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Justicia absolvió a Lorenzo y condenó a Calloia por abuso de funciones en caso Pluna

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Fernando Calloia y Fernando Lorenzo. Foto: María Inés Hiriart

poder judicial

La jueza Mainard desestimó el pedido de la Fiscalía contra el exministro de Economía pero aceptó el del expresidente del Banco República.

La jueza María Helena Mainard decidió no hacer caso al pedido del fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, quien había solicitado la condena al exministro de Economía Fernando Lorenzo por el delito de abuso de funciones en el caso Pluna, ya que no encontró elementos para hacerlo, informaron a El País fuentes del caso.

No obstante, sí decidió condenar por el mismo delito al expresidente del Banco República (BROU), Fernando Calloia, ya que, según explicaron las fuentes a El País, "fue quien dictó el acto administrativo que otorgó el préstamo a la empresa Cosmo. Luego fue aprobado por el directorio, pero él dio órdenes a sus subordinados sobre este aval".

La sentencia contra Calloia implica que no podrá presentarse para cargos públicos por dos años, tendrá que pagar una multa de 1.000 UR ($ 1.021.040), y será condenado a 20 meses de prisión. Sobre este último, Mainard decidió concederle la suspensión condicional de la pena, ya que Calloia cumple con los requisitos dispuestos por ley para ello: es primario, se lo condenó a una pena menor a 24 meses de prisión y no cometió delitos mientras se dilucidaba el proceso.

El expediente pasará ahora a la jueza Dolores Sanchez, que es la titular del juzgado, quien va a definir si corresponde o no la suspensión condicional de la pena.

Los funcionarios fueron procesados sin prisión en 2014 por un delito de abuso de funciones debido a las irregularidades en torno a las gestiones realizadas para que el BROU otorgase a la española Cosmo un aval para que pudiera participar en el remate de los aviones de Pluna.

En ese momento, Lorenzo solicitó a su abogado defensor, Amadeo Otatti, que no apelase ese dictamen. Calloia, en cambio, pidió al penalista Gonzalo Fernández que apelase el auto de procesamiento. Un Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución judicial. El caso terminó en la Suprema Corte de Justicia que ratificó el fallo sobre abuso de funciones.

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