Los caminos tras el fallo de La Haya

RENZO ROSSELLO

La Corte de La Haya falló en torno al pedido de Uruguay. Ahora se abren, al menos, dos escenarios posibles para el conflicto que tiene enfrentado al país con Argentina por las plantas de producción de celulosa.

Un pronunciamiento favorable a Uruguay de la Corte Internacional de Justicia de La Haya poco podría cambiar la situación de bloqueo, al menos en lo inmediato. Le aportaría al gobierno argentino un elemento de peso para intentar disuadir a los asambleístas de Entre Ríos, pero su anunciada voluntad de no utilizar las fuerzas de seguridad para despejar las rutas podría derivar en una puja entre gobierno y asambleístas que bien podría consumir el resto del verano.

La alternativa del fallo neutro es desfavorable a Uruguay: que la Corte se declare incompetente para resolver en la materia, supondría el peor de los escenarios para el país.

Más debilitado en el plano jurídico internacional, virtualmente aislado en el regional -a excepción del respaldo que ha hecho explícito Paraguay- un fallo de esta naturaleza colocaría a Uruguay en la peor posición para una negociación impostergable.

"Existen sólidas razones para esperar que la Corte Internacional de Justicia recoja en su fallo nuestras pretensiones, normalizando así una situación que ha influido a formar a nivel internacional una visión de tensión política con Argentina que realmente no existe", aseguró ayer el canciller Reinaldo Gargano.

Más allá de la natural confianza del canciller en la resolución que hoy está dando a conocer La Haya, Gargano revela la intención firme de Uruguay de pasar a la fase negociadora apenas se levante el bloqueo.

Esta etapa tiene, incluso, una fecha precisa. El próximo viernes llega a Montevideo el embajador español Juan Antonio Yáñez Barnuevo. El enviado real traerá algunas fórmulas en carpeta y, para entonces, el fallo de la Corte, favorable o neutro, será historia. El diseño de una salida airosa para los dos países comenzará a delinearse en pocas horas más.

FALLO FAVORABLE. Si como confía la administración de Tabaré Vázquez, La Haya recoge los argumentos uruguayos y condena el bloqueo por entender que es violatorio de las normas internacionales, el problema pasa íntegramente al plano argentino. El gobierno de Néstor Kirchner estará obligado a acatar el fallo y a velar porque este se cumpla. De no hacerlo, Uruguay podrá recurrir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, organismo que sí tiene facultades para presionar a los países miembros a cumplir con las resoluciones del máximo órgano judicial.

Pero, de todas maneras, los asambleístas entrerrianos ya adelantaron su disposición a desconocer un fallo que los obligue a abandonar las rutas. "Esperamos el fallo sin ninguna expectativa porque no va a modificar en nada la decisión ya tomada de quedarnos en la ruta. Es unánime: sólo dejamos la ruta si se va Botnia", sentenció el asambleísta de Gualeguaychú Jorge Fritzler, uno de los activistas del ala dura de la Asamblea.

La persistencia de Gualeguaychú, respaldada por la del pequeño grupo que continúa bloqueando Colón y aún con la posibilidad de que otro grupo también reducido bloquée Concordia, dejará entonces enfrentados a los piqueteros con el Gobierno Nacional argentino. El cumplimiento del fallo estará en estricta correspondencia con la forma en que este sea enunciado por la ordenanza de la Corte. A menos que la sentencia fije plazos perentorios para que el Estado argentino la haga cumplir, habrá un margen para que el gobierno aliente una negociación con los asambleístas, dirigida a desalojarlos de las rutas y a asegurar la libre circulación.

FALLO NEUTRO. Esta podría suponer la peor hipótesis para Uruguay. En forma manifiesta durante sus alegatos Argentina pidió a la Corte que se declarara incompetente respecto del pedido de Uruguay. Adujo que el problema del bloqueo no se vincula con el tema de fondo que, a su juicio, es la presunta violación del Tratado del Río Uruguay.

Si finalmente la Corte se declara incompetente para entender en esta materia específica, el uso del bloqueo como mecanismo de presión se verá súbitamente fortalecido y aún, en la retórica de los asambleístas, "legitimado".

Esta situación dejaría a Uruguay en la peor posición para negociar una salida. Para empezar podría caer el principio que el presidente Vázquez instaló desde el comienzo de la crisis: con puentes cortados no hay diálogo.

No obstante, la razón por la que el gobierno uruguayo se ha mostrado convencido de que esta posición finalmente no será la final es la recordada cláusula 82 de la ordenanza del 13 de julio de 2006, que pedía a los dos países no emprender acciones que agravaran el conflicto. Dictamen que la Corte deberá recordar durante su fundamentación. De cómo lo haga y en qué contexto dependerá el futuro del conflicto.

Piquetes: "Sólo

levantamos el bloqueo

si Botnia se va de la

cuenca de río"

El 13 de julio de 2006 la Corte Internacional de Justicia desestimó por 14 votos contra 1 el pedido de medidas cautelares planteado por Argentina, manteniéndose pendiente el examen del tema de fondo que es la denunciada violación del Tratado del Río Uruguay.

El objeto del pedido de medidas cautelares o provisionales formulado entonces por Argentina era que la Corte ordenara la detención de las obras en marcha en Fray Bentos.

Para fundamentar su pedido, Argentina alegó que la suspensión de las obras era la única forma de contener lo que consideraba un peligro de contaminación inminente. En su fundamentación, la Corte entendió que Argentina no había conseguido probar este último extremo.

En la cláusula 78 la Corte aclaró que "Uruguay necesariamente carga con todos los riesgos relativos a los méritos que encuentre la Corte más adelante". Sobre este párrafo, Argentina ha argumentado que en la eventualidad de que la Corte falle finalmente en su favor en el tema de fondo, Uruguay deberá desmantelar las plantas construidas.

Sin embargo, la cláusula que tiene un valor estratégico para Uruguay es la 82, que establece: "... son deseos de la Corte que Argentina y Uruguay pongan toda la buena fe en los procedimientos de consulta y cooperación que previeron por el Estatuto de 1975, con CARU constituyendo el foro adecuado a este respecto; y en tanto la Corte anima a que en el futuro ambas partes se abstengan de cualquier acción que pudiera hacer más difícil la resolución del actual conflicto".

Sobre este párrafo basó Uruguay buena parte de su argumentación en las audiencias de diciembre para la solicitud de medidas cautelares sobre las que fallará hoy la Corte Internacional de Justicia.