"La autonomía financiera sigue siendo una prioridad"

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Tras haber ingresado en la Suprema Corte de Justicia en septiembre de 2009, asumirá mañana la presidencia anual de la corporación. En entrevista con El País anunció varios de los puntos que se plantearán en el presupuesto que se elevará al próximo gobierno. Dijo que Uruguay es un ejemplo de relacionamiento entre sus instituciones y elogió las mejoras de gestión en el Poder Judicial.

PABLO MELÉNDREZ

-¿Cuáles son sus prioridades como nuevo presidente de la Corte? ¿Qué cambios piensa impulsar?

-Vamos a continuar con los proyectos que ya se venían trabajando en materia de modernización informática, extendido al sistema de notificaciones informáticas a todos los juzgados del país, ya que actualmente sólo se utiliza en Montevideo. Además, se pretende comenzar a aplicar un sistema de Gestión de Tribunales, que permitirá que luego de la presentación de la demanda en papel, todo el proceso se desarrolle en soporte informático. La intención es realizar una experiencia piloto este año, y generalizarlo a todo el país en 2011. Por otro lado, a nivel edilicio, es muy bueno lo que se ha hecho en la ex sede de la Dirección General Impositiva, en Rondeau y Valparaíso, donde se van a instalar 18 juzgados de Familia. También se habilitará un edificio en la calle Juan Carlos Gómez donde se instalarán 12 juzgados penales que tendrá entradas y circulaciones independientes para el público, los abogados y los detenidos. En tanto, el resto de los juzgados penales van a ir a donde ahora funciona el Centro de Instrucción Criminal, lo que permitirá concentrar todos los juzgados penales de Montevideo en dos manzanas.

-¿Qué tiene previsto plantear la Corte a nivel presupuestal al próximo gobierno?

-De las pocas cosas que pudimos prever en el mes de diciembre es que se harán planteos similares a los realizados en años anteriores. Por ejemplo, se va a reiterar la necesidad de crear presupuestalmente 15 cargos de asistentes jurisdiccionales para los Tribunales de Apelaciones, que deberán sumarse a otros dos cargos, porque se va a pedir la creación de otros dos tribunales que, en principio, serían uno Penal y otro Laboral. Además, se pedirá la creación de algunos cargos -no demasiados- de jueces letrados en el interior así como la creación de juzgados en materia Laboral, que fueron rechazados.

-¿Todo esto implicará un aumento del presupuesto?

-En general, aumentos se plantean todos los años, y este no será distinto. Se tratará de hacer planteos moderados, fundados y posibles a los efectos de lograr éxito en nuestras aspiraciones.

-¿Considera viable que se pueda replantear el tema de la autonomía financiera del Poder Judicial?

- Esa es una histórica aspiración. Es un proceso que busca mejorar la situación de muy mediana autonomía que tenemos hoy. Por supuesto que es notorio que esa aspiración continúa vigente, incluso yo he abogado por ello durante años desde la Asociación de Magistrados, por lo que seguirá siendo una prioridad.

-En la campaña, Luis Alberto Lacalle propuso aumentar de cinco a 11 los miembros de la Corte de Justicia para formar dos cámaras, y que una se ocupe de las casaciones y otra de las inconstitucionalidades. ¿Se podría hacer un planteo de ese tipo?

-La Corte no tiene previsto hacer ningún planteo en ese sentido dado que no requiere aumentar sus miembros para poder afrontar el trabajo. Es notorio que en los últimos años la Corte ha ido mejorando su sistema de gestión interna. También es notorio que a diferencia de varios años atrás, la Corte se encuentra perfectamente al día, porque las casaciones e inconstitucionalidades son resueltas en el plazo de un año.

-¿Qué balance hace de la relación del Poder Judicial con los otros poderes del Estado, y en especial con el Poder Ejecutivo durante la gestión de Tabaré Vázquez?

-Ha sido buena. En general, Uruguay tiene un muy buen relacionamiento entre sus poderes, aunque por supuesto ha habido como ocurre en cualquier democracia algún chisporroteo en algún caso muy puntual; pero la realidad indica que al igual que en los gobiernos anteriores desde el retorno de la democracia, el relacionamiento entre los poderes ha sido ejemplar. Y por eso Uruguay es un ejemplo internacional por su relacionamiento institucional.

Nombre: Jorge Chediak González

Edad: 58 años. Nació el 7 de octubre de 1951.

Otros datos: Está casado y tiene tres hijos

Tras 16 años como ministro de Tribunales de Apelaciones, Jorge Chediak, fue designado en septiembre de 2009 como miembro de la Suprema Corte de Justicia, el máximo cargo al que puede aspirar un juez uruguayo. Mañana a las 9:30, en un acto protocolar que tendrá lugar en la sede de la SCJ, asumirá la presidencia anual de la corporación. Chediak inició su carrera de magistrado en 1978, dos años después de haberse recibido de abogado. Ejerció como juez en Durazno, Salto, Maldonado y Montevideo. Fue directivo de la Asociación de Magistrados.

Consultado sobre la polémica decisión de la jueza penal de Maldonado, Adriana Graziuso que, en coordinación con la Policía, comenzó a aplicar el criterio de expulsar de Punta del Este a personas con antecedentes y que no tengan domicilio fijo, Jorge Chediak prefirió no pronunciarse por "respeto a la independencia" de la magistrada Graziuso.

Sin embargo, señaló que "no hay zonas vedadas para los ciudadanos dentro de la República". "Lo que sí es claro -agregó- es que entre las tareas que tiene el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior y el Poder Judicial no solo está la represión de los hechos delictivos que puedan cometer los ciudadanos, sino también la prevención de esos hechos, porque la legislación vigente permite determinadas preventivas para no solo correr detrás de los delitos que se cometen. Y eso es claro en lo que señala la Ley de Procedimiento Policial".