INTERNA NACIONALISTA

Luis Lacalle Pou reiteró que debería dar un paso al costado

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) emitió por unanimidad un duro veredicto sobre el intendente de Soriano, Agustín Bascou, porque entiende que se benefició económicamente al permitir que vehículos municipales cargasen combustible en estaciones de servicio de la ciudad de Mercedes que eran de su propiedad, más allá de que reconoce que la comuna no sufrió un perjuicio económico por ello.

Ante esto el senador Luis Lacalle Pou reiteró que a su juicio el intendente debería dar un paso al costado. "Ustedes ya saben lo que opino. Cuando me preguntaron por primera vez fui claro, lo que incluso me trajo algún tipo de inconveniente dentro del Partido. Ahora sostengo lo mismo que en aquel momento: que estuvo mal, que eso no se hace. Dije que el dictamen de la Comisión de Ética fue muy leve y que había atado de pies y manos la resolución del Directorio. Esto abona la tesis que sostuve. No cambio el criterio. Si revisan mis declaraciones de hace un mes, ahí está lo que sigo pesando", dijo a la prensa.

Mientras, en Alianza Nacional, sector al que pertenece Bascou, declinaron hacer comentarios.

En su decisión, la Jutep sostiene que "a diferencia de lo que sostiene el señor Bascou, este Directorio entiende que efectivamente en su carácter de Intendente adoptó decisiones y firmó convenios que generaron y/o pudieron generar beneficios económicos a las estaciones de servicio propiedad de las sociedades comerciales que integraba". La Jutep recuerda que en 2014 la intendencia de Soriano firmó un convenio con el Sistema de Control Vehicular (Sisconve) de Ancap cuando el intendente era Guillermo Besozzi que tenía vigencia hasta que terminara el mandato de este y que establecía que si la comuna no se pronunciaba luego en contrario en un plazo de seis meses, el acuerdo se prorrogaba. "Esto implica que si el intendente Bascou no firmó el contrato original, sí le correspondió la decisión de renovarlo o no, y al no pronunciarse en contrario en el plazo previsto, decidió la renovación. Esta decisión adoptada como intendente generó beneficios económicos para las estaciones de servicios en las que la intendencia cargaba el combustible adquirido a Ancap, y en particular para las tres estaciones en cuyas sociedades tenía participación el señor Bascou", sostiene la Jutep.

El organismo entiende que Bascou violó el artículo 21 de la ley 17.060 y varios del decreto 30/003. Allí se establecen los principios que deben respetar los funcionarios públicos.

La Jutep recuerda que los artículos 17 y 29 del decreto 30/003 establecen que se debe comunicar "cualquier tipo de implicancia". "El señor Bascou no dio cumplimiento a esta normativa" porque no presentó una declaración jurada, que es obligatoria, aclarando que era propietario de las estaciones.