La Corte quiere digitalizar sus archivos

PABLO MELÉNDREZ

La Suprema Corte de Justicia (SCJ), en su borrador de mensaje presupuestal enviado en los últimos días al Poder Ejecutivo, planteó la posibilidad de que se autorice al Poder Judicial a digitalizar su archivo actual y los documentos que se incorporen en el futuro.

La intención es pasar el Archivo Judicial a un soporte informático y "todos los procedimientos judiciales y administrativos", lo que "debidamente certificado mantendrá idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que el equivalente en soporte papel".

El borrador del mensaje presupuestal elaborado de la SCJ -al que tuvo acceso El País- señala que la Corporación "reglamentará el uso del sistema y su implantación gradual, quedando facultada para ordenar la destrucción de expedientes judiciales y administrativos archivados".

El ministro de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, explicó a El País que el proceso de digitalización de archivos se desarrollará en función de los recursos que finalmente sean asignados. Destacó que la idea se enmarca en la intención del Poder Judicial de ir eliminando poco a poco los expedientes de papel, para lograr más eficiencia y rapidez.

Por otro lado, la SCJ plantea contar, desde el 1° de enero de 2013, con una partida adicional anual de $ 8.400.000 para "contribuir, con un pago en efectivo exento de aportes, los gastos de alimentación de los funcionarios en los días trabajados y cuando por estrictas razones de servicio sean convocados a desempeñar una dedicación horaria que supere las ocho horas diarias efectivas".

SUELDOS Y CARGOS. En cuanto a los salarios, la SCJ prevé un aumento del 23,5% durante el quinquenio para todos los funcionarios técnicos y administrativos del Poder Judicial. Ese punto ha motivado un conflicto con la Asociación de Funcionarios Judiciales, que reclama un aumento diferencial para los funcionarios administrativos.

En cuanto a la creación de cargos, la SCJ reclama 15 puestos de juez letrado para Montevideo y el interior. También solicita crear seis cargos de ministro de tribunal de apelaciones y dos de suplente.

A su vez, se plantea la creación en Montevideo de dos nuevos juzgados de violencia doméstica y dos laborales. También se propone crear varios cargos administrativos, actuarios y defensores públicos.