ALEJANDRO NOGUEIRA
En Uruguay se politiza prácticamente cualquier problema, lo que es más rápido y virulento en tiempos preelectorales. Esa es la razón por la cual, en casi ningún tema hay políticas de Estado. Los sectores políticos consideran que tiene más rédito marcar perfiles y atacar al adversario que acordar políticas de mediano y largo plazo en los temas verdaderamente relevantes para los ciudadanos.
Sin embargo, en materias como las políticas macroeconómicas, la meta de la estabilidad y los equilibrios fiscales parecen haberse transformado en consensos suprapartidarios. Pero hasta ahí nomás, porque no ha hecho carne aún que hay que ahorrar para los tiempos de vacas flacas.
Al gobierno del Frente Amplio los tiempos económicos no le han calzado con los políticos. Y no guardó para los días lluviosos, por lo que afronta dilemas cargados de trampas electorales. Hoy sus espacios fiscales para atender los frentes abiertos son casi inexistentes y sólo podrá desvestir un santo para vestir a otro. Y sus decisiones van a estar guiadas por el cálculo electoral. O sea que habrá manotones aquí y allá, rezos para que el temporal pase rápido, y si no pasa, en el horizonte hay un gran ajuste fiscal, más recesivo y socialmente costoso -la deuda sigue allí y hay que mantener el buen nombre- hasta que los vientos externos vuelvan a empujarnos para adelante. La historia es conocida.
El sistema político se enfrasca en discutir si hay o no recesión, si la crisis es grande o mediana. Unos cargan las tintas de un lado, otros de otro, pero por ahora nadie parece dispuesto a sentarse a discutir qué hacer cuando la crisis esté instalada. Es una cuestión de tiempo. Sin duda hoy no hay recesión porque no han pasado dos trimestres de PIB negativo. Pero sin duda la habrá o, al menos, un gran frenazo económico de duración incierta. O sea que hay que definir estrategias para que el sufrimiento social sea el menor.
En el plano social el debate no está menos politizado. Los empresarios desparraman pesimismo y quieren aprovechar la coyuntura bajando los sueldos; los sindicatos quieren que los trabajadores no paguen el precio de la crisis, es decir, que lo paguen los empresarios y especialmente el Estado. Cuando hay crisis todas las partes pierden y pensar que es de otra forma es, al menos ingenuo. Distinto es administrar los costos y negociar las medidas paliativas, aún con recursos escasos.
También puede resultar algo ingenuo pretender que en pleno fragor electoral, con empates técnicos complicando el panorama, con empresarios que mayoritariamente no quieren un nuevo gobierno de izquierda, y con sindicatos dispuestos a politizarse como nunca para mantener al Frente en el poder y a exprimir al Estado (o sea al conjunto de los ciudadanos) al máximo, un plan común para afrontar la crisis no es más que un deseo bienintencionado. Sin embargo no es imposible; es un tema de madurez nacional. La crisis de 2002 aportó madurez, pero todo indica que hará falta aún soportar la crisis de 2009 para lograr un nuevo salto cualitativo.