Las alícuotas de 2007 están derogadas

El abogado tributarista Alberto Varela y el constitucionalista Ruben Correa Freitas coincidieron en que si la Suprema Corte falla que el decreto que establece los nuevos aumentos a la contribución es inconstitucional, para cobrar un nuevo tributo debe mediar una decisión formal de la administración.

Los letrados, que promoverán a contribuyentes en acciones de inconstitucionalidad por la contribución inmobiliaria, descartaron la tesis manejada por el director de Recursos Financieros de la IMM, Enrique Cabrera.

El funcionario sostuvo que si la Suprema Corte declara la inconstitucionalidad de las nuevas alícuotas, se aplicarán las de 2007, provocando subas de entre 30% 70%. Para Cabrera, según consignó ayer El País, si caen los actuales aumentos el 65% deberá por encima de lo ya abonado y "los residentes de Carrasco van a tener que desplazarse hasta la IMM para que se les devuelva la plata".

Varela señaló en cambio que la Intendencia, si quedan sin efecto las actuales alícuotas, deberá devolver la totalidad de lo pagado y establecer un nuevo tipo de sistema de ajuste porque el decreto anterior "no existe". Es como en el caso del IRPF: "no se vuelve al IRP porque este impuesto está muerto". Y si la intendencia no establece un nuevo decreto el contribuyente ni siquiera tendrá que pagar la contribución.

Correa Freitas, por su parte, coincidió que las alícuotas pasadas están derogadas y que la Intendencia "deberá respetar el fallo y establecer una nueva forma de ajuste que sea constitucional". "El ajuste es potestad de la administración respetando la Constitución y respetando el fallo de la Corte", señaló. "Si vuelven a las alícuotas de 2007 las tendrán que reimplantar de nuevo; no es automático", dijo.

Para el letrado el contribuyente deberá pagar al menos la contribución del año anterior, ya que lo que quedaría sin efecto es el aumento, y la IMM deberá emitir una nueva factura.

El letrado prepara los escritos por los cuales se accionará contra esta contribución y estimó que estarán prontos en 10 o 15 días. El Partido Colorado impulsa esta solución y atiende a los interesados en la Junta Departamental.

Correa Freitas dijo que los contribuyentes que interpongan la acción deberán acreditar que son propietarios y, además, que sufrieron un daño con el aumento del tributo.