10 años por delitos graves.

También en Europa se ha debatido sobre el problema (fuera de Gran Bretaña, donde la edad de imputabilidad oscila entre los 7 años en el caso de Irlanda, y los 10 años en los casos de Inglaterra y Gales).

En España, se redujo el límite a los 14 años durante el actual gobierno del socialista Rodríguez Zapatero.

Francia inauguró en los últimos tres años siete reclusorios diseñados especialmente para infractores con más de 13 años. Cada uno de estos centros carcelarios con un director y dos adjuntos, un personal de 36 educadores, un psicólogo y 12 especialistas en educación.

FUGAS. El debate sobre la edad de imputabilidad no tiene sólidos fundamentos si uno se limita a comparar las leyes internacionales, dado que las legislaciones presentan distintos matices y los sistemas de reclusión son diferentes.

En Uruguay, de hecho, un joven mayor de 13 años puede ser detenido, conducido ante el juez de menores, procesado -ya sea por homicidio, rapiña o lesiones- y recluido con privación de libertad en el INAU.

La responsabilidad del menor, sin embargo, es "atenuada" y la sanción "disminuida", ya que el Código Penal establece que un menor "no es imputable antes de haber cumplido la edad de 18 años".

En el ámbito judicial, nivel general, hay un sentimiento mayoritario de rechazo a la baja de la edad de imputabilidad, por consideraciones prácticas.

"No es el camino", afirma el defensor de menores Daniel Sayagués Laso. "Eso aumentaría la población carcelaria en unas 200 o 300 personas por año. Se agravaría el problema carcelario y no se solucionarían los delitos de los adolescentes, aunque podría evitar la reincidencia porque esos menores no se pueden fugar de las cárceles".

Sayagués estima que lo principal es "hacer que el INAU funcione bien".

Para eso, dice, "hay que crear por lo menos 200 nuevas plazas con seguridad suficiente para que no se vayan, cosa que no se está haciendo ni se piensa hacer".

"No se ha construido un solo metro cuadrado para adolescentes infractores en los últimos cinco años", afirma.

El fiscal de Menores Gustavo Zubía coincide en que reducir la edad penal "no sirve" porque el problema radica en que "el sistema no funciona".

"¿De que sirve recluir en la Colonia Berro a un chico, si se va a fugar tenga 17 años o 13?", se pregunta. "Si no hay guardia perimetral, si hay desidia en la custodia, la edad que tenga el menor recluido importa poco", sostiene. En 2009 hubo más de 900 fugas de menores de los centros de reclusión del INAU, según datos en poder de Sayagués Laso. "En promedio, el mismo menor infractor pasa tres veces por la Justicia".

Zubía ha hecho más de diez denuncias penales para que se investiguen las constantes fugas en la Colonia Berro.

"Lo más grave es que cada fuga representa el desconocimiento de un mandato judicial, porque un juez ordenó que ese menor fuera internado; y no poner bienes, seres humanos y organización al servicio de que ese mandato se cumpla, es una forma de desconocerlo", afirma, y recuerda que el artículo 89 del Código de la Niñez y la Adolescencia prevé que los menores deben ser recluidos en establecimientos y se debe asegurar su permanencia en el recinto. Según Zubía, "eso no se está cumpliendo".

El fiscal entiende que hay aspectos legislativos susceptibles de cambios y mejoras, "pero lo fundamental es que el Estado dé señales de eficiencia y capacidad para resolver los temas de la minoridad infractora dentro del marco legal establecido".

El fiscal de menores Gustavo Zubía admitió que, en los últimos 30 días se ha constatado "un leve descenso" de las fugas. Aunque no dispone de datos, mencionó por ejemplo que si en una tarde se fijaban cuatro audiencias, sólo podían celebrarse una o dos porque los otros encausados se habían fugado. "En los últimos 30 días eso se revirtió y se cumplen dos o tres de esas audiencias".

"Se estima que hay tres fugas por día del INAU, aunque no hay manera de acceder a una información confiable. El Directorio siempre trata de rebajar esas cifras", asegura el defensor de menores Daniel Sayagués Laso.

"El INAU está topeado por el gremio. Tiene un tope de 300 internados. Cuando la Justicia de Menores priva de libertad a dos o tres nuevos infractores, se `liberan` a otros dos o tres de la Colonia Berro. Esa `ley de cupos` se aplica sin una norma que la autorice, sin que haya un juez que decida quiénes salen. Eso lo decide un funcionario administrativo. Los trasladamos a Fulano y a Mengano a La Casona, que es un hogar abierto, no tiene cerco perimetral ni candado. Obviamente llegan y se van. Comen primero, duermen si están cansados. Y al otro día se van. Se van cuando quieren. Es parte del sistema", dice Sayagués resignado.