Justicia interviene yate de 500.000 euros en Piriápolis

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MALDONADO | MARCELO GALLARDO

La jueza penal de 2° turno de Maldonado Adriana Graziuso investiga la presunta infracción cometida por los propietarios de un lujoso yate que se encuentra amarrado por disposición judicial en el puerto del balneario de Piriápolis.

El caso fue denunciado dos meses atrás por efectivos de la Prefectura Nacional Naval por considerar que el barco, valorado en unos 500.000 euros, está "flojo de papeles". Esto es, que la documentación no se encontraría plenamente en regla.

La magistrada ordenó que la embarcación fuera requisada y estableció una prohibición para que esta zarpe hasta que haya sido analizada la documentación exigida a sus dueños, indicó la jueza a El País.

Por eso la embarcación tiene unos carteles adheridos que especifican que se encuentra "prohibido el acceso por orden judicial", una restricción que los mismos propietarios deben cumplir.

Por tratarse de un asunto relacionado con el contencioso aduanero y con la eventual pérdida de renta fiscal, la fiscal Estela Llorente pidió a la jueza una serie de actuaciones y diligencias tendientes a probar si se trata de una infracción aduanera o de un contrabando, indicaron fuentes del caso.

El "Delaware USA" es un crucero de la línea Sealine con matrícula DL1587AC expedida por las autoridades marítimas de Delaware, el estado de los Estados Unidos caracterizado por autorizar sociedades anónimas offshore empleadas para comprar aeronaves, naves y todo tipo de operaciones financieras.

YATE DE LUJO. El "Delaware USA", tiene 50 pies (15 metros) de eslora (largo) y es considerado como un yate de lujo equipado con todo el confort para la navegación costera.

El yate ahora bajo intervención judicial ingresó a aguas territoriales al amparo de lo establecido por la ley Nº 18.007 que regula la permanencia en el país de embarcaciones de bandera extranjera.

El artículo 1º de la referida ley habilita a las embarcaciones deportivas o de recreo de pabellón extranjero, que arriben al país por sus propios medios, su permanencia sin límite de tiempo, pudiendo ser sus propietarios o usuarios, personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras radicadas o no en el país. A partir de los nueve meses de permanencia en el país, los propietarios o usuarios de las embarcaciones de hasta seis toneladas de registro bruto deberán pagar a la Prefectura Nacional Naval un tributo anual de 10 unidades reajustables, a la cotización actual de la UR serían $ 5.185,80.