Llamado: Antel busca nuevos guardahílos

En menos de una semana el gobierno adoptó varias medidas en su conflicto con los funcionarios "guardahílos" de Antel, que están en juicio con la empresa estatal y pretenden convertirse en funcionarios públicos. El miércoles votó la Rendición de Cuentas -donde se pasan todos los juicios laborales con el Estado a juzgados del Contencioso Administrativo-, dos días después intimó a los guardahílos a trabajar a tiempo completo y ayer Antel publicó un aviso donde se piden nuevos guardahílos.

Los funcionarios -que se dedican a la reparación e instalación de teléfonos en el interior- entienden que esta es "la excusa" para despedirlos, según dijo a El País su abogado Pablo Monsuárez.

Hay unos 200 guardahílos en todo el país, pero no todos están sindicalizados. Los trabajadores han rechazado contratos a término ofrecidos por Antel y ahora el ente llama a interesados a ocupar los cargos bajo esa modalidad. Los interesados deben inscribirse esta semana en la página web de Antel y se realizará un sorteo el martes 4 de setiembre. Los actuales guardahílos también pueden presentarse al llamado.

Los guardahílos comunicaron por escrito a la empresa pública el 2 de julio pasado que ya no estarían a disposición de la empresa todo el día, sino en el mismo régimen de cualquier otro empleado: ocho horas diarias, con domingos y feriados libres. Pero el viernes Antel intimó a todos los guardahílos a cumplir con el contrato y abandonar esa medida, incluidos los diez trabajadores que ya le ganaron un juicio a la empresa. "En el caso de ellos la Justicia reconoció que son trabajadores de Antel", indicó Monsuárez.

SORPRESA. La polémica se instaló la semana pasada cuando el Parlamento votó dos artículos de la Rendición de Cuentas que establecen que todos los juicios laborales contra organismos del Estado, incluido los que están en trámite, pasan de los juzgados laborales a los tres existentes en lo Contencioso Administrativo. El articulado también permite a los organismos del Estado y a los funcionarios públicos presentar recursos de casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) cuando se trate de asuntos cuyo monto supere las 6.000 unidades reajustables (US$ 81.150).

Los artículos en cuestión afectarán los juicios en trámite contra Antel de 132 guardahílos, así como cualquier otro conflicto pendiente de empleados contratados por el Estado. Los ministros de la Corte recibieron con sorpresa la noticia, ya que no fueron consultados. El Pit-Cnt también cuestionó la decisión por inconsulta.